“Seremos el primer gobierno ecológico de Chile, en donde cada política de Estado será en respeto con el medio ambiente”, fue una de las promesas hechas por el presidente Gabriel Boric, antes de formalizarse como tal. Hace un año, fue Maisa Rojas quién comenzó a liderar este desafío como ministra del Medio Ambiente, generando así las propuestas para la mitigación de la crisis climática y ecológica en el país que ha afectando a distintas comunidades a lo largo del territorio.
Hace unos meses, en entrevista exclusiva con Codexverde, la autoridad ministerial manifestó el compromiso de su labor en el gobierno ecológico. “Eso significa transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro el cuidado de las personas y del medio ambiente; es decir, que lo ecológico se vuelva una brújula para cuando se tomen las decisiones sobre el futuro del país”, puntualizó.
Hasta la fecha, se destacan algunos hitos que desde la ciudadanía se venían exigiendo, como la adhesión al Acuerdo de Escazú a finales de mayo, el anuncio y participación en la creación de corredores marinos en el Océano Pacífico, el cierre de fundición de cobre de Codelco Ventanas, la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático y la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Sin embargo, otras temáticas como la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, más conocido como TPP11) en el Senado y su entrada en vigencia durante febrero de este año, y otras temáticas referidas a la costa ponen en cuestión la promesa del gobierno ecologista. Ante eso, algunas voces han entregado su opinión frente a la gestión de la ministra Rojas y también del Ministerio del Medio Ambiente.
Cambios positivos
El ex ministro del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, destacó que en este periodo, sean los ministerios que se sumen a la agenda ambiental.
«Se destaca un ministro de Transporte en temas de movilidad sustentable, un Ministerio de Energía en temas de hidrógeno verde y electromovilidad, un ministro de Obras Públicas que ha dado espacio para la gestión hídrica, un ministro de Agricultura que ha estado impulsando mitificaciones de metano, un ministro de Economía que ha fomentado un transición más ecológica y un ministro de Hacienda que le interesa la incorporación de externalidades negativas en la economía a través de impactos colectivos verdes, en el contexto de la Reforma Tributaria, eso es un avance en relación a años anteriores, pues se nota que la mitigación climática también avanza en otros sectores, distintos del Ministerio del Medio Ambiente”, puntualizó.
Por su parte, Ezio Costa, director de ONG Fima, reconoció que el Ministerio del Medio Ambiente sea parte de temas relevantes como “mejoras al modelo económico, las eventuales nuevas industrias como el Hidrógeno Verde y la resolución de urgencias como los problemas hídricos de Chile”. En este sentido, relevó que desde el derecho ambiental resalten la adhesión al Acuerdo de Escazú y que se haya aprobado la Ley Marco de Cambio Climático.
En tanto, Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa, coincidió en la diferencia importante en relación a gobiernos anteriores y el sello verde que el actual tiene, sin embargo, señaló que “hay mucho por avanzar en relación con las grandes demandas ciudadanas y las necesidades de regulación en la zona costera, por ejemplo, en materia de gestión de recursos hídricos y crisis energética”.
Otra de las temáticas que el Presidente Boric declaró en su cuenta pública de junio del 2022, fue la protección marina a través de la creación de corredores ecológicos en el Océano Pacífico. Para la organización Oceana Chile, esto se condice con la creación de la primera área protegida de múltiples usos en el norte grande “Mar de Pisagua”. “Fue un paso crucial para comenzar a saldar la deuda que el país tiene en cuanto a la protección de las zonas costeras. Pisagua es uno de los ecosistemas más ricos de la corriente de Humboldt, caracterizado por una gran abundancia de especies, muchas de las cuales son de importancia para la pesca artesanal”, explicó su directora Liesbeth van der Meer.
“Adicionalmente, creemos que el papel del ministerio en la implementación progresiva de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en locales de comida es clave. Esta normativa, que surgió desde la sociedad civil, se hace cargo de los desechos más encontrados en las playas de Chile y el mundo como bombillas, cubiertos, botellas, entre otros, utensilios diseñados para usarlos una sola vez, pero fabricados con un material como el plástico que puede durar por cientos de años en el ambiente”, agregó la representante de Oceana Chile.
Desafíos y materias pendientes
Siguiendo la línea respecto a océanos, playas y áreas costeras, Liesbeth van der Meer comentó que hay una deuda pendiente con zonas que se encuentran amenazadas con proyectos industriales de alto impacto, “entre ellas, el Archipiélago Humboldt, sobre el cual existe evidencia científica que se trata de un lugar único en el mundo y que su existencia es incompatible con proyectos como Dominga y puerto Cruz Grande”.
La directora del Observatorio de la Costa fue más crítica frente a la poca importancia que se le ha dado a la creación de una Ley de Costas para Chile, y que a pesar de que hoy ya se discute en la agenda parlamentaria. “Falta mucho todavía para que la costa sea realmente considerada de interés público, y sus crecientes problemas sean parte de la agenda de gobierno. Nos apena aún ver que, salvo el Ministerio de Bienes Nacionales, ningún ministerio levante la mano para decir que se requiere avanzar hacia cambios normativos profundos”, añadió.
De hecho, la entidad en múltiples ocasiones ha publicado estudios sobre los problemas que se agravan en la costa, donde las playas están desapareciendo debido a la erosión, además se sigue construyendo sobre humedales, campos dunares y playas, así como también han cuestionado que en la costa chilena no exista el dominio público.
“Frente a esto, el Estado no se ha hecho cargo de cuidar la costa y de contar con una política pública que reconozca el dominio público de patrimonio de las y los chilenos, como hacen muchos países costeros con visión de futuro y compromiso con la equidad social y el medio ambiente. Al contrario, aún estamos a merced de una regulación centenaria como es el Código Civil de 1855”, indicó la profesional de la organización.
Por otra parte, desde FIMA, su director señaló que hay varias materias pendientes respecto a solucionar aspectos procesales de la ley 19.300, que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y de la ley 20.600 (que habla sobre los Tribunales Ambientales). “Hay aspectos más complejos como generar herramientas que protejan realmente los ecosistemas, cuestión que podría ser una modificación a la ley 19.300, complementada por la ley de delitos ambientales”, declaró.
Sobre la temática de justicia ambiental, ligada especialmente a las zonas de sacrificio, Marcelo Mena, valoró el cierre de la fundición de cobre Codelco Ventanas, pero fue enfático en decir que es importante que se actualice la norma de material particulado fino y para ello también se deben “iniciar nuevos planes de descontaminación”.
Participación actores ambientales
Respecto a la continuidad del trabajo en las materias mencionadas, el ex ministro señaló que junto al Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso han colaborado “en el apoyo para tener políticas de mitigación de metano, en agricultura, en la futura participación de la conferencia de ministros de Agricultura que habrá en abril en temas de metano. En ese sentido, hay buenas opciones y avances».
Ezio Costa comentó que han mantenido conversaciones sobre modificaciones a la ley 19.300 y que por lo mismo esperan que se concrete como proyecto de ley durante este semestre. “También hemos participado en los procesos formales de consulta pública de los distintos reglamentos y normas que se han tramitado este año, los últimos han sido los Reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático. Aún no tenemos resultados de nada de lo anterior, por lo que no podría saber si nos tomarán en cuenta o no”, sostuvo.
En temáticas ligadas al océano y zonas costeras, Carolina Martínez, manifestó que han participado en los planes de manejo y administración de las áreas marinas costeras protegidas de Caleta Tortel y Juan Fernández. “Creemos que lo más importante es que el gobierno ha continuado el trabajo que han llevado adelante administraciones anteriores, posicionando la protección del océano como una política de Estado más que de un gobierno particular”, concluyó.
Finalmente, desde el Observatorio de la Costa, su directora reiteró que sus esfuerzos se han centrado en vincular el conocimiento científico respecto a la Ley de Costas en la Comisión del Medio Ambiente del Senado y que también seguirán buscando estos espacios de participación en otros organismos públicos y comunidades.
