Una iniciativa que permitirá iniciar un proceso de discusiones para la creación de una Ley de Costas para Chile, fue presentada por los senadores Alfonso De Urresti (PS), las senadoras Paulina Núñez (RN) y Yasna Provoste (DC) y los senadores Ricardo Lagos W. (PPD) y, Juan Ignacio Latorre (RD). La moción parlamentaria, en lo general, modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales de Medio Ambiente, en materia de protección de zonas costeras.
La moción para esta política pública, recoge la evidencia científica realizada por organizaciones como el Observatorio de la Costa junto a importantes centros de investigación se han dedicado a analizar la situación de las costas chilenas amenazadas por el cambio climático y, las comunidades organizadas de la costa chilena.
Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa señala que en estas últimas décadas “el 86% de las playas entre Arica y Chiloé presentan una importante erosión con diversos niveles de retroceso. Por lo tanto, la moción ingresada por senadores releva la importancia que tiene para Chile poder regular sobre nuestra zona costera con las últimas investigaciones científicas respaldando la propuesta”.
Por lo mismo, la moción parlamentaria destaca que la zona costera del país ha estado sometida a una fuerte antropización, caracterizada por intensos procesos sociales y urbanos, lo que ha generado un crecimiento desproporcionado en torno a los ejes costeros. El costo de ello ha sido el relleno de humedales para proyectos inmobiliarios, la ocupación de campos dunares, la extracción de arenas de playas, ríos y dunas para construir, contaminación de cuerpos de agua y suelo, fragmentación del paisaje costero, artificialización del paisaje costero con obras de ingeniería, regresión de actividades tradicionales en pueblos originarios, entre otros.
Erosión en playas
Los estudios cientìficos señalan que esta intervención afecta la dinámica sedimentaria que hace posible la recuperación de las superficies arenosas, resultando en una degradación que podría impedir la existencia misma de muchas playas en el país. Actualmente investigaciones muestran que la erosión se duplica cada dos años en la mayor parte de las playas de Chile.
“Además del deterioro al paisaje natural que esto conlleva, también se generan procesos sociales caracterizados por la inequidad e insostenibilidad, como hemos estado observando con la ocupación irregular, entre ellos tomas y campamentos”, señala el texto. Esta condición crítica, además, disminuye peligrosamente la protección natural ante desastres provocados por terremotos y tsunamis, quedando la población costera mucho más expuesta. Este escenario de nuestro litoral hace urgente contar con una nueva gobernanza costera y una normativa que amplíe la protección de nuestra costa.
Hasta ahora uno de los principales impedimentos para avanzar hacia políticas que permitan mitigar estos impactos, es que nuestra regulación se basa en la llamada “Política Nacional de Uso del Borde Costero”, un reglamento de más de tres décadas. Esta antigua regulación contempla el concepto de “borde costero”, que en la práctica sólo protege una parte poco significativa de la costa (solo hasta la línea de playa de 80 metros), dejando valiosos ecosistemas asociados fuera de toda figura legal de protección.
La nueva normativa, sin embargo, que comenzó su primer trámite constitucional en el Congreso, busca posicionar el concepto de zona costera, asimilando la evidencia científica que se ha generado por la academia y la ciudadanía movilizada, y proponer una regulación del litoral que esté acorde a los nuevos desafíos climáticos, salvaguardando nuestras costas para el uso las y los chilenos, los servicios ecosistémicos que nos proveen y la biodiversidad única que allí habita.
