La discusión, por tanto, no debe centrarse únicamente en cuánto cuesta la transición, sino en cómo se distribuyen sus costos y beneficios. Existe el riesgo de que el financiamiento público socialice las pérdidas iniciales, mientras que las rentabilidades futuras se concentren en actores privados o en mercados externos. Este escenario no es nuevo en economías basadas en recursos naturales y exige un diseño institucional cuidadoso que garantice retornos sociales efectivos.
