Ministra Rojas en exclusiva con Codexverde: los desafíos para implementar el primer gobierno ecológico de Chile

"Tenemos que avanzar en un desarrollo del Siglo 21. El cuidado de la naturaleza no es una traba para el desarrollo, sino que una condición para el desarrollo. Por eso impulsamos una Transición Socioecológica Justa, concepto que significa que Chile tiene que recorrer un camino para transformarse. Pasar de una situación de degradación ambiental, de crisis climática y de destrucción de biodiversidad -con afectación a la población-, hacia un modelo en que le demos un mayor bienestar a las chilenas y chilenos garantizándoles un acceso a un medio ambiente saludable", indicó la titular del Medio Ambiente.

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Créditos: MMA.
Créditos: MMA.

En el último tiempo, en materia ambiental, se han sucedido múltiples eventos de gran relevancia para nuestro país, como, por ejemplo, la promulgación Ley Marco de Cambio Climático, la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cierre definitivo de la Fundición Codelco Ventanas o la propuesta de nueva Constitución, que está por votarse el próximo 4 de septiembre y que establece, en su primer artículo, que Chile será un Estado ecológico, entre otras normas y artículos.

Estos nuevos cambios parecen ir en la línea de un país cada vez más comprometido con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, sin embargo, sus implementaciones requieren no solo de una transformación del sistema económico y legislativo, sino también cultural, por lo que debe entenderse como un proceso gradual que conlleva diferentes repercusiones.

Con el fin de reflexionar sobre la situación actual de estos desafíos, y cómo este nuevo gobierno los enfrentará, Codexverde conversó con la ministra del Ministerio del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

A más de cuatro meses de asumir como ministra, ¿qué ha sido lo más complejo de ejercer este cargo, considerando que usted viene de un mundo ajeno a la política?

Ser ministra ha sido un gran desafío. Me siento emocionada por ser parte de un proceso histórico. El compromiso del Presidente Boric es que este sea el primer gobierno ecológico de Chile y nuestra labor desde el Ministerio del Medio Ambiente es darle contenido a ese compromiso. Eso significa transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro el cuidado de las personas y del medio ambiente; es decir, que lo ecológico se vuelva una brújula para cuando se tomen las decisiones sobre el futuro del país.

Acto de promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático. Créditos: MMA.

Soy científica, toda mi trayectoria estuvo ligada a la academia, pero estoy muy agradecida por el llamado del Presidente. Desde el Ministerio del Medio Ambiente podemos tomar decisiones que tienen un impacto directo en las personas y en el cuidado de nuestros ecosistemas, eso es muy gratificante, aunque también es una responsabilidad inmensa. Estoy comprometida en trabajar para aumentar el bienestar de las personas a través de la protección de la naturaleza. Y cuando pensamos en la naturaleza, no es necesariamente un paisaje alejado, sino, por ejemplo, que el aire de nuestras ciudades sea más limpio para que podamos tener una mejor calidad de vida.

¿Se sintió respaldada por el Presidente y el gabinete, luego del anuncio del cierre de la fundición Codelco Ventanas? Porque más allá de que haya sido una decisión de la empresa estatal, las repercusiones sí o sí iban a caer en su cartera.

La decisión del cierre gradual de la fundición es del directorio de Codelco. Como gobierno la valoramos porque tendrá un impacto positivo en la salud de las vecinas y vecinos de esa zona, como también en el medio ambiente. Recordemos que más del 60% de las emisiones anuales de dióxido de azufre (SO2) en ese sector son emitidas por Codelco Ventanas.

Estamos hablando de un avance histórico, por eso apoyamos la decisión de Codelco. Pero sabemos que no es la solución definitiva. Seguimos trabajando para aumentar las exigencias ambientales. Todas las empresas, públicas y privadas, deben mejorar sus estándares de operación. También nos ocuparemos del aire, agua y suelo. Tal como dije antes, nuestra prioridad como gobierno es poner la vida en el centro.

Sobre este mismo tema, desde la Federación Nacional de Trabajadores del Cobre y la Sonami expresaron que la inversión en fundición Ventanas, para cumplir con las normativas ambientales al incorporar, por ejemplo, mejores tecnologías, tendría menor costo económico y social que su cierre definitivo. ¿Qué opina el MMA respecto a esta alternativa y, otras similares, desde el sector?

Tenemos que apuntar a soluciones viables. Para captar el 99% de los gases habría que construir un horno flash. Estamos hablando de una inversión en torno a US $1.000 millones. Ello equivale a construir una nueva fundición. Es decir, nuevas inversiones no resuelven el problema, considerando la localización de la fundición, cercana a la población y que la tecnología de la existente es obsoleta. Esta decisión contribuye a la reducción de la problemática ambiental que enfrenta la bahía de Concón, Quintero y Puchuncaví. Es un paso relevante a la protección ambiental y de la salud de la población.

Recordemos que la División Ventanas seguirá operando con su refinería. Las emisiones de dióxido de azufre son atribuidas a la fundición, no a la refinería. Esto no significa despotenciar el negocio de fundiciones y refinerías en Codelco, sino hacerse cargo del contexto social del país y de las demandas ambientales de la comunidad. La empresa seguirá invirtiendo en sus fundiciones y refinerías para alcanzar mejores estándares.

Como gobierno actuamos de inmediato para enfrentar la emergencia. Nos comprometimos a aplicar todos los instrumentos que tenemos disponibles para proteger la salud de las personas. Por eso entró en vigencia la alerta sanitaria, solicitamos la actualización de los planes operacionales a todas las empresas del cordón industrial y la Superintendencia del Medio Ambiente ha ordenado medidas provisionales a empresas específicas, utilizando un enfoque preventivo y precautorio.

Trabajaremos junto al territorio. La remediación tardará más de cuatro años, pero nuestro compromiso es sentar bases sólidas para una solución definitiva. Estamos trabajando en la actualización de las normas de emisión para termoeléctricas y fundiciones; la primera norma primaria de calidad de arsénico; contamos con una norma de calidad; norma secundaria para la Bahía de Quintero y Puchuncaví; y llamamos a participación ciudadana para la nueva red pública de monitoreo de calidad del aire para estas comunas.

El conflicto socioambiental originado por fundición Ventanas es uno de muchos que ocurren en Chile, donde pareciera repetirse el patrón, “actividad productiva que brinda oportunidades laborales” v/s “deterioro de calidad de vida y medio ambiente”. En este sentido, ¿de qué forma es posible el desarrollo sostenible de las actividades productivas? ¿El capitalismo verde es posible?

Poner la vida en el centro es la principal preocupación de este gobierno. Algunas comunidades de Chile no pueden seguir pagando los costos de un desarrollo sucio. Nuestro compromiso es que, junto con tomar medidas urgentes para enfrentar los episodios de contaminación, avancemos en una Transición Socioecológica Justa. Estamos trabajando en territorios históricamente vulnerados en ese objetivo, tal como en Quintero-Puchuncaví, Huasco y Coronel. 

Tenemos que avanzar en un desarrollo del siglo 21. El cuidado de la naturaleza no es una traba para el desarrollo, sino que una condición para el desarrollo. Por eso impulsamos una Transición Socioecológica Justa, concepto que significa que Chile tiene que recorrer un camino para transformarse. Pasar de una situación de degradación ambiental, de crisis climática y de destrucción de biodiversidad -con afectación a la población-, hacia un modelo en que le demos un mayor bienestar a las chilenas y chilenos garantizándoles un acceso a un medio ambiente saludable.

Y decimos que debe ser justa, porque los costos no los deben pagar las personas más vulnerables y porque los beneficios que traerá la transición deben ser repartidos de forma equitativa. La reconversión y oportunidades laborales serán claves. Impulsaremos la restauración de los ecosistemas y la cohesión social de las comunidades.

Esta transición no es de un día para otro. Pero nuestro compromiso es iniciar un proceso definitivo de transición ambicioso y coordinado.

¿Cuáles son sus objetivos estructurales en este cargo? ¿Pretende dotar al MMA de más fuerza para el futuro?

El foco de nuestra gestión es lograr que las decisiones se tomen considerando el cuidado de la naturaleza y las personas. Es por eso que hemos acuñado como concepto central de nuestra administración la idea de impulsar una Transición Socioecológica Justa, es decir, producir un cambio social que es necesario para la protección de la naturaleza y las posibilidades de bienestar de esta y las próximas generaciones. Y necesitamos que este cambio se realice de manera justa, donde los costos no los paguen los mismos de siempre -las personas más vulnerables- ni que los beneficios los obtengan los que siempre los tienen.

También tenemos el desafío de implementar la Ley Marco de Cambio Climático, norma que está vigente hace poco más de un mes. Esta normativa permitirá institucionalizar la lucha contra el cambio climático como una política de Estado, independiente de los gobiernos de turno, entregando facultades, responsabilidades y obligaciones a distintos estamentos.

En otra línea de acción, debemos trabajar en la implementación del Acuerdo de Escazú, junto a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Relaciones Exteriores. Escazú es el primer tratado ambiental de la región, y lo consideramos una herramienta poderosa porque garantiza la implementación de los derechos que tienen las y los ciudadanos de acceder a la información ambiental, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Además, Escazú nos da la oportunidad de bajar la conflictividad socio ambiental que existe en el país.

Por otro lado, queremos sacar adelante el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una deuda pendiente de la reforma ambiental del 2010 y que está hace 11 años en el Congreso. Será un servicio público enfocado en la protección de la naturaleza, orientado a resolver la dispersión institucional en las áreas protegidas. Este servicio es clave en nuestra tarea de enfrentar la gran crisis de pérdida de biodiversidad en todo el país y para mejorar el financiamiento del sistema de áreas protegidas. 

Con estas prioridades buscamos avanzar en esta visión ecológica y que quede plasmada en el nuevo modelo que propone este gobierno.

Reconocidos han sido los ataques a activistas socioambientales en Chile, siendo el incendio en la vivienda de la activista ambiental Lorena Donaire, en Valparaíso, el último caso. En este contexto, ¿de qué forma la adhesión del país al Acuerdo de Escazú podrá intervenir en estas situaciones y asegurar la vida y la libre acción por parte de los activistas? ¿Qué otras acciones barajan el ministerio en esta línea?

Lo primero es declarar mi solidaridad con Lorena Donaire. Espero que la investigación entregue respuestas sobre las causas del incendio que afectó su hogar. Recordemos que el Acuerdo de Escazú nos exige tomar un enfoque preventivo y hacernos cargo de la vulnerabilidad de las y los defensores ambientales.

El acuerdo reconoce explícitamente el deber de protección por parte del Estado a las y los defensores ambientales, que lamentablemente, muchas veces arriesgan su vida por esta labor. Para que esto no sea más así, necesitamos avanzar en su protección y Escazú entrega directrices para ello.

Ministra Maisa Rojas en Desierto de Atacama. Créditos: José Miguel Jaque.

¿Qué le han parecido los artículos relacionados con medio ambiente de la propuesta constitucional? ¿Están en la línea con lo que plantea su cartera?

Lo primero que hay que decir es que es importante que toda la ciudadanía pueda votar informadamente en el plebiscito. Tomar la decisión basada en el texto de propuesta de Nueva Constitución es fundamental.

Dicho eso, usted sabe que como autoridades de gobierno estamos comprometidos con la prescindencia. Ahora, si me pregunta como ciudadana y científica, me parece que la propuesta de nueva Constitución es muy del Siglo 21. Reconoce la relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza. Entiende nuestros grandes desafíos, como la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. Uno de los aprendizajes de la pandemia es que debemos restablecer el equilibrio con la naturaleza.

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