¡Ya es un hecho! La Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pasó con éxito su último trámite y quedó ad-portas de convertirse en ley, luego de que el informe de la Comisión Mixta fuera votado y aprobado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados por 131 votos a favor.
Cabe destacar que esta ley llevaba 13 años de tramitación en el Congreso y permitirá concretar la creación de un organismo público para el cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad que se encuentra al interior y exterior de esos territorios. Este servicio posibilitará, además, enfrentar de mejor manera las graves crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático que afectan a Chile y al planeta.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo que “hoy nuestro país dio un paso histórico para la protección de nuestra rica naturaleza. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una poderosa herramienta para hacer frente a la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a Chile y al mundo entero”
La ministra agregó que “como gobierno estamos convencidos de que enfrentar la crisis de pérdida de especies y ecosistemas es un imperativo, y la creación del SBAP es una condición habilitante para aquello, porque dotará al país de un servicio público 100% enfocado en la protección de naturaleza terrestre y marina, que además contará con el financiamiento para gestionar las áreas protegidas», agregó.
El proyecto de Ley para la Naturaleza ingresó al Congreso como un requerimiento para completar la institucionalidad ambiental chilena, conformada actualmente por el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), además de los tribunales ambientales.
Según el Ministerio del Medio Ambiente, el SBAP se levanta sobre cuatro pilares:
- Crea un servicio público robusto que se encarga de la protección de la biodiversidad.
- Enfrenta la dispersión institucional de las áreas protegidas que hasta ahora estaban repartidas en más de cinco servicios públicos, provocando un manejo desarticulado. Así lo concluyó un informe de Contraloría dado a conocer en 2021.
- Dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional -dentro y fuera de áreas protegidas- tales como identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales.
- Fortalece la normativa y otorga un financiamiento robusto y eficiente para la conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%.
Reacciones
“Este es uno de los principales hitos ambientales de los últimos años en Chile y no podía seguir esperando, con este servicio por fin se completará la institucionalidad ambiental en cuanto a la protección de la naturaleza en el país. Ahora el desafío es que el SBAP pueda implementarse en forma rápida y cuente con los recursos financieros y humanos para funcionar adecuadamente”, señala Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.
“Estamos en medio de una triple crisis global: climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación, presiones que como país nos afectan y nos seguirán golpeando con fuerza en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, contar con una institucionalidad ambiental robusta, eficiente y efectiva es una necesidad crítica para el futuro de Chile y su desarrollo sostenible, equitativo y duradero”, agrega Bosshard.
Desde Oceana, su director de Campañas de Pesquerías, César Astete, sostuvo que la aprobación del SBAP es una «legislación que sienta las bases de una institucionalidad ambiental concreta, sobre la cual se puede avanzar más». Esto un avance, para el país. Sin embargo, no podemos desconocer que hay aspectos claves de este proyecto que atentan contra la meta de protección de las áreas protegidas en Chile. La posibilidad de concesiones sectoriales en estas zonas de conservación contradice el mismo espíritu de la ley».
Por su parte, Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, manifestó que se trata de una buena noticia ante la crisis climática y ecológica existente, y así «completar la institucionalidad ambiental era urgente. Si bien no es perfecto, es un tremendo avance para la protección de la naturaleza; contar con datos, planificación ecológica, asegurar la conservación, la recuperación de servicios ecosistémicos, vincular los instrumentos de ordenamiento territorial, entre múltiples objetos más».
No obstante, puntualizó en los desafíos que se deben abordar como que en las áreas de menor protección no se entreguen concesiones sectoriales. «Por último, se debe seguir insistiendo en que la salmonicultura debe salir de las áreas protegidas, es un sin sentido que dicha industria la cuál no es sostenible, se le permita estar en lugares que debemos conservar como prístinos. La biodiversidad de los ecosistemas es nuestra mejor preparación para la adaptación de los efectos de las ambas crisis mencionadas anteriormente», agregó.
