La reciente aprobación de la Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley SBAP) permite que en Chile se sigan otorgando nuevas concesiones en Reservas Nacionales, Áreas de Conservación de Múltiples Usos y Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas, siempre y cuando cumplan con tres requisitos: que el área protegida tenga un plan de manejo, que la actividad sea compatible con el objeto de protección y contar con un informe favorable del Servicio. de Evaluación Ambiental La ausencia de alguno de estos requisitos impide la obtención de una concesión.
Frente a este contexto, desde el Ministerio del Medio Ambiente, promulgaron el oficio N°234053, donde se informa a otros organismos la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones de acuicultura en trámite al interior de áreas protegidas hasta que no cuenten con un plan de manejo, lo que fue celebrado por representantes de comunidades costeras, pero criticado por los gremios del sector salmonicultor.
Los gremios responden
Por otra parte, desde La Tercera consignaron que los principales gremios salmoneros: SalmonChile, Consejo del Salmón y Asociación de Salmonicultores de Magallanes, calificaron el documento como “un balde de agua fría” y un quiebre de confianzas con la autoridad. Esto considerando que en la discusión legislativa se rechazó prohibir las concesiones de salmoneras en áreas protegidas.
Es por esto que las asociaciones están viendo la posibilidad de interponer un recurso de protección contra el oficio del Ministerio de Medio Ambiente, “apelando a la libertad de emprendimiento que garantiza la Constitución, y otros derechos”.
Otra opción que se está evaluando es un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR), ya que uno de los cuestionamientos señala que “el oficio funda su lineamientos en base al principio de la continuidad de la función pública”.
“Hacer cumplir ley SBAP”
Actualmente, las solicitudes de concesiones salmoneras en trámite se concentran en la Reserva Forestal Las Guaitecas y Reserva Nacional Kawésqar, en las regiones de Aysén y Magallanes, respectivamente. Ambas áreas protegidas no cuentan con un plan de manejo, por lo que tampoco es posible definir la compatibilidad de la actividad con el área protegida, pese a que resulta evidente que la salmonicultura, con sus altos niveles de impacto ambiental ampliamente demostrados, no es compatible con la protección de la naturaleza.
Desde Fundación Terram, sostuvieron que “el oficio N°234053 emitido por el Ministerio del Medio Ambiente donde informa a otros organismos la suspensión del otorgamiento de nuevas concesiones de acuicultura en trámite al interior de áreas protegidas, no hizo más que comunicar a las demás reparticiones un aspecto específico de la ley recién publicada que entró en vigencia”.
A lo anterior añaden que para la adecuada aplicación del Ley N°21.600, “nos parece necesario que el Presidente Boric instruya a los demás ministerios con competencias en la materia a hacer cumplir la Ley SBAP, y no otorgar nuevas concesiones actualmente en trámite dentro de áreas protegidas, en particular al Ministerio de Defensa Nacional, del cual depende la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA), organismo responsable del otorgamiento de estas concesiones”.
Ministra Rojas explica polémico oficio
La ministra de la cartera, Maisa Rojas, explicó ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, los avances de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y también sobre el oficio que frenaría las nuevas concesiones acuícolas. “Sabemos que ha causado cierta alarma, lo hemos leído en los diarios y quisiera decirles que no hay ninguna innovación. Simplemente tiene el objeto de dar información”, comentó.
En su presentación sostuvo que hoy existen 426 concesiones al interior de áreas protegidas, de las cuales 13 se encuentran en Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiple Uso (ACMU), 28 en parques nacionales y 385 en reservas. Además, confirmó que las solicitudes de concesiones trámites en áreas de protección deberán esperar hasta que cuenten con planes de manejo aprobados por parte de Conaf.
“Quisiera volver a reiterar y lo he dicho varias veces: el oficio solo tiene el objeto de informar algo que está en la ley. En una redacción de la ley que viene del senado desde el 2017, porque quedaba así. Y porque a nosotros nos quedaba claro que como el hecho de que hay algunas áreas protegidas que no tienen planes de manejo, esto iba a dejar un poco en el limbo algunas actividades», expresó.
«Recordemos que estas son concesiones sectoriales de minería y también de acuicultura, es que nosotros presentamos en la discusión de la comisión mixta este transitorio que daba muchas más certeza, porque decía explícitamente: ¿Usted está tramitando algo? Eso se seguirá tramitando. Pasaba por sobre estas condiciones de contar con un plan de manejo. Eso fue largamente discutido, lo conversamos con todos los sectores y quisiera solamente reiterar que en la discusión en la mixta nuestra propuesta nos parecía que daba mucha más certeza a la situación de hoy”, agregó.
Comunidades valoran la iniciativa
Por años, diversas comunidades costeras en el sur del país solicitaron a los órganos públicos que regulen el descontrol de las concesiones acuícolas, en especial ante los impactos que la industria salmonera ha generado en zonas de los mares de la Patagonia y que son de conocimiento público, por sus consecuencias en la biodiversidad y a las economías locales.
“Después de todo lo acontecido en la parte final de la tramitación del SBAP, en que vimos una pésima actitud de la industria salmonera , podemos decir hoy que hemos logrado un paso hacia el camino correcto, fruto del esfuerzo de muchas personas y organizaciones de la región de los lagos, del archipiélago de Chiloé, de Aysen y de Magallanes”, señaló Juan Carlos Viveros, vocero de Defendamos Chiloé.
Por su parte, Leticia Caro, de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, también se refirió a este oficio gubernamental: “Nos parece que es una buena medida, mientras que el lobby empresarial no influya en el decreto con fuerza de ley, mientras tanto además está sin ninguna acción por parte de los servicios públicos de gobierno la situación de las caducidades, creemos que hay que hacer cumplir la ley en este caso, de igual manera nos mantenemos atentas, con respecto al avance en la aprobación de concesiones, pues ya tenemos experiencia en cuanto a cómo el empresariado se pasa por cualquier lado los dictámenes legales, eso con ayuda de los órganos del Estado que aun cuando no ha habido concesiones otorgadas, de plano solicitan la aprobación de sus RCA”.
Asimismo, el dirigente Daniel Caniullán, quien es buzo-mariscador de las Guaitecas, lonko de la comunidad Pu Wapi y miembro del Comité Bentónico de la región, señala: “Para nosotros es fundamental esta medida que tomó el gobierno de no entregar más concesiones en áreas protegidas, porque en la práctica, si el área se determinó como protegida, eso tiene que cumplirse en lo real, pero hasta el momento, era un papel no más, una ley que aparentaba ser bonita, pero que en la práctica no se estaba cumpliendo. No sé qué justifica áreas protegidas que estén hoy día plagadas de salmoneras».
