La escasez hídrica es una realidad. Somos espectadores en primera persona de cómo se desertifican los suelos, disminuyen las precipitaciones y decrecen los caudales de los ríos y de las cuencas hidrográficas. Sus efectos los comenzamos a evidenciar años atrás y hoy se torna aún más evidente la necesidad de trabajar y legislar para una gestión integrada de los recursos hídricos.
Varios organismos internacionales han precisado el concepto de “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos” (GIRH). La Asociación Mundial de la Salud (2000) la definió como “un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. Esta definición deja entrever la implicancia directa que tiene el acceso al agua en la calidad de vida de las personas, en donde su mala gestión o tendenciosa distribución afecta a los mismos de siempre; a los hombres y las mujeres más pobres. Para este análisis la definición de pobreza en torno a cifras monetarias es insuficiente y debe considerarse el concepto de “pobreza multidimensional”. Esta visión supone que la pobreza posee múltiples aristas; identifica varias carencias que van desde el acceso a salud, educación y cultura hasta la posibilidad de opinar e incidir en espacios de toma de decisiones, discriminaciones por género e incorpora evidentemente las posibilidades del acceso al agua.
Ante esta situación cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué y en qué medida la escasez hídrica y su relación con la pobreza es un problema de género? No es ninguna novedad que las mujeres son más pobres que los hombres y, por lo tanto, más vulnerables y con menos herramientas para poder resistir las crisis socio-económicas y ambientales. Es importante evidenciar que las crisis ambientales no se producen por una acción aleatoria de los fenómenos climáticos, sino más bien son el resultado de decisiones políticas y administrativas que mucho tienen que ver con las costumbres sociales y culturales de las naciones y de los territorios. Es por esto, que las crisis se presentan mayormente en aquellos lugares donde se manifiestan las deficiencias del sistema económico actual (específicamente repercute en las mujeres de las zonas urbanas o rurales de mayor vulnerabilidad social). De esta forma, la escasez hídrica refleja las consecuencias de las políticas públicas que buscan consolidar y mantener el status quo de los derechos del sujeto universal (hombre, blanco y heterosexual). En la medida en que la lógica sea la de la acumulación, explotación, consumo y competencia, entonces el resultado será – más temprano que tarde- una gran crisis socio-ambiental.
Ahora bien, respecto a la vinculación entre problemáticas de género y crisis ambientales es importante recordar que en materia de recursos hídricos las mujeres no son dueñas de la tierra y menos aún de los derechos de aprovechamiento de las aguas. Tampoco cuentan con las mismas oportunidades o facilidades para participar de los espacios de toma de decisiones o de instancias de capacitaciones, consecuentemente es de esperar que se registren pocas mujeres en las organizaciones de usuarios de aguas, organismos encargados de administrar tanto las fuentes de aguas como las obras para su captación. Tanto en el mundo rural como en el urbano la división sexual del trabajo implica que las labores domésticas relacionadas con la salud y la higiene les corresponden a las mujeres y por lo tanto son ellas las principales administradoras del recurso. Sin embargo, en la práctica la propiedad y la decisión sobre los usos del agua no cuentan ni con su presencia ni con su opinión.
Ahora bien, para solucionar este tema se vislumbran dos posibles alternativas, una más radical que la otra. La primera correspondería a cumplir con los consejos planteados por la “Ecología Política”, con el objetivo de crear una sociedad post-productivistas que implique el quiebre del paradigma actual para dar pie a una sociedad basada en los Derechos Humanos, distribución igualitaria de la riqueza, participación vinculante y la satisfacción de las necesidades dentro de los límites del planeta. La otra opción corresponde a una vía institucional que busque generar políticas públicas con perspectiva de género para eventualmente lograr instaurar una sociedad sustentable que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. La ejecución de una o de la otra dependerá de varias condiciones, sin embargo una opción realista -considerando el contexto político chileno-, es incorporar estas demandas en el proceso constituyente y abogar por que estas ideas queden plasmadas en la futura Carta Fundamental.
