Por Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia, y Joaquín Ortiz, abogado e integrante de Fundación Ecosur.
Este 22 de marzo vivimos un nuevo Día Mundial del Agua y lamentablemente no tenemos nada que celebrar. La situación se agrava en todo el mundo y, si bien puede haber iniciativas positivas, la realidad es que la escasez y sequía se profundizan a una velocidad dramática.
Sabemos que el cambio climático ha hecho de las suyas. Está claro que esta alteración que hemos creado tendrá nefastas consecuencias para la humanidad y los ecosistemas, debido al poco chance que tiene de ser revertido o limitarlo, pero en vez de reaccionar ante la gravedad que estamos viendo, últimamente se abusa de este discurso por parte de algunos representantes políticos y sobre todo del mundo empresarial, quienes hacen ver que el cambio climático es el responsable de dicha escasez, como algo natural, como si no se pudiese hacer más, sin reconocer que en el fondo tanto este fenómeno y la misma escasez hídrica tienen que ver con el modelo de desarrollo imperante.
Las actividades agroexportadoras, forestal, minera y de generación de energía, utilizan agua y a escalas no menores y la realidad es que aumentan con el paso del tiempo la frontera de extracción. Dicho escenario está profundizando la grave situación de la cual somos testigos avanzando a pasos agigantados al racionamiento del agua, no solo en comunas rurales como Quemchi, Monte Patria o Nogales, sino que ahora toca la puerta de las grandes ciudades.
Actualmente, hay 188 comunas con decretos de escasez hídrica, repartidas desde Atacama a Aysén, lo que arroja que una población de más de 8 millones de personas, que de algún modo se ven afectadas. De seguir con el modelo en cuestión y con medidas que solo entregan soluciones en el corto plazo como los ya conocidos camiones aljibe, la triste realidad es que, al parecer, se seguirá profundizando.
Hoy existen medidas que pueden llevarnos a una mejor situación hídrica, como la limitación de la escala de los proyectos de inversión, más fiscalización, el evitar el reemplazo de uso de suelos con especies exóticas, la agroecología, la restauración de ecosistemas, la protección de las cabeceras de cuenca, glaciares, reutilización de aguas grises, humedales, y aguas subterráneas, pero todas las medidas mencionadas, hasta ahora han sido vistas como una limitante y denostadas por querer evitar el desarrollo e ir en contra del “progreso”.
Ahora bien, no debemos conformarnos exigiendo soluciones unicámente al gobierno central, pues los gobiernos locales juegan un rol clave en los territorios y en muchas ocasiones aportan de manera más rápida y eficaz, pues están en la primera línea ante la sequía y escasez. De este modo, durante los últimos tres años, varios han elaborado ordenanzas municipales que les permitan adaptarse a la nueva realidad, conscientes del cambio cultural que la escasez hídrica y sequía le exigen a la sociedad en su relación con el agua y la naturaleza.
En este sentido, principalmente se ha avanzados desde dos aristas: eficiencia hídrica y protección de ecosistemas acuáticos. Respecto a las primeras, comunas de la Región Metropolitana como Lo Barnechea y Providencia están a la vanguardia y enhorabuena, pues de acuerdo con estadísticas de la SIIS 2021, es donde existe mayor consumo de agua por cliente residencial. En cuanto a las segundas, destacamos la ordenanza de la Municipalidad de Quillón de diciembre de 2020, cuyo fin no es otro que prevenir, tratar o remediar efectos ambientales nocivos para el ecosistema de la Laguna Avendaño, y eventualmente para la salud de personas y animales.
En esta línea, es fundamental que el Congreso Nacional asuma su responsabilidad y contribuya en la tramitación expedita de los proyectos de ley que hay en la materia y presentan soluciones de política pública para el mediano y largo plazo. Por ello, avanzar en los proyectos de Ley de Glaciares (Boletín 11876-12), el que modifica el Código Penal sobre delitos que afecten las aguas (Boletín 14045-07), protección de turberas (Boletín 12.017-12), desalinización (Boletín 11608-09), eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático (Boletín 13179-09), son solo algunos de los presentes en la discusión legislativa actual y que deberá resolver el nuevo Congreso.
Si empezáramos a proteger y establecer una mirada distinta, podríamos tener una oportunidad, debido a que nos encontramos en un punto de inflexión para empezar a cimentar una transición socioecológica. Aquello significa que no se pueden seguir aplicando medidas de restricción sin hacer una verdadera transformación de lo que conocemos. Tenemos claro que las medidas que se debieran tomar, no se pueden aplicar de una día para otro, pero urge que empecemos a aplicar elementos que nos permitan adaptarnos del mejor modo a la nueva realidad. Para ello, se requiere dejar medidas gatopardistas y comenzar a hacernos cargo del fondo de la situación y ese es el de un futuro sin agua, si no reaccionamos ante la realidad.
