Una megasequía sin precedentes
De acuerdo con análisis realizados por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), el cambio climático modificará aún más el régimen de precipitaciones en la zona central de Chile, a una condición más seca, aunque no libre de peligros eventuales de lluvias intensas esporádicas. El alcance de la disminución de lluvias y nieve proyectada para el resto de este siglo evidencia un rango amplio, donde se presenta un escenario en el cual el clima medio sea similar a la actual megasequía, elemento que depende directamente de los gases de efecto invernadero, los cuales aceleran el cambio climático.
Al respecto, el investigador del CR2, el Doctor Duncan Christie, sostiene que se ha observado una disminución de precipitaciones en los últimos 100 años, pero con un claro peak desde inicios de este siglo. “En los últimos 10 a 14 años, ocurre lo que conocemos como megasequía. Ahora, a raíz de todos los trabajos e investigaciones para entenderla y conocer sus orígenes, finalmente llegamos al resultado de dos tipos de forzantes: uno de origen natural, y uno de origen humano, que corresponde a la emisión de gases invernadero. Aunque no tuviésemos emisiones de gases invernadero estaríamos pasando por un periodo de sequía, pero, no tan severo ni tan extendido como el actual”.
Dentro de las causantes de la megasequía, se suma Southern Blob, elemento descubierto por investigadores del CR2, que se denomina también como la mancha del sur.
“Esta mancha de calentamiento oceánica que hay en Nueva Zelanda, instiga a que nuestro famoso anticiclón del Pacífico se vea fortalecido, y no pasen las lluvias por el Chile central. Puede ser que, dentro de la próxima década, la parte que tiene que ver con su variabilidad natural tienda a volver a condiciones más frías, pero no van a ser tan frías como lo hubiese sido hace 50 o 80 años porque tenemos este calentamiento que está jugando un rol muy importante en calentar esta parte del océano”, afirma Duncan Christie.
El experto agrega que “esta megasequía se evidencia en las zonas densamente pobladas, donde la precipitación no es tan abundante por su propia naturaleza, como lo es la cuarta, la quinta, y la propia Región Metropolitana. Estas disminuciones de precipitaciones y del manto de nieve han llegado a ser de un 60, incluso en Valparaíso, cercano al 80%”.
Esta nueva realidad ha tenido un efecto directo en los caudales de los ríos y en las aguas que estos disponen, generando que, entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso, tengan un déficit de hasta un 70%. Si bien la zona central se ha caracterizado históricamente por poseer un clima mediterráneo y semiárido, con alternancia de años secos y otro lluviosos, a partir del 2010 esta tendencia se detuvo, obteniendo un promedio de 25 a 30% de déficit de precipitaciones en la zona central.
“Para abordar el problema de la escasez hídrica resulta fundamental no solo discutir cómo se debe distribuir el agua disponible, sino también cómo acrecentar el volumen de agua disponible”, se señala desde un documento de la CEP, respecto a la situación límite en la que se encuentra el país, el cual asegura que Chile en el 2040 estará entre los 30 países con mayor estrés hídrico del planeta. Este escenario actual de megasequía no se había experimentado en esta zona de Chile en más de un mileno, y en este contexto, especialistas de diversos rubros apuntan a tres soluciones urgentes para mitigar la escasez hídrica proporcionado por el extremo escenario climático.
Mejor distribución del agua
De acuerdo con el archivo Escasez hídrica en Chile y las proyecciones del recurso, expuesto en abril del presente año, se espera que la escasez hídrica aumente aún más y de manera generalizada entre el 2030 y el 2060. En efecto, indicios claros de que este fenómeno ya está empezando a ocurrir, se puede visualizar en la incidencia del uso de decretos de escasez hídrica por regiones del país entre 2008-2020: 36% Valparaíso, 26% Metropolitana, 18% Coquimbo, 10% Maule. Tres de las cuatro regiones más afectadas por la escasez hídrica en Chile pertenecen a la zona central.
En este sentido, de acuerdo con el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, el 72% de los recursos hídricos extraídos de diversas fuentes de agua en Chile, están destinados solamente a la agricultura, siendo así un consumo más alto que el promedio mundial (70%). El resto de los usos del agua en Chile lo completan: domiciliario (11%); sector industrial (7%); y el eléctrico consuntivo que en conjunto con la minería (4%) integran el top cinco de demanda consuntiva, según el tipo de usuario en el país.
Por todo lo anterior, es que diversos expertos plantean una mejor distribución del agua en Chile, elemento que buscan ver reflejado en un nuevo Código de Aguas.
La reforma al Código de Aguas fue ingresada a trámite en el Congreso en 2011, para finalmente ser despachada por el Senado, 11 años después, el 2 de agosto del 2021. Si bien el Senado destaca esta medida- junto a parte del mundo político y social- por, en teoría, reforzar el carácter de uso público del agua, en la reforma aún existe una protección del uso, explotación y concentración privada de este recurso hídrico. Este factor provoca cierto rechazo hacia esta modificación debido a su insuficiencia, y además por perpetuar la desigual repartición de este bien, según asegura el director alterno del Centro de Acción Climática PUCV, Ariel Muñoz. “En nuestro marco regulatorio, el Código de Aguas, de la manera en la que se defiende, está como un bien de mercado actualmente y es lo que nos tiene con escasez hídrica en muchos territorios de Chile, como Petorca. Del agua que nos falta, al menos la mitad proviene de la mala distribución”.
El agua en una nueva Constitución
El escenario anterior está muy involucrado con lo que se busca proponer en una nueva Constitución, elemento que ha generado controversia, y, a la misma vez, esperanza. El profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, Ariel Muñoz, desataca que “en el marco del proceso constituyente, el agua está como uno de los aspectos más controversiales, pero también hay bastante consenso de lo que debe cambiar. Parece ser que la evidencia ya es abrumadora y que el camino se erró, y que se debe enmendar en base a la mejor información disponible que hoy tenemos”.
“Existe una gran escasez hídrica para variados usos, y eso se nota mucho porque nuestra legislación no favorece necesariamente el consumo humano, sobre todo, en territorios rurales, entonces hay mucha escasez de agua para el suministro de las comunidades rurales porque hay otros usos que son priorizados”, asevera el especialista en ciencias ambientales, quien añade que el agua debiese dejar de ser vista como un bien de mercado, y pasar a ser un derecho para chilenos y chilenas.
“Muchos de los problemas de escasez hídrica pueden resolverse con distintas políticas de manejo de agua. Ahora, ¿qué va a pasar en cinco años más si sigue esta sequía?, es que cada vez que se agrave más esta escasez hídrica, para distintos usos, no solo para los territorios rurales, existe el riesgo de racionamiento hídrico en regiones como la Metropolitana y Valparaíso”.
Comunidades más afectadas
Tal como señaló el director alterno del Centro de Acción Climática, las comunidades más afectadas hasta la fecha en Chile, debido a la escasez hídrica, son aquellas que viven en la zona rural. Al respecto, Antonia Rivera, directora de proyecto en Fundación Amulén– también conocida como la fundación del agua- señala que las cifras son alarmantes en especial en aquellas localidades alejadas de las grandes urbes. “Casi un 30% del país está en emergencia por falta de agua y si nos detenemos en el medio rural, la situación se complejiza aún más considerando que el 47,3% de la población rural, no tiene abastecimiento normal de agua potable, y de esta población, el 87% consume aguas superficiales y subterráneas, que se ven afectadas por la escasez hídrica”.
“Los más afectados son los más de 1 millón de personas que viven en zonas rurales y que aún no tienen un abastecimiento formal de agua potable, pues deben recurrir día a día a fuentes como pozos, ríos, vertientes -cada vez más secos- o camión aljibe”, detalla la ingeniera ambiental.
Soluciones basadas en la naturaleza
Dentro de las opciones que aún tiene Chile para mitigar la escasez hídrica causada en gran parte por la megasequía, se contempla la de buscar salidas naturales, o, en otras palabras, métodos en los cuales la conservación del medio ambiente, y de ciertos ecosistemas en particular, pueden ser claves para aminorar esta crisis.
Ley de Glaciares
Dentro de estos ecosistemas para combatir la crisis hídrica hay uno que destaca en particular en el país: Los glaciares. Estos nunca han estado protegidos – en términos ambientales-, bajo decreto de ley en toda la historia de Chile. Sin embargo, hay una propuesta de ley en marcha y que lleva mucho tiempo sin resolverse, la denominada “Ley de Glaciares”. Esta tuvo su inicio en 2001, luego de que el proyecto Pascua Lama, perteneciente a la minera canadiense Barrick Gold Corporation, buscaba explotar yacimientos de oro, plata y cobre, desplazando y deteriorando glaciares en la Región de Atacama. A raíz de este suceso, en 2005, la exPresidenta Michelle Bachelet, dentro de sus propuestas incluyó una relacionada con la protección de los glaciares. En 2006, el senador Antonio Horvath junto a otros parlamentarios, presentaron el proyecto de ley, el cual contó con el apoyo de la Cámara Alta, pero no con el del Ejecutivo. Para el 2014, la exPresidenta Michelle Bachelet, en su segundo periodo, afirmó que iba a presentar un proyecto de ley para proteger los glaciares, elemento que llevó a cabo, pero que luego se trabó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ya entrando en el último periodo, el 2018 el Ejecutivo decidió retirar el trámite legislativo y detuvo su patrocinio, señalando que los glaciares deben ser resguardados desde el Sistema de Registro Nacional de Áreas Protegidas.
Sin embargo, finalmente para el 2019 la Comisión del Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado aprobó unánimemente presentar un nuevo proyecto de Ley de Protección de Glaciares, cuya autoría corresponde a Guido Girardi, Isabel Allende y Ximena Órdenes. Lo más actual que se conoce respecto a este proyecto, es de junio del 2021, en donde tras un muy largo proceso, la protección de glaciares pasó a Comisión de Medio Ambiente nuevamente, tras la aprobación y revisión del proyecto por parte de la Comisión de Minería y Energía, no exento de críticas debido a no contemplar el entorno de los glaciares en dicha iniciativa. Luego de esta revisión, pasará a la Comisión de Hacienda, y de recibir el apoyo en todas estas instancias, será votada en sala senatorial.
Es en este contexto, el especialista del Centro de Estudios de Acción Climática enfatiza la importancia de una Ley de Glaciares de manera urgente, aún más en este contexto de megasequía. “Chile es un país muy beneficiado al tener mucha agua dulce en los glaciares. Una gran cantidad de glaciares de Sudamérica se ubican en Chile, muy pocos países en el mundo tienen tantos glaciares como tiene el nuestro. Sin embargo, tenemos una política muy antigua, que desprotegen los glaciares frente a proyectos y actividades productivas. Hay que tener en cuenta que los glaciares juegan un rol importantísimo en amortiguar las sequías en épocas en las que no llueve, y este aporte en años secos puede ser extremadamente alto. En Chile central el rol de los glaciares es importante, y protegerlos es fundamental para la seguridad hídrica”.
Protección de bosques
Sumado a este camino, que busca proteger un ecosistema tan amplio como lo son los glaciares en Chile, se añade el de la protección misma de bosques y áreas verdes esenciales. “Es fundamental restaurar el bosque, el paisaje y la vegetación nativa que están alrededor de los cursos de agua, protegiendo las caleteras y humedales. Comprender las zonas de recarga y proteger estas zonas de recargas acuíferas”, señala Ariel Muñoz.
Como un ejemplo de lo anterior, está el de río Cauquenes, el cual, según un estudio llevado a cabo por el CR2 en abril de este año, hubo una baja general de la disponibilidad del agua cuando se sustituyó la vegetación nativa remanente por otras plantaciones forestales exóticas, elemento que empeora si suma la variable actual del cambio climático. Lo anterior sucede a raíz de que las plantaciones generan más evapotranspiración real (cantidad de agua del suelo que vuelve a la atmósfera) y una menor percolación (cuando un fluido pasa lentamente a través de los poros de un material) para mantener su activo crecimiento.
De esta forma, el especialista de la PUCV se centra en los caminos, que, a su juicio, son los que ayudarán al país a hacer frente a la megasequía: “La restauración del paisaje y, especialmente, de las coberturas vegetales nativas, la conservación de los ecosistemas glaciares y periglaciares, y, por supuesto, un ordenamiento territorial que pueda poner límite a determinados usos y organizar los territorios de acuerdo con sus capacidades de recarga de agua. Si bien la desalación puede ser una buena estrategia para algunas zonas, esto no podría hacerse sin desconocer estas dos medidas principales”.
Iniciativas privadas
Desalación
En Chile actualmente existen 24 plantas desaladoras operativas, y al menos 22 más en construcción, la mayor parte ligada a inversiones privadas y mineras, radicadas en el norte del país. Conocida es la planta desaladora principal de Antofagasta, la cual es la más grande desaladora de agua potable de América Latina. No obstante, en la actualidad, tan solo el 1% de la demanda de agua potable en el país proviene de esa tecnología. En este contexto cabe preguntarnos, ¿es la desalación una alternativa para la zona central y para en un futuro abastecer a una mayor parte del país, sobre todo, en periodos de megasequía como el que estamos viviendo?
De acuerdo con analistas, lo que sucede en otros países a gran escala, puede replicarse en Chile en caso de facilitar el trámite legal para instalar desaladoras, y de existir mayor soporte estatal, no solo monetario, sino también legislativo. En Israel el 80% del agua que se genera es desalada, en Arabia Saudita de los litros de aguas que se consumen, cuatro de cada cinco provienen de plantas desaladoras. El ejemplo más rotundo es el de Dubái, en donde el 98% del agua producida es desalada.
Al respecto, Ivo Radic, director de una empresa que trabaja con plantas desalinizadoras de agua salobre, Vigaflow, y representante de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (Aladyr), señala la urgencia que tiene Chile de cara a esta tecnología, tanto actualmente como a futuro.
“Se hace urgente tener un modelo de abastecimiento por cuenca, que utilice de manera balanceada las fuentes de agua, desde las naturales, pasando por el reúso de efluentes tratados, hasta la desalación de agua de mar. Si la demanda es muy alta, lo que se estima que crezca a nivel mundial en un 50% de aquí al 2050, entonces no solo será urgente desalar, sino que será obligatorio”, señaló Radic, añadiendo que con esta tecnología se evita el daño de agotar fuentes naturales de agua.
Pese a ello, el experto afirma que existen muchos sesgos por parte del Estado y la población en general, respecto a la tecnología y a las plantas desaladoras en sí. En este sentido, hace hincapié en que esta “mala fama” se debe a información errada, en donde confunden las tecnologías antiguas, con las actuales, como por ejemplo la creencia de que ocupan mucha energía, generando contaminación; que se devuelve el agua al mar más caliente; o que la salmuera es un producto altamente concentrado afectando a la flora y fauna marina en donde se vierta. “El agua no se evapora, sino que se separa con membranas (eso significa unas 10 a 15 veces menos energía). El agua no se calienta (eso probablemente viene de los circuitos de enfriamiento de las centrales térmicas) y la salmuera es máximo 7% de salinidad, contra 3,5% de salinidad normal del mar en el centro de Chile, lo cual se puede manejar con los correctos mecanismos de dilución y devolución”.
Teniendo todo lo anterior presente, se puede estimar que esta tecnología es una alternativa más que propicia, sobre todo, en sectores costeros, pero ¿qué frena a estos proyectos a avanzar a gran escala, y poder ser una fuente más presente en la zona central que se encuentra en una megasequía histórica? El representante de Aladyr no tiene reparos en apuntar a la burocracia. “Además de los costos de operación y la eficiencia de las plantas, se debe trabajar en reducir los costos relativos al desarrollo y ejecución de los proyectos, como la burocracia de los permisos y la necesidad de regulaciones que disminuyan la incertidumbre. Si todo eso se hace bien y se agiliza, baja el monto de la inversión y, por ende, disminuye la tarifa de agua para recuperar la inversión”, sostiene el ingeniero comercial.
Por último, Ivo Radic señala que se deben tener políticas públicas para incentivar estas nuevas fuentes de agua, lo cual implica que el Estado las promueva, facilite y financie o co-financie, junto a leyes o regulaciones que “aclaren el camino a seguir” para que se pueda invertir en estos proyectos. “La principal problemática en la actualidad es que el Estado generalmente desarrolla políticas públicas de urgencia y no de largo plazo, entonces lo más común es que se incentive y financien más pozos, embalses y agua en camiones”. Sin embargo, aclara que, en la actualidad, las ciudades de la zona central que se debiesen abastecer primero con agua de mar son aquellas situadas en la costa, debido al alto precio que significaría el transporte en grandes distancias, recomendando para ciudades del valle central, usar el agua de fuentes continentales.
Asegurar el suministro de agua potable en la zona central
De cara a mitigar la carencia del suministro del recurso hídrico en esta zona del país, diversas empresas de servicios sanitarios han realizado esfuerzos para invertir cuantiosas sumas de dinero. Es el caso de Aguas Andinas, que invirtió cerca de $70 mil millones en tan solo el primer semestre de este 2021, cifra que superan con creces a las inversiones que esta misma empresa ejecutó, por ejemplo, en 2014, periodo en el cual desembolsó $89 millones en todo el año.
En este contexto, Cristián Schwerter, director de planificación, ingeniería y construcción de Aguas Andinas, destaca las nuevas inversiones que desde la empresa planean.
“Tenemos visualizadas otras oportunidades de inversión por US$ 500 millones que nos permitirán contar con mayor autonomía, como el proyecto de Los Pozos de Lo Mena, y la conducción El Manzano – Toma Independiente. Este último proyecto ya ha sido validado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), luego de evaluar y analizar distintas alternativas presentadas por Aguas Andinas, el cual permitirá que Santiago cuente con 48 horas de autonomía en casos de extrema turbiedad en el río Maipo”
Al respecto, Jessica López, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), señala que en lo inmediato están trabajando en varias obras en el país, y en especial en la zona central. “En dos cuencas muy afectadas, Aconcagua y Maipo, todos los actores han logrado acuerdos para que se incremente el agua destinada a las personas por sobre otros usos productivos, junto con inversiones, como interconexiones y obras de seguridad. En particular, agradecemos a los agricultores, que han actuado priorizando el consumo humano en situaciones de emergencia”. Además, en este contexto de escasez, afirma que las empresas sanitarias agrupadas en Andess A.G han podido seguir abasteciendo de agua potable a las comunidades, gracias a diversas inversiones a escala nacional.
“Hoy día en la cuenca de Santiago el 100% de las aguas residuales de los clientes de nuestras empresas son tratadas y quedan disponibles para otros usos, como el riego. Si bien el tema de las aguas grises es importante, creemos que es más adecuado avanzar en el tratamiento de las aguas residuales de las localidades rurales, donde la cobertura es muy baja y podría tener disponibilidad inmediata para el riego de pequeña escala. Esto beneficiaría a nivel nacional a más de 1 millón de personas”, enfatiza Jessica López.
Sin embargo, la presidenta de Andess también destaca la importancia del uso de aguas depuradas en la Región Metropolitana- que ya se usa para el riego de áreas verdes, uso agrícola e industria no alimentaria-, debido a su bajo costo en contraste, por ejemplo, con la desalación. “En cuanto a la probabilidad de desalación para la RM, es más razonable optimizar los recursos existentes en la cuenca por el alto costo, no solo de desalar el agua, sino de elevarla hasta la ciudad. Una conducción desde la costa a Santiago y elevar el agua aproximadamente 700 metros, es una obra de gran complejidad y el gasto operacional, incluyendo el de energía es de gran magnitud”.
Con miras hacia el futuro, Jessica López ve con buenos ojos que las aguas tratadas pasen a cuencas subterráneas para un posterior consumo humano. “Tienen un rol ambiental en las respectivas cuencas. Cuando se disponen perfectamente depuradas en un río como el Maipo, también son una contribución al enriquecimiento de las napas subterráneas. Es una materia que hay que estudiar, y hay voluntad de avanzar”.
Lo anterior, ya se realiza en California, en donde, su proceso se basa en que a través del agua que se usa en hogares, restaurantes, entro otros, se trata de tres formas: microfiltración, osmosis inversa y desinfección de oxidación avanzada de rayos ultravioletas. Posteriormente, el agua es bombeada a 36 pozos profundos y se destina a tres lagos artificiales, terminando en las cuencas subterráneas y mezclándose con el agua natural de la cuenca, para el posterior consumo humano.
En esta misma línea, el director en planificación, ingeniería y construcción de Aguas Andinas señala que “estamos desarrollando la ingeniería y estudios de una alternativa de mediano y largo plazo para enfrentar la escasez hídrica: el reúso de aguas depuradas. La que consideramos una opción real, sustentable y concreta que ya se implementa en Europa, California o Singapur. El reúso de aguas depuradas en nuestras biofactorías en una solución concreta y sustentable para la Región Metropolitana, por lo que trabajamos de manera firme en un proyecto que permita dar una doble vida al agua, como, por ejemplo: para el riego agrícola, o de grandes áreas verdes y también su uso en industria no alimentaria”.
En tanto, desde Fundación Amulén, Antonia Rivera indica que poseen diversos proyectos a lo largo de Chile y en la zona central, en donde apoyan a las comunidades rurales con nuevas tecnologías en torno a la eficiencia y captación de agua de aire, agua de lluvia, pozos salobres y aguas altamente mineralizadas. Por ejemplo, uno de los proyectos que están llevando adelante, se ubica en Empedrado, Región del Maule, en donde a partir de un Proyecto del Fondo Innova Agua, implementan un sistema de colección y potabilización de agua lluvia en 17 hogares de la comunidad Linda Vista. Otro caso, lo desarrollan en San Pedro de Melipilla, en dónde ayudan a 638 estudiantes, con 200 litros de agua al día a través del método del agua de aire, proyecto cuyo costo alcanza los $90 millones.
En síntesis, la megasequía y la escasez hídrica han golpeado muy fuerte a la zona central de Chile, y se prevé que esta situación se prolongue en el tiempo, teniendo por posibilidad tanto, que la escasez empeore entre 2030 y 2060 en la zona central, y, que esta condición climática sea la nueva normalidad para este territorio del país.
De acuerdo con lo evidenciado por los diferentes especialistas, se hace urgente: una mejor distribución del agua, sobre todo, en las zonas rurales y una legislación que favorezca el consumo humano; una Ley de Glaciares con el fin de proteger una gran cantidad de agua dulce, que es clave para momentos de sequía; facilitar el funcionamiento de plantas desaladoras en sectores costeros de la zona central, avanzar en el tratamiento de aguas residuales en las zonas rurales, y finalmente, llegar a más acuerdos entre empresas sanitarias de cara a destinar más agua para el consumo humano, en este escenario de escasez.
