Como lo dicta nuestra tradición republicana, este viernes 11 de marzo se realizará la ceremonia de cambio de mando, donde Sebastián Piñera entregará el mandato a Gabriel Boric, quien asumirá como nuevo Presidente de la República.
Luego de las luces, discursos y fotos varias, Boric deberá comenzar a ejecutar su ambicioso programa, el que, según sus propias declaraciones, tendrá un especial énfasis en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
“Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos más proyectos que destruyan nuestro Chile, que destruyan a las comunidades (…) en nuestro gobierno va a ser prioridad evitar esa destrucción y tener un desarrollo compatible con el medio ambiente”. De esta declaración, se infiere la causalidad de delicados escenarios presentes y lo urgente de sus necesarias correcciones.
Principales desafíos
En sus primeros meses, el gobierno de Gabriel Boric, con la climatóloga Maisa Rojas a la cabeza del Ministerio del Medio Ambiente, deberá implementar la nueva Ley Marco de Cambio Climático, una reforma a la ley que rige el uso del agua y enfrentar una megasequía que incluso ha puesto en duda el compromiso de Chile en cerrar sus centrales a carbón.
En ese sentido, la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA), organización técnica-privada que desde 1999 trabaja en la promoción del desarrollo sostenible, ha sido parte de la elaboración de las últimas normativas promulgadas de carácter ambiental y vemos con mucha preocupación el desarrollo que han tenido estas. Han sido procesos complejos y con mucha discusión, ya que los antecedentes técnicos utilizados como base para la definición de las exigencias carecían de certeza e información empírica.
Dentro de estos ámbitos, podemos destacar la deuda que tienen las autoridades en materia de cambio climático, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), los reglamentos de la Ley REP, entre otros.
Sobre el SBAP, lamentamos que este proyecto de ley lleve más de 10 años en trámite legislativo e instamos a que sea uno de los principales objetivos. Durante ese tiempo, se ingresaron más de 1.600 indicaciones, por lo que ha sufrido importantes cambios. Consideramos que, en un contexto de urgencia por el cambio climático, una de las prioridades ambientales para el nuevo gobierno debería ser el avance para ratificar y poner en práctica este proyecto de ley, pues será una herramienta fundamental para el ordenamiento jurídico e institucional para la conservación de la naturaleza.
Otro aspecto relevante es el relacionado con la megasequía que vivimos en nuestro país y la importancia del Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos, promovido por el Ministerio del Medio Ambiente, el que incluye acciones, como la gestión sustentable de los recursos hídricos y la ampliación del estudio y seguimiento del estado de los glaciares, con el objetivo de lograr una adecuada protección de la cantidad y calidad de las aguas.
Una de las claves de este plan es que no abarca solo la escasez del agua a corto plazo, sino que busca abordarla de forma permanente. Sin embargo, al conjunto de medidas incluidas en el plan debería sumarse el ordenamiento territorial para la agricultura y las distintas actividades que conviven en los territorios y cómo la explotación agrícola debe realizarse de acuerdo a las aptitudes de cada zona.
Transparencia, fiscalización y educación
Para avanzar en una efectiva protección del medio ambiente, es fundamental un cambio cultural en la población civil y en el sector privado. Por ello, un aspecto transcendental es superar un paradigma arraigado en muchos actores del sector productivo: que la ecología obstaculiza el mercado y el crecimiento. A esto, según las empresas y profesionales miembros de AEPA, el Estado debe favorecer una “transición justa” del modelo de gestión actual, para avanzar hacia una gobernanza con carácter sistémico, integrado, descentralizado, con enfoque de cuencas y basado en la ciencia. Además se debe lograr un equilibrio entre importancia que tiene la variable económica, social y ambiental en el desarrollo de las actividades productivas.
Las autoridades con competencia ambiental deben comenzar a transitar por un nuevo camino que considere la variable ambiental como algo transversal en todas las actividades. Entre estas autoridades, el Servicio de Evaluación Ambiental requiere una reforma a su sistema, el SEIA, para potenciar la comprensión de la repercusión de la preservación y del cuidado de los ecosistemas.
Respecto a la transparencia y las plataformas que albergan la información ambiental, hay un importante trabajo que hacer. Si bien el registro de emisión de transferencia de contaminantes, RETC, es una plataforma que ha centralizado los reportes ambientales y ha permitido analizar el estado del medio ambiente, hay muchos ajustes que realizar. Se debe subsanar situaciones que se arrastran por décadas debido a la falta de un sistema consistente de monitoreo, reporte y verificación. Por otro lado, debe considerarse las nuevas normativas que están en desarrollo y que requieren de un sistema sectorial para realizar los reportes de cumplimientos. También se debe realizar una adecuada fiscalización para que todos los establecimientos que deban cumplir normativa de carácter sanitaria o ambiental, declaren sus emisiones en este portal.
Respecto al ámbito educativo, creemos que existe una concientización y una evolución en las prácticas sociales que crean una oportunidad de promover una educación emancipadora, que tenga en cuenta los procesos económicos y políticos. La educación ambiental es una herramienta fundamental para la detección, formulación y ejecución de políticas de gestión ambiental, la cual debe ir acompañada con la infraestructura necesaria para la puesta en marcha de nuevas legislaciones existentes”, sin embargo, una educación ambiental de calidad tiene algunos requisitos: un trabajo conjunto que abarque entidades públicas, medios de comunicación y ONGs, la profesionalización de la figura del educador ambiental y, sobre todo, voluntad política para llevarlo a cabo”.
Finalmente, AEPA sostiene que la función de un Estado garante debe incluir el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es una forma de validación ante la ciudadanía y una forma de garantizar los derechos de los defensores ambientales. Bajo este principio, el Acuerdo de Escazú se constituye como necesario de recuperar y ratificar, en función del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lo relevante de la biodiversidad y su oportuna protección.
