La crisis hídrica se profundiza día tras día, poniendo en jaque a comunidades, ecosistemas y sectores productivos. Si continuamos haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, el desenlace será muy negativo, agravando la crisis y la conflictividad en los territorios.
Durante los últimos años, el Estado se ha ido retirando de su función pública en materia hídrica generando un severo problema político y no hay duda que la falta de agua será estructural de aquí en adelante. Podría incluso llegar a ocurrir el escenario de un racionamiento permanente.
Los anuncios realizados hoy por la ministra de Medio Ambiente a nombre del gobierno son muy valorados y van en las dirección correcta.
La reforma al Código de Aguas recientemente promulgada por el Presidente Boric entrega las herramientas necesarias para que el Estado ejerza su rol de velar por el bien público y empiece a repartir la poca agua que nos queda, priorizando el consumo humano y los ecosistemas, utilizando en específico su atribución de regular y limitar el ejercicio de derechos de agua en escenarios de sequía. Ya no hay más pretextos para no hacerlo. Esto es una decisión política.
En materia de institucionalidad, la figura de una Agencia Nacional del Agua autónoma y la necesidad de organismos de cuenca han suscitado acuerdo transversal, incluso en la Convención Constitucional. Es necesario dar un salto cualitativo, cruzando la frontera, más allá de mantener la gestión del agua en el Ministerio de Obras Públicas. Es justo el status-quo lo que nos ha arrastrado a esta crisis. No repitamos los mismos errores de gobiernos anteriores.
Avanzar articulando y facilitando organismos de cuenca en los territorios más críticos, iniciar un proceso participativo para construir una política pública que cuente con validación social, técnica y política e implementar programas de acción en materia de eficiencia hídrica en usos más intensivos, reúso de aguas residuales y recuperación-reparación de fuentes naturales de agua son algunas de las medidas con beneficios relevantes posibles de materializar en el corto plazo y a bajo costo. Solo falta la voluntad política y el liderazgo necesario para llevarlas a cabo.
Cabe mencionar además que desde la perspectiva de la política pública y de la ética del agua, toda medida de racionamiento a la población debe ir acompañada si o si, de medidas similares para los usos intensivos de agua en el sector productivo. No es justo que solo la población se deba ajustar el cinturón.
La urgencia del agua demanda que emerja una nueva forma de liderazgo político para liderar los cambios que Chile necesita en materia de agua y recursos hídricos. No podemos seguir esperando que llueva y el racionamiento, el camión aljibe y profundización de pozos no pueden seguir siendo las soluciones.
Porqué razón ninguna institución, pública o privada, le otorga la importancia que realmente tiene a la pérdida de agua en su distribución, (aguas no facturadas), en circunstancias que en los últimos 20 años se ha mantenido casi inalterable en un promedio en Chile del 33%?
Millones de M3.