La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (Aladyr) expresó su preocupación sobre la demora en la construcción de plantas desaladoras en Chile y “el peligroso precedente” que supone la paralización del proyecto de la desaladora de Aconcagua que estuvo tomado ilegalmente por 86 días.
Según la directora de ALADYR, Angélica Rivera, los tiempos son aproximadamente de siete años desde la concepción del proyecto hasta el inicio de la construcción, lo cual es “demasiado largo” dada la situación de escasez hídrica.
Destaca que las únicas soluciones para enfrentar esta sequía y abastecer tanto a la industria como a la población son la desalinización y el reúso de agua, y que la burocracia que genera los retrasos atenta contra los intereses nacionales de alcanzar la seguridad hídrica en un contexto en el que aumenta la demanda y se reduce la disponibilidad de las fuentes naturales.
Rivera considera que los permisos no deberían demorarse tanto, dado que la experiencia nacional e internacional demuestra la seguridad, utilidad y necesidad de este tipo de plantas. Agregó que instituciones como la Universidad de Playa Ancha avalan el proceso de desalación de agua de mar con estudios centrados en las condiciones locales.
La representante de ALADYR también menciona el caso de la planta de Aconcagua, que ya contaba con los permisos necesarios y había comenzado su construcción con una inversión de un tercio del presupuesto total. “Lamentablemente, la construcción de la planta lleva más de 80 días parada debido a las protestas que argumentan un deterioro del ecosistema marino que la evidencia científica desmiente categóricamente. Si se obtuvieron todos los permisos, no debería permitirse que un grupo pueda detener el progreso hacia la seguridad hídrica y sentar un precedente que entorpezca el desarrollo nacional” completó.
Estas declaraciones de Angélica Rivera reflejan los dos principales problemas que enfrenta el desarrollo de plantas desaladoras en Chile: la lentitud en la inversión y toma de decisiones para llevar a cabo proyectos que satisfagan las necesidades básicas de la población y falta de socialización de la información y enseñanza para con las comunidades sobre la seguridad y beneficios de las plantas desaladoras .
La propuesta
Respecto de la lentitud en el desarrollo de los proyectos, la miembro de equipo jurídico de ALADYR, María José Zegers, representante de la firma Zegers Abogados, detalló que dentro de las principales causas se encuentra la multiplicidad de permisos a obtener, así como los largos tiempos de tramitación de los mismos, especialmente respecto de las concesiones marítimas que tardan varios años.
Al respecto, dijo que se valora positivamente el reciente anuncio del Ejecutivo de “racionalización regulatoria” para inversiones que tiene por objetivo reducir en al menos un tercio los trámites para la aprobación de proyectos, incluyendo la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y al otorgamiento de concesiones marítimas, que han sido identificados como algunos de los mayores cuellos de botella, y que incluyen principalmente en el desarrollo de planta desaladora.
Sin embargo, Zegers señala que todavía falta conocer la “letra chica” de esta medida y si será o no aprobada por el Congreso. Añade que todavía no existe claridad de que esta medida efectivamente cumpla con su objetivo de promover la inversión, sobre todo considerando otras causas que hoy en día ralentizan o impiden algunos proyectos, como son los largos plazos de tramitación de los recursos judiciales contra los mismos, o la adopción de medidas fácticas como la toma de los terrenos.
ALADYR enfatiza la escasez de agua proyectada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para la región latinoamericana y reitera la importancia de la desaladora como una solución. Advierte además que el avance de la desertificación y la sequía es exponencial, por lo que ya no pueden permitirse los actuales tiempos para obtener los permisos.
En reiteradas ocasiones la asociación ha propuesto una “vía rápida” para agilizar los trámites y permisos a fin de que las soluciones se implementen con la celeridad que los embates del cambio climático y el crecimiento poblacional y económico demandan.
