Se anuncia que en los próximos días se concluirá la tramitación del proyecto de Ley de Permisos Sectoriales (Boletín 16.566). No obstante, el Ejecutivo ha planteado que es un proyecto que no afecta al medio ambiente, por lo cual fue tramitado solo en las comisiones de Economía y Hacienda del Parlamento. Sin embargo, el texto contiene importantes consecuencias ambientales.
El proyecto modifica más de 20 leyes incluyendo el Código Sanitario, el Código de Aguas y el Código Minero, además incide directamente sobre actividades como la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza y residuos industriales o mineros; la construcción, modificación y ampliación de plantas de tratamiento de basuras y desperdicios; la instalación de locales destinados a la producción, elaboración, distribución y venta de alimentos y de mataderos y frigoríficos, entre otras. El hecho de que puedan habilitarse vertederos, mataderos, o disponer la venta de alimentos sin una autorización previa, es una medida ignora riesgos y que expone a la población y al medio ambiente a impactos severos y de gran magnitud.
El proyecto de ley elimina un gran número de permisos que protegen diversos bienes públicos, que serán reemplazados por otras “técnicas habilitantes alternativas a la autorización”, como la declaración jurada, que eliminan la dictación de un acto administrativo previo a la ejecución de un proyecto o actividad, que revisa los antecedentes, en función del bien público que fundamenta y protege cada regulación sectorial, considerando los riesgos de afectación o amenaza sobre estos bienes públicos.
Finalmente, el proyecto crea una nueva institucionalidad denominada la “Oficina” con facultades desmesuradas para impulsar la inversión. Dice el proyecto que todos los ministerios y organismos del Estado deben “rendir cuenta a la Oficina”, la que además revisará toda propuesta de regulación emanada por el Estado, lo cual implica superponer un criterio economicista a los criterios técnicos que operan los organismos sectoriales.
Un crecimiento económico sostenible debe fundarse en la protección de bienes públicos como el medio ambiente y la salud de las personas y no en desmedro de ellos. Llamamos al sector político a reconsiderar su apoyo a este proyecto de ley que supone una regresión ambiental, al desregular numerosas actividades productivas, sin una consideración adecuada de los riesgos involucrados.
