El término «permisología» ha ganado terreno en Chile, pero su adopción nos encamina hacia el subdesarrollo.
Criticar los permisos ambientales es la coartada perfecta para rebajar los estándares de proyectos en una institucionalidad ya tambaleante. El presupuesto para el medio ambiente en Chile aún no alcanza a ser 0,04% del presupuesto nacional. También destacan varios ejemplos de que «hecho en Chile» podría no ser la mejor marca, precisamente por no tomar en cuenta consideraciones ambientales.
Videos muestran a transeúntes perplejos al ver cómo el Hotel Punta Piqueros se ve repetidamente afectado por las marejadas: obtuvo su permiso de edificación original sin una resolución de calificación ambiental. A su vez, las fotos del socavón en Concón nos dejan curiosos de saber cómo los pudientes dueños de los departamentos se sacarán los ojos con la inmobiliaria del Edificio Kandinsky, construido en un campo dunar sin considerar los riesgos geológicos y ambientales.
Construir sin considerar el medio ambiente ni las regulaciones es como construir un castillo de arena frente al mar. Más aún, en tiempos de cambio climático, construir sin analizar e incluir los riesgos climáticos equivale a invertir en una sombrilla de papel en medio de un huracán.
En lugar de centrarnos en la «permisología», deberíamos abordar la precariedad del Estado chileno para cumplir con sus funciones más básicas: asegurar el correcto funcionamiento de la sociedad y garantizar un desarrollo que no socave las propias bases del país, ni ponga en riesgo la vida de quienes habitan inversiones que no consideraron permisos ambientales.
Pero si queremos hablar ‘en serio’ de precariedad en Chile no podemos limitarnos solo a algo fácil de solucionar como la falta de presupuesto: hay que hablar también de corrupción.
Es así como el proyecto Dominga ha vuelto a reaparecer como el proyecto estrella de la disfuncionalidad de nuestra institucionalidad ambiental, con guiños hacia un muy probable caso de corrupción. La familia del expresidente Piñera vendió su participación en Minera Dominga al empresario y amigo personal Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares, con una parte significativa de la transacción realizada en el famoso paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. El contrato incluía una condición especial: que la zona del proyecto no fuera declarada área de protección ambiental. Por supuesto, gracias a los audios de Hermosilla, nos enteramos también de las maniobras del fiscal Guerra para lograr sobreseimientos en esta y otras causas.
Pero no nos olvidemos del Parque Capital, el nuevo proyecto que se une al club de proyectos investigados por posibles tráficos de influencia. En esta oportunidad, la prensa indica que están involucradas ex-autoridades como el exministro de Vivienda Felipe Ward y el exministro del Interior Andrés Chadwick, quienes han sido llamados a declarar, ambos en calidad de imputados.
Relevar estos casos es el toque de humor negro que le faltaba al chiste que es la ‘permisología’, que avanza a través de proyectos de ley en el Congreso.
En el Senado se discute una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que desregula gravemente el sistema bajo el pretexto de «despolitizarlo». En realidad, esto oculta las influencias políticas en los proyectos, que siempre existirán, especialmente en un país cuya economía se basa en la explotación de recursos naturales. La reforma incrementa la presión sobre funcionarios ya sobrecargados, utilizándolos como chivos expiatorios, y otorga facultades a las Direcciones de Obras Municipales para aprobar proyectos sin una adecuada evaluación ambiental. Recordemos que la corrupción también está presente a nivel municipal, tanto en comunas adineradas como Vitacura, como en las más golpeadas hace unos años atrás por el narcotráfico.
Quizás lo más alarmante de este proyecto es que trae una norma que permite que las modificaciones de proyectos dentro de una faena con resoluciones ambientales previas no requieran una nueva evaluación[1]. Esto es peligroso, ya que permite que un proyecto inicialmente pequeño se transforme en algo mucho más grande con otros impactos asociados y totalmente diferente. Como un caballo de Troya que introduce proyectos disfrazados.
Durante la sesión, algunos senadores de oposición aprobaron esta indicación sin estar plenamente convencidos. El senador Coloma, quien no es parte de la comisión, insistió en su aprobación. Tras un corte de audio en la sesión, al retomarse, los senadores se percataron de que habían aprobado algo que no tenían previsto, reconociendo que podrían haber ido más allá de lo razonable, evidenciando una preocupante irresponsabilidad.
En conclusión, al cerrar el 2024 como el año con más inversiones ingresadas en el SEIA, antes de aceptar el engañoso discurso de la permisología, debemos enfocarnos en resolver la precariedad y la corrupción que afectan nuestra institucionalidad, tanto la ambiental como la no ambiental.
[1] Indicación N°39 de la Senadora Aravena para agregar el siguiente inciso final nuevo en el artículo 10.
