En julio de 2022 la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aplicó, por primera vez en su historia, una resolución para revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en tres centros de la salmonera Nova Austral. Según se informa en el stio web del organismo, la máxima sanción del catálogo de la SMA se impuso tras concluir que, los procedimientos sancionatorios iniciados dos años antes contra la empresa noruega, acreditaban que “la compañía en los casos mencionados superó ampliamente los límites de producción máxima autorizada generando un daño ambiental en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en la comuna de Cabo de Hornos, Región de Magallanes”.
En la práctica, la nulidad de estos permisos deriva en el cese de dichas actividades productivas. “La sanción impuesta por la SMA exige a la empresa presentar un cronograma de cierre para cada RCA revocada”, señala la sentencia.
Frente a esta decisión, la salmonera interpuso una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Valdivia que fue resuelta a favor de la empresa. “La sanción de la SMA resulta desproporcionada”, recalcaron desde este organismo. A pesar de que reconocen que fue posible “acreditar el carácter significativo del daño ambiental” producido por la empresa Nova Austral.
Qué dice Greenpeace
“El espaldarazo del Tribunal Ambiental de Valdivia a la empresa Nova Austral es absolutamente incomprensible y contradictorio. El tribunal reconoce que la empresa causó daño ambiental intencional a un parque nacional y, sin embargo, le parece desproporcionado que se revoque la RCA, criterio que se justificó legalmente en su momento”, comentó Estefanía González, coordinadora de campaña de Greenpeace.
A juicio de González, “la SMA tiene todos los argumentos y antecedentes para revertir esta decisión en la Corte Suprema, porque es tal la gravedad de estos hechos, que hoy bajo la nueva legislación que modificó el código penal, lo ocurrido con Nova Austral corresponde a delitos económico- ambientales”.
La vocera de Greenpeace afirmó que el caso de Nova Austral, que dio lugar a este trámite legal, marcó un hito en nuestra historia ambiental por el incumplimiento reiterado de la normativa establecida, con denuncias que datan desde el año 2014 por incumplimientos en la resolución de calificación ambiental y en las normas sectoriales. “Que no se sancione de la manera correcta significa el fracaso de nuestra institucionalidad”, aseguró.
“Debemos recordar que fue el propio Consejo de Defensa del Estado y los acreedores de la empresa los que denunciaron el actuar ilegal y delictivo de la empresa, con faltas graves y gravísimas, ocultamiento de información y fraude al fisco”, finalizó la vocera de Greenpeace.
