En el año 2023 se han promulgación 16 cuerpos legales que apuntan a darle completitud a los objetivos relativos al cambio climático que Chile ha comprometido a nivel nacional e internacional. Este conjunto de decretos y resoluciones se alinean con los compromisos establecidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Chile y las resoluciones adoptadas en la COP28, enfatizando un enfoque integrado y proactivo en pos de incorporar prácticas, acciones y tecnologías apuntando a las metas globales relativas al cambio climático.
Se ha realizado un análisis de estos decretos y resoluciones identificando cómo se articulan con la Ley Marco de Cambio Climático de Chile y la institucionalidad nacional que poseen atribuciones y responsabilidades al respecto. Esta evaluación resalta los avances significativos en áreas como la mitigación de gases de efecto invernadero, las estrategias de adaptación, la participación y colaboración intersectorial, la integración de la ciencia y tecnología en la política climática, la planificación y ordenamiento territorial, y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Si bien Chile ha logrado avances importantes, aún enfrenta desafíos significativos. Estos incluyen la necesidad de una mayor ambición en las metas de mitigación, una participación ciudadana más efectiva y representativa, y una mayor integración y coherencia entre las distintas políticas y estrategias, explicitando recomendaciones clave para fortalecer la legislación y la política climática en Chile, subrayando la importancia de un enfoque más dinámico e inclusivo para abordar de manera efectiva los desafíos que impone el cambio climático.
Marco normativo y compromisos internacionales
La Ley Marco de Cambio Climático de Chile es un hito normativo basal para una respuesta país a los desafíos del cambio climático, estableciendo un marco institucional y legal para orientar la acción climática nacional, definiendo políticas, planes y acciones destinados a mitigar los efectos del cambio climático y promover una adaptación sostenible. Esta ley enfatiza la necesidad de un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático, orientando las políticas hacia la neutralidad de carbono y la resiliencia climática. Establece metas específicas de reducción de emisiones y promueve la integración de la adaptación al cambio climático en todos los niveles de planificación y gestión pública.
Las instituciones clave en la implementación de la ley son el Ministerio del Medio Ambiente, que actúa como la principal entidad gubernamental en la implementación de la ley, coordinando las políticas y planes nacionales de cambio climático, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, responsable de la aprobación de políticas y planes, asegurando la integración y coherencia intersectorial y el Comité Científico Asesor, el cual proporciona asesoramiento técnico y científico, asegurando que las políticas se basen en la mejor información disponible.
Chile, como parte de sus compromisos internacionales bajo el Acuerdo de París, ha actualizado su NDC, reflejando un mayor nivel de ambición y concretitud en sus metas de mitigación y adaptación, los que apuntan a compromisos y logros, tales como:
- Reducción de Emisiones: Chile se compromete a alcanzar la carbono-neutralidad para 2050, con metas intermedias específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Energías Renovables: se enfoca en aumentar significativamente la proporción de energías renovables en su matriz energética.
- Adaptación y Resiliencia: la NDC incluye compromisos claros para la adaptación en sectores clave como agricultura, agua, salud y biodiversidad.
En la última Conferencia de las Partes (COP28), Chile participó activamente, reafirmando su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y proponiendo iniciativas innovadoras en áreas como la electromovilidad, la conservación de bosques y la gestión de recursos hídricos.
Análisis de los cuerpos legales de 2023
Avances en Mitigación de Gases de Efecto Invernadero: en 2023, Chile ha promulgado normativas clave para la mitigación de gases de efecto invernadero. Destacan los planes sectoriales de minería (Resolución exenta Nº 3.640) y salud (Resolución exenta N° 1.683) que definen estrategias para reducir emisiones en sectores críticos. Estos planes reflejan un compromiso con metas de la Ley Marco de Cambio Climático, aunque enfrentan desafíos en la especificidad de medidas y plazos.
Estrategias de Adaptación al Cambio Climático: la Resolución Nº 465 exenta, que inicia el Plan Sectorial de Adaptación de Recursos Hídricos, y la Resolución exenta Nº 664, que aprueba el Plan Nacional de Adaptación del Sector Silvoagropecuario, son ejemplos de esfuerzos en adaptación. Estas resoluciones apuntan a aumentar la resiliencia en sectores vulnerables, aunque su éxito dependerá de la implementación efectiva y la integración con otras políticas.
Desafíos en la Participación y Colaboración Intersectorial: el Decreto Supremo N° 21 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación resalta la importancia de la colaboración intersectorial. Sin embargo, la efectividad de estos esfuerzos requiere un marco claro de coordinación y participación ciudadana, como lo demuestra la Resolución exenta Nº 1.655 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que designa una autoridad sectorial en cambio climático.
La Ciencia y Tecnología en la Política Climática: el Decreto Supremo Nº 15 y el Decreto Supremo N° 21 establecen las bases para la integración de la ciencia y tecnología en la política climática. El Comité Científico Asesor para el Cambio Climático juega un rol clave, aunque se deben fortalecer los mecanismos para su efectiva influencia en la toma de decisiones.
Planificación y Ordenamiento Territorial: la Resolución Exenta Nº 12, que aprueba la “Guía de Evaluación Ambiental Estratégica para incorporar el cambio climático en los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial”, marca un avance en la integración del cambio climático en la planificación territorial. Sin embargo, enfrenta desafíos en asegurar la calidad y consistencia de las evaluaciones.
Cumplimiento de Compromisos Internacionales: la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto refleja el compromiso de Chile con reducir sus emisiones en el ámbito internacional. Sin embargo, la efectividad de esta enmienda está limitada por la participación global y su enfoque en la mitigación sin abordar suficientemente la adaptación.
Evaluación de legislación 2023
La legislación chilena de 2023 sobre cambio climático muestra avances significativos, pero también revela áreas críticas que requieren una evaluación profunda para garantizar una respuesta efectiva y coherente a los desafíos climáticos.
- Abordaje de Necesidades Urgentes del Cambio Climático: los cuerpos legales promulgados en 2023, como los planes sectoriales de minería (Resolución exenta Nº 3.640) y salud (Resolución exenta N° 1.683), plantean interrogantes sobre su capacidad para abordar las necesidades más urgentes del cambio climático en Chile. Aunque representan un compromiso con la reducción de emisiones y la adaptación, se debe cuestionar si estas normativas son suficientemente exhaustivas y si contemplan todas las dimensiones del cambio climático, incluyendo impactos sociales, económicos y de biodiversidad.
- ¿Cómo Mejorar la Coherencia y Eficiencia de las Estrategias Actuales? La coherencia y eficiencia pueden mejorarse asegurando que las políticas climáticas estén alineadas con las necesidades reales y los objetivos a largo plazo. Es fundamental garantizar que los planes sectoriales, como el del sector silvoagropecuario (Resolución exenta Nº 664), estén integrados y no operen en silos. Además, se necesita una mayor transparencia y rendición de cuentas en la implementación de estas políticas.
- Alineación con Realidades Científicas y Tecnológicas: la legislación debe reflejar las últimas evidencias científicas y aprovechar las innovaciones tecnológicas. El Decreto Nº 15, que regula el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, es un paso en la dirección correcta, pero se necesita una mayor integración de sus recomendaciones en la toma de decisiones. Además, las políticas deben adaptarse de manera flexible a los avances científicos y tecnológicos para mantener su relevancia y efectividad.
Controversias y cuestionamientos
La legislación climática de Chile de 2023, aunque progresiva, suscita debates críticos sobre su alcance y efectividad. Se plantean preguntas clave para explorar las posibles limitaciones y áreas de mejora en esta legislación.
- Alcance Limitado de la Legislación: un cuestionamiento fundamental es si los cuerpos legales, como el Decreto Supremo N° 21 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Resolución exenta Nº 664 del Ministerio de Agricultura, son demasiado conservadores o limitados en su alcance. Estas normativas, aunque representan avances, pueden no ser suficientemente ambiciosas para enfrentar la magnitud del cambio climático. Se debe evaluar si las metas establecidas están alineadas con la urgencia climática y si abordan de manera integral los diversos aspectos del cambio climático, incluyendo la justicia social y económica.
- Participación Ciudadana en la Formulación e Implementación de Políticas: la participación ciudadana es esencial para garantizar que las políticas climáticas sean inclusivas y efectivas. Las normativas como la Resolución exenta N° 1.655 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aunque establecen marcos para la participación, deben ser analizadas críticamente para determinar si realmente facilitan una participación significativa de la ciudadanía en la formulación e implementación de las políticas climáticas. Esto incluye evaluar los mecanismos de consulta pública, transparencia y rendición de cuentas.
- Lagunas en la Legislación Actual: existen lagunas en la legislación actual que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos de las NDC y las resoluciones de la COP28. Estas lagunas pueden incluir la falta de integración entre diferentes sectores, la insuficiente consideración de las vulnerabilidades locales y regionales, y la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación robustos. Además, la legislación debe ser evaluada en términos de su adaptabilidad a los avances científicos y tecnológicos y su capacidad para responder a los desafíos emergentes relacionados con el cambio climático.
Conclusiones y recomendaciones
La revisión de la legislación chilena sobre cambio climático de 2023 revela un panorama mixto de avances significativos y desafíos pendientes. A continuación, se presentan conclusiones clave y recomendaciones para fortalecer la respuesta del país a esta problemática global.
Conclusiones Principales
- Avances en Legislación: Chile ha mostrado un compromiso con la mitigación y adaptación al cambio climático a través de cuerpos legales como la Resolución exenta Nº 3.640 y el Decreto Supremo N° 21. Estos reflejan un esfuerzo por abordar áreas críticas como la minería, la salud y la participación científica.
- Áreas de Atención Urgente: a pesar de estos avances, existen áreas que requieren atención urgente, como la necesidad de mayor ambición en las metas, la inclusión efectiva de la participación ciudadana y la integración intersectorial.
- Desafíos en Participación y Coherencia: las políticas deben garantizar una participación ciudadana genuina y coherente, como se evidencia en la Resolución exenta N° 1.655.
Recomendaciones
- Mayor Ambición en Metas de Mitigación y Adaptación: es crucial revisar y aumentar la ambición de las metas establecidas en los cuerpos legales, alineándolas con la urgencia y la magnitud del cambio climático.
- Integración Intersectorial y Coordinación: debe fortalecerse la coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno para asegurar una respuesta integrada y coherente al cambio climático.
- Participación Ciudadana Efectiva: implementar mecanismos robustos para la participación ciudadana en todas las etapas de la formulación, implementación y evaluación de las políticas climáticas.
- Enfoque Basado en Evidencia Científica y Tecnológica: asegurar que las decisiones políticas estén fundamentadas en la mejor evidencia científica disponible y aprovechar las innovaciones tecnológicas para una acción climática efectiva.
- Evaluación y Actualización Continua de la Legislación: establecer un proceso de evaluación y actualización constante de la legislación climática para adaptarse a los nuevos hallazgos científicos y cambios en las dinámicas socioeconómicas y ambientales.
