Los recientes estudios entregados por el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC) confirman lo que organizaciones ambientalistas y los mismos científicos llevan años asegurando: el ser humano está provocando cambios drásticos e irreversibles en los patrones climáticos del planeta. (IPCC, 2021). Ya se asegura que fenómenos como el derretimiento de los polos y retroceso de glaciares son muestras contingentes de esta amenaza, y que ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y el orden social, político y económico de los países. El aumento del nivel del mar, de eventos meteorológicos extremos, deterioro de la vida en los océanos, desertificación y aumento sostenido de las temperaturas son algunos de los ejemplos de problemas que las sociedades humanas tendrán que enfrentar.
Chile es uno de los países más vulnerables al cambio del clima y al deterioro de los ecosistemas que sustentan la economía local. Hoy nos encontramos en un momento clave de la historia para cambiar por la vía institucional las estructuras políticas, sociales y económicas que han contribuido a aumentar la huella de carbono del país, pero sobre todo, a deteriorar el estado de salud del ambiente y del tejido social. Por consecuencia de estos procesos, la provisión de servicios y bienes desde los ecosistemas para las comunidades locales ha ido disminuyendo en las últimas décadas, lo cual se materializó -junto con otras problemáticas sociales- en el descontento y levantamiento popular que estalló en octubre de 2019. De aquel momento a la actualidad, ya contamos con una Convención Constitucional que buscará sentar las reglas mayores del tipo de país que aspiramos ser las próximas décadas, de tal forma de solucionar en el mediano y largo plazo los conflictos y desafíos socio-ambientales y políticos que cargamos como país.
¿Por qué la Constitución? Porque cargamos con una carta fundamental impuesta en dictadura y que amarró un conjunto de estructuras que fijaron irreversiblemente un tipo de país en lo político, en lo social, en lo económico, y con consecuencia directa, en lo ecológico. Ejemplo de esto, es el régimen actual del derecho de propiedad como derecho constitucionalmente superior al de otros, como el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También, el régimen de aprovechamiento de aguas impuesto desde la Constitución, y luego estructurado en el Código de Aguas, aseguró derechos gratuitos y a perpetuidad que luego fueron utilizados como negocio especulativo y se concentraron en empresarios agroindustriales exportadores. Estos, junto a otros arreglos constitucionales y jurídicos, establecieron un marco de extrema liberalización de la gestión económica, social y política del país que favoreció el crecimiento económico, concentrándose en forma creciente con el aumento del nivel de ingreso, y en desmedro de la salud de los ecosistemas (aunque también podría decirse del tejido social e igualitario de los chilenos y chilenas). Se puede asumir que quienes impusieron estas reglas quisieron instalar en plena Guerra Fría, la principal circunstancia mundial del momento, un modelo que fuera a representar fiel e irrestrictamente las posiciones del bando que defendían.
Hoy, el escenario mundial es otro y no es un antagonismo de ideologías políticas. El desafío climático y ecológico rompe con la polarización que tuvieron las guerras, pues es un desafío con matices, pese a que pareciera ser la única solución un cambio paradigmático y radical de la relación de la civilización humana entre sus grupos, con las demás especies y con el resto del planeta Tierra. Frente a esto, una Constitución Ecocéntrica puede ser un primer paso importante como país para encaminarse hacia el desarrollo sustentable y la conservación y regeneración del patrimonio ambiental que se ha degradado. Una Constitución que exprese el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el principio de justicia ambiental, el principio de la justicia intergeneracional, el derecho humano al agua, los derechos de la Naturaleza y de los animales, derechos indígenas y del acceso a la información ambiental. Por más que sea solo un texto, la nueva Constitución tiene la responsabilidad de fijar las reglas para orientar el país frente al cambio global, con desafíos regionales y un enfoque local en la acción ecológica. Si no es ahora, no sabremos cuándo empezaremos a cambiar desde arriba las ataduras que nos impiden hacer los cambios necesarios para un Chile más sostenible, digno y situado en una Tierra en calentamiento. Hacemos un llamado, luego de una nueva versión de la huelga mundial por el clima (Friday’s For Future), a que la Convención Constitucional continúe en el camino de una nueva carta fundamental para superar la crisis social, climática y de los ecosistemas.
