Estudio a 92 constituciones sostiene que Chile es el único país con expresa propiedad privada de derechos de agua

Estudio del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la PUC analizó cómo se aborda este recurso en 92 cartas fundamentales en el mundo.

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Garantizar el agua como un bien de uso público ha sido una de las propuestas que han planteado candidatos de diferentes sectores políticos de cara a la discusión que tendrá que dar la Convención Constitucional durante la elaboración del nuevo texto que regirá la sociedad chilena durante los próximos años. Pero, ¿Cómo se ha abordado este debate en otros países? ¿Qué dicen sus constituciones respecto de la propiedad del agua?

Un estudio de investigadores del Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica entregó algunas luces al respecto, situando a Chile como el único país de los 92 analizados que reconoce explícitamente la propiedad privada de este recurso, al señalar que  “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (artículo 19 N°24 inciso final).

“De las 92 constituciones analizadas, Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Además, integra la lista de 70 naciones que incluyen el agua en preceptos más genéricos sobre recursos naturales”, explicó María Molinos, vicedecana de Ingeniería de la UC. 

El estudio analizó 92 constituciones, de las cuales 35 corresponden a América, 43 a Europa y 14 a Oceanía, mientras que se espera que una próxima edición del estudio analice países de África y Asia.

“Para detectar de un modo integral las disposiciones que tienen los textos constitucionales, nos focalizamos en los ámbitos del agua propiamente tal, saneamiento y en las referencias generales a los recursos naturales”, explicó Daniela Rivera, directora del Centro de Derecho y Gestión del Agua UC.

La académica detalló que 31 países no tienen referencias específicas al tema, entre ellos Argentina y EE.UU. En cambio, 10 territorios reconocen explícitamente el acceso al agua y su saneamiento como derechos humanos, entre ellos Bolivia, Ecuador, México, Perú, entre otros.

El estudio, además, arrojó que 27 países detallan la naturaleza jurídica del agua (13 en América, 14 en Europa); 13 abordan el carácter o función territorial del agua (7 en América, 2 en Europa y 4 en Oceanía), mientras que 15 establecen reglamentaciones relacionadas al uso racional, sostenible, sustentable o equitativo de este recurso, de los cuales 9 pertenecen a América y 5 a Europa.

Greenpeace: “la constitución debe garantizar el acceso al agua y no su propiedad privada”

La coordinadora de campañas de Greenpeace, Estefanía González, afirmó que el estudio “refuerza que asegurar la propiedad privada del agua en la Constitución es una aberración que debemos frenar ya”.

Y agregó que “es momento de modificar de fondo el modelo del agua, considerarla un bien común y garantizar a escala constitucional, no la propiedad privada sobre ella, sino su acceso como derecho para personas y naturaleza”. 

González afirmó que “en un contexto donde se han entregado -en promedio- tres veces más derechos de agua que la realmente disponible, y más del 50% de ella ni siquiera está catastrada, es urgente modificar todo esto en la nueva Constitución”.

Lo anterior es respaldado según una encuesta realizada por Greenpeace y la consultora internacional Offerwise en enero de este año, donde 89% de quienes contestaron manifestaron que el acceso al agua debe ser prioridad en la futura Carta Fundamental.

Por ello la coordinadora de campañas de la organización afirmó que “es urgente que las candidaturas a constituyentes manifiesten de manera clara su posición respecto al agua y sinceren si estarán dispuestos a consagrarla como derecho para las personas y proteger sus funciones ecosistémicas”.

Greenpeace presentó la plataforma www.yovotosueltaelagua.cl, que reúne a las más de 1.300 candidaturas a la Convención Constituyente y permite a la ciudadanía solicitarles el compromiso de asegurar que el agua sea considerado un derecho humano y un elemento vital para los ecosistemas en la redacción de la nueva Constitución.

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