En Chile se estima que existen más de 6 mil especies de animales polinizadores, los cuales tienen un rol indispensable para el ecosistema, específicamente para que las plantas en flor produzcan sus semillas y frutos, proceso que a su vez es clave para la producción de la actividad agrícola, y el mantenimiento de la vegetación nativa. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), casi el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen, en cuanto a calidad y cantidad, de la polinización animal. El proceso polinizador provee de mayores servicios y beneficios en la medida que existe mayor cantidad y diversidad de especies polinizadoras, en términos productivos. Sin embargo, las actividades agrícolas en Chile han priorizado el ingreso de polinizadores exóticos para los cultivos, con el soporte del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), privilegiando, por ejemplo, la importación del Bombus terrestres (abejorro europeo).
Esta especie provoca un panorama complejo, debido a que, desde su ingreso a Chile en 1997, se ha ido transformado paulatinamente en una especie invasora, ocasionando daños tanto a las especies nativas, como a los cultivos. A esto se añade la disminución generalizada de los polinizadores nativos, a raíz de actividades antrópicas como el manejo agrícola y silvícola, que provoca la intensificación del uso del suelo, la degradación y fragmentación de los hábitats nativos, variación en la distribución de las plantas, y la utilización de agroquímicos.
En ese contexto, y con la finalidad principal de proteger la salud de los ecosistemas del país, se elaboró el primer Proyecto de Ley sobre Protección de Polinizadores Nativos, documento que se presentó ante el Parlamento por Ximena Órdenes, senadora de la Región de Aysén. Esta moción, que fue patrocinada por los senadores Alfonso De Urresti, José Miguel Durana e Isabel Allende, fue suscrita, y se estableció que debe ser analizada por las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente. El proyecto de ley en sí fue desarrollado por la Comisión Futuro del Senado, junto a un grupo de abogados, y Cecilia Smith, ecóloga del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y de la Universidad de Los Lagos. Al mismo tiempo, contó con la ayuda de los investigadores Rodrigo Barahona y Julio Crespo, de la misma universidad.
El documento afirma que la legislación chilena -la cual regula tanto la importación, como las condiciones de manejo y uso de los diferentes polinizadores-, se dispersa en distintos cuerpos legales. Así mismo, el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y el Servicio de Evaluación Ambiental, son los organismos que deben velar por la protección de estos polinizadores.
El primer objetivo del proyecto de ley es “promover la investigación y empleo de polinizadores nativos, a fin de garantizar el acervo genético de la flora del país y de mejorar los productos agrícolas asegurando la soberanía alimentaria”. Para esto, se busca iniciar medidas de fomento y educación de la conservación de los hábitats en que estas especies se desarrollan. “Se propone educar a los productores agropecuarios y agrícolas para mantener la diversidad floral de especies ricas en polen y néctar en sus predios y en los márgenes de estos, y demostrar que la mantención de la diversidad de los polinizadores nativos genera un aumento de la productividad”, se especifica en el escrito.
El segundo elemento del proyecto es: Normar el uso de polinizadores para los usos productivos en el país. El documento aconsejaque es necesario elaborar la información suficiente para contrarrestar los eventuales impactos negativos que los polinizadores exóticos importados puedan provocar sobre el ecosistema. “De esta manera hemos establecido una obligación destinada a que los productores evalúen el riesgo que generan. Así mismo, que los usuarios de polinizadores, de manera previa a su uso, cuenten con un análisis de riesgo sobre la actividad que ejecutarán”.
En tercer lugar, propone: Regular el uso de polinizadores en áreas protegidas, lo que se traduce en que al interior de estas zonas sólo se permitirán usar polinizadores nativos, con el objetivo de protegerlos. “Además, es necesario considerar previamente un plan de manejo en conjunto con un programa de prevención de riesgos, que permita instaurar a las abejas polinizadoras nativas en estas zonas asegurando su preservación”.
Otro elemento importante que se destaca tiene relación con la prohibición de especies exóticas dañinas, ya que estas generan en la biodiversidad local profundos impactos negativos. “Por lo tanto, establecemos la prohibición en la importación y uso del Bombus terrestris”, se afirma en el proyecto de ley.
El documento propone establecer un control de aquellas actividades que afecten a polinizadores nativos, lo que significa regular el uso de pesticidas,fertilizantes o agroquímicos, teniendo en cuenta a los polinizadores nativos que habitan el área dónde se usarán estos productos, y realizar estudios previos a su utilización. Además, se destaca la necesidad de impulsar la investigación con un énfasis en clasificar y conocer las especies según su estado de conservación, e implementar para estos, planes de recuperación, monitoreo y evaluación, a través de un “Comité de Especies Exóticas”. El proyecto finalmente declara que habrá una sanción al incumplimiento de los deberes que señala la ley.
Prohibición de importación al abejorro europeo
La ecóloga de IEB, Cecilia Smith, afirma que la presentación de este proyecto de ley justo coincide con un análisis reciente que el SAG realizó sobre los Bombus terrestris que ingresaban a Chile, estudio que reafirmó que el abejorro europeo posee patógenos. “Efectuaron exámenes de PCR a los ejemplares y encontraron que estos estaban afectados por Apicystis bombii, un patógeno que probablemente ha estado causando estragos en el abejorro nativo, Bombus dahlbomii y en nuestro abejorro del altiplano Bombus funebris. Desconocemos que ha pasado con lasotras 83 especies de Apidae nativos a los cuales el abejorro comercial podría trasmitirle otros patógenos,pero sabemos que también ha afectado negativamente a la población de abeja mielífera.Hace mucho tiempo que, como comunidad científica, veníamos insistiendo en esta preocupación y finalmente se pudo comprobar en los mismos laboratorios del SAG”.
El proyecto de ley señala, respecto a la especie invasora, que hasta el año 2016 en el país ingresaban por año un promedio de 16.650 colonias y 95.670 reinas, lo que, desde su introducción, suma una cifra total de 984.946 colonias y 421.680 reinas. A su vez, desde 2001 se producen en Chile colonias de B. terrestris, mediante la exportación de reinas fertilizadas.
Desde Chile, esta especie se ha propagado avanzando hasta la costa Atlántica del cono sur de Sudamérica y el altiplano chileno-boliviano. Pese a esto, se sigue permitiendo su uso como polinizador de frutales. “En el altiplano Bombus terrestris ha llevado al abejorro nativo Bombus funebris a la categoría de Vulnerable de Extinción (categoría de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente); y desde la Región de Coquimbo al sur ha llevado al abejorro nativo Bombus dahlbomii a la categoría En Peligro de Extinción. Se desconoce el daño que B. terrestris ha tenido sobre otras especies de abejas nativas, pero se estima que debe ser similar a lo causado sobre los abejorros nativos, por cuanto comparten patógenos al igual que con A. mellifera”, – esta última se conoce también como la abeja de la miel – señala el proyecto.
Con todos estos antecedes expuestos, investigadores de diversas universidades nacionales e internacionales, junto con numerosos grupos socioambientales y ONG’s, buscan que este proyecto de ley se implemente definitivamente como una política para la protección de polinizadores nativos en Chile, y así concretar prontamente, la prohibición de la importación del abejorro europeo
