Vuelve el buen tiempo, la anhelada temporada estival, y también el gran riesgo de los incendios forestales. El aumento de las temperaturas y el viento, la prolongada sequía y la sequedad de la vegetación crean el ambiente propicio para que la más mínima flama pueda hacer arder a gran parte de la zona centro-sur del país, como sucedió en 2017 con más de 500 mil hectáreas afectadas, pérdida de vidas humanas, animales, biodiversidad y graves impactos económicos.
Un informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas indica que el riesgo de incendios forestales irá en aumento debido a los efectos del cambio climático, aunque se cumplan compromisos de mayor ambición. Si bien Chile es uno de los países con mayor vulnerabilidad a los incendios y al cambio climático, hay que tener claro que el 99,9% de estos siniestros en nuestro país son provocados por la conducta irresponsable, negligente o simplemente por la mala intención de la gente.
Anticipándose a una compleja temporada de incendios 2020-2021, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales con la mayor inversión de la historia para prevenir y combatir los incendios, un poco más de $60 mil millones para financiar equipamiento especializado de última generación, hasta 62 aeronaves y casi tres mil brigadistas en todo el país, a lo que se suma el apoyo del Ejército, la Armada y la Corporación Nacional de la Madera, entidad que dispuso recursos por $72 mil millones.
No obstante, estos esfuerzos deben estar reforzados en el largo plazo con el impulso de iniciativas público privadas que permitan promover acciones tempranas de prevención en zonas prioritarias de alto riesgo, involucrando a municipios, empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas, como también modificar las prácticas de manejo para restaurar, conservar y adaptar los bosques al cambio climático, reducir la amenaza de incendios y asegurar la prestación de los servicios ecosistémicos.
En este sentido, desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático estamos trabajando con Conaf en la implementación del segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) en la Región de Valparaíso, para resguardar y mejorar el manejo del bosque nativo mediterráneo y potenciar el valor económico de la madera.
El primer APL piloto iniciado en 2016 permitió incorporar planes de ordenación forestal en 2900 hectáreas y con la segunda iniciativa se busca sumar 10 mil hectáreas de propiedad pública y privada al manejo sustentable en esa región, con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente -–a través del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña, la Intendencia Regional, Indap y las Seremi de Economía, Agricultura y Medio Ambiente.
Siguiendo esta experiencia piloto en el país, pusimos en marcha este año un acuerdo voluntario para la protección del bosque nativo en la Región del Maule, que además de fortalecer el manejo forestal sustentable en predios privados, potenciará el aprovechamiento y valor económico de los bienes y servicios que otorgan estos ecosistemas.
Estas iniciativas constituyen un aporte concreto al compromiso de manejo y recuperación de 200 mil hectáreas al 2030 que asumió Chile en su Contribución Nacionalmente Determinada y, claro está, a reducir los riesgos de incendios de los bosques, nuestros principales aliados para hacer frente al calentamiento global.
