¿Y cómo vamos con la descarbonización?

En junio de 2019, tras un año de trabajo de la denominada Mesa de Descarbonización, fue presentado en nuestro país el Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón, que consistía en un cronograma para apagar por etapas las 28 unidades termoeléctricas a carbón de aquí al año 2040, siendo ocho unidades las consideradas en la primera fase – hasta 2024 –, mientras que las 20 unidades restantes en principio se mantuvieron sin fecha. A poco más de un año del anuncio de este plan, y cambios de por medio, resulta importante conocer qué tan bien encaminados estamos hacia la meta de ser un país carbono neutral al año 2050.

Desde su presentación, el Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón recibió diversas críticas no tan solo por lo que su nombre indica, es decir, una decisión voluntaria y bajo el criterio de las propias empresas para apagar sus centrales, sino que justamente porque no mencionaba un real cierre y desmantelamiento de éstas, pues los plazos – a revisarse cada cinco años – incorporan un mecanismo denominado Estado de Reserva Estratégica, el cual permite que las unidades termoeléctricas sigan funcionando entre dos a cinco años después del llamado “cierre”, pudiendo reactivarse en caso de necesitarse y, en definitiva, abriendo la posibilidad de que sin problemas existan centrales a carbón aun funcionando más allá del año 2040.

A pesar de los plazos originales propuestos, solo seis meses se necesitaron para que el Plan de Descarbonización se actualizará, ya que en diciembre, durante la realización de la COP25 en Madrid, se anunció que dos nuevas unidades que se sumarían a las ocho ya calendarizadas a apagar al año 2024. Además, en mayo de este año la empresa Enel comunicó su intención de adelantar el retiro y cese de operaciones de las unidades generadoras Bocamina I para el 31 de diciembre de 2020 y Bocamina II para el 31 mayo de 2022, las cuales, tras el análisis de seguridad operacional efectuado por el Coordinador Eléctrico Nacional, ya cuentan con la aprobación de cese de operaciones por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Con esto, el cronograma queda con el compromiso de retiro de 11 unidades para la primera etapa al 2024, manteniendo 17 aún sin fecha establecida.

Es cierto que durante este primer año el plan ha logrado adelantar el apague de algunas unidades, pero esto solo confirma lo que desde Fundación Terram y otras organizaciones hemos afirmado reiteradas veces: el plan, si así se hubiera propuesto, pudo ser mucho más ambicioso desde el principio y, de esa forma, presentar un cronograma de cierre total de las centrales al 2030, algo que se condice con el Informe de Climate Analytics, liberado en septiembre de 2019, que señala que los países OCDE – como Chile – debiesen eliminar completamente el uso del carbón en la generación de electricidad al 2030, y no al 2040 como se pretende hacer. Además, con la reciente aprobación de la moción parlamentaria en la comisión de medio ambiente de la cámara de diputados, se abre una nueva arista que podría incidir en un pronto cierre de las unidades termoeléctricas a carbón incluso antes del año 2025.

Sin embargo, tristemente cruel es la comparación que más de alguna vez el Ministerio de Energía ha realizado entre nuestro proceso de descarbonización con el de Alemania, semejanza que solo considera un alcance de fechas, dado que el país germano pretende cerrar su última central al año 2038 mientras que nuestro país será al año 2040. Sin embargo, esta aparente similitud no menciona el enorme paquete de ayuda económica que Alemania dará por los próximos 20 años a parte de su población como una forma de compensar el daño causado, mientras que en nuestro país el costo pasado, presente y al menos de las dos próximas décadas seguirá siendo pagado con la salud de la población y de los ecosistemas, debido a la enorme contaminación que sigue impactando las zonas de sacrificio.

Es por esto que, aun cuando es deseable que se cierre la totalidad de centrales lo más pronto posible, no sabemos cuántos años más, o quizás décadas, demoren en revertirse los altos niveles de contaminación en el aire, suelos y aguas que hasta ahora ha producido el uso del carbón. Al respecto, es de esperar que el Estado no renuncie a su función pública en la reducción de la contaminación de las zonas de sacrificio del país y que este plan pase del voluntarismo a la obligación, impulsando el cierre más temprano que tarde de las centrales a carbón que operan en Chile. De otra manera, solo continuaremos profundizando el panorama del que actualmente somos testigos: una incertidumbre creciente en torno a la urgente limpieza que requiere nuestra matriz eléctrica.

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