Un primer paso dio ayer la moción parlamentaria que busca prohibir las termoeléctricas en base a carbón, acelerando el Plan de Descarbonización impulsado por el Gobierno.
La iniciativa, que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para el cierre de las plantas que tengan menos de 30 años de antigüedad, adelantando la meta del Ejecutivo, fijada en el año 2040.
Uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado Diego Ibáñez (CS), aseguró que «esta es una votación histórica y refleja la necesidad de una reactivación económica verde post pandemia, de reparar ambientalmente las zonas de sacrificio y escuchar el malestar de la niñez, de las comunidades y tomarnos en serio la crisis climática».
«Hoy la desigualdad social, la injusticia ambiental en Chile son razones suficientes para que el Estado decida hoy prohibir las termoeléctricas a carbón, comenzando a invertir mucho más para transformar nuestra matriz energética, para transformar los puestos de trabajo y caminar hacia una matriz limpia, basada en energías renovables«, añadió.
Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, comentó que comparten el objetivo de la iniciativa, pero que es un proyecto inconstitucional al prohibir una actividad económica autorizada y que además afecta al derecho de propiedad.
En la misma línea, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, presentó cinco “problemas graves” que tiene el proyecto, ante un cierre abrupto de las centrales a carbón.
Estos son: la pérdida de cerca de 13 mil puestos de trabajo; un alto riesgo de racionamiento eléctrico por falta de capacidad de generación; un alza de las cuentas de luz en hasta un 50%; el riesgo de demandas contra el Estado por incumplimiento de contrato con las empresas; y el riesgo de inconstitucionalidad porque “es expropiatorio y podría impactar el gasto fiscal”.
La iniciativa seguirá su discusión en la Sala de la Cámara Baja en los próximos días.
