Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y en este contexto resulta importante evaluar: ¿Cómo andamos por casa? Al respecto, sin duda, Chile avanzó durante el presente gobierno, con la promulgación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en 2023, la Ley Marco de Cambio Climático y la Reforma al Código de Aguas en 2022, pues estas tres regulaciones, de implementarse, permitirían al país proteger la naturaleza, alcanzar la seguridad hídrica y descarbonizar su economía. La ruta hacia el logro de estas metas, habilitaría una transición transformadora del desarrollo nacional desde la mera explotación de su capital natural, hacia la conservación y uso inteligente y sustentable de su patrimonio ambiental.
Sin embargo, no podemos permitirnos descansar por la sola aprobación de estas leyes, pues su implementación requiere dictar los reglamentos, asignar los presupuestos y acordar un plan de acción para mantener la voluntad política de Estado y el flujo de los recursos públicos. De lo contrario los avances contenidos en estas leyes serán “letra muerta”.
Por ejemplo, si Chile quiere implementar la política climática, debe lograr que el peak de sus emisiones de gases de efecto invernadero se reduzca sostenidamente a partir del 2025, tal como estableció en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Al día de hoy no se está logrando. Para cumplir con este objetivo, es urgente acelerar el cronograma de cierre de las centrales a carbón, responsables de más de 20% de las emisiones totales del país. Para ello, en concreto, el gobierno debe asegurar el cumplimiento del cierre o reconversión de las nueve centrales con compromiso de retiro al 2025, e incluir en el nuevo cronograma de descarbonización a publicarse en julio, el cese de operaciones de las ocho carboneras rezagadas que aún no han comprometido ni fecha de cierre ni su reconversión, con un plazo máximo al 2030.
Pero el plan de descarbonización también debe hacerse cargo de los atrasos en las acciones de remediación en las comunas donde ya se cerraron 11 termoeléctricas para mitigar los pasivos ambientales resultantes de su operación y restaurar ambientalmente el territorio donde operaron estas industrias. De lo contrario, el gobierno no cumplirá con su compromiso programático de transición justa y dichas comunas se perpetúan como “Zonas de Sacrificio”.
Las políticas climáticas y de protección de la naturaleza deben centrarse también en cumplir los compromisos de restauración y reforestación. Chile está retrasado en su compromiso de reforestar 200 mil hectáreas para 2030, incluido en la NDC de 2020. Esta acción es crucial para la protección y restauración de los ecosistemas que mandata la Ley de la Naturaleza y también para la captura de gases de efecto invernadero y lograr la carbono neutralidad en 2050 (que mandata la Ley Marco de Cambio Climático), en un contexto climático más seco y caliente amenazado por incendios forestales cada vez más frecuentes.
La seguridad hídrica requiere una tarea titánica de protección de cuencas, uso y gestión del agua totalmente distinta de cómo se hace hoy en Chile. Superar la vulnerabilidad hídrica en requiere implementar políticas que aseguren la protección de este bien esencial y público, mediante la gestión preventiva e integrada de las cuencas, el uso eficiente y equitativo del agua, la reutilización y el reciclaje, en un contexto donde el cambio climático ha afectado y reducirá aún más la disponibilidad y calidad de las aguas. La integración de enfoques basados en la naturaleza, además de la protección de glaciares y humedales, la restauración de las cuencas, la mantención de caudales ecológicos y una sostenida recarga de acuíferos, serán acciones claves para mejorar la seguridad y resiliencia hídrica del país.
En el caso de la zona norte, es urgente proteger los salares, ecosistemas únicos y vitales para la mantención de especies, ecosistemas, economías locales y un desarrollo económico basado en el uso no extractivo del patrimonio natural, tales como el turismo. La extracción masiva de litio, aunque resulte vital para la transición energética mundial, no debe ser a costa de la destrucción de estos frágiles ecosistemas. Ello significaba prolongar la era del extractivismo colonial, hoy en nombre del cambio climático, y para una transición que perpetúa el bienestar de las naciones industrializadas (ahora con autos eléctricos) a costa del patrimonio ambiental de las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, haciéndolas más vulnerables.
Chile puede poner mayor voluntad política en abordar los desafíos ambientales destacados anteriormente y destinar mayor financiamiento para concretar acciones coherentes y efectivas en el corto y mediano plazo. En este ámbito, la labor del Estado es irremplazable. No obstante, los planes de acción y su gobernanza requieren equidad ambiental y distributiva y acuerdos con las comunas y regiones en base a información y financiamiento transparente y medidas de cumplimiento y verificación que animen a ciudadanos, organizaciones y autoridades locales y regionales a trabajar con el Estado más allá de los caprichos y peleas de los gobiernos de turno .
Acelerar la descarbonización, reducir la vulnerabilidad hídrica, ordenar y planificar los usos de nuestro territorio, cumplir con las metas de reforestación, proteger los glaciares, los salares y terminar con las Zonas de Sacrificio son condiciones esenciales para un desarrollo y un futuro sostenible y con paz social en Chile. La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente es un buen momento para priorizar acciones que permitan cumplir, tanto los compromisos ambientales del país del país, como el programa del gobierno frente a los ciudadanos para un Chile mas equitativo y justo en lo social y ambiental.
