Presentan lineamientos para una Ley Marco sobre Protección y Gestión Costera en Chile

El documento presentado por Terram y Observatorio de La Costa contiene los objetivos propios de un proyecto de ley, junto con los enfoques, principios y deberes específicos que debieran orientar al Estado en relación con la zona costera, respecto de la cual se postula el deber de custodia y protección estatal en beneficio de toda la población y las generaciones futuras.

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Playa Verde. Créditos: Fundación Terram.
Playa Verde. Créditos: Fundación Terram.

En un trabajo conjunto entre Fundación Terram e integrantes de la comisión jurídica del Observatorio de la Costa, se publicó el documento “Bases para una propuesta de Ley Marco sobre Protección y Gestión Costera en Chile”, donde se presentan las directrices para una Ley Marco que impulse un ordenamiento de la costa de manera integral y sistémica acorde a los desafíos que significa el contexto de crisis climática y las necesidades propias del siglo XXI.

Es innegable que durante las últimas décadas la costa chilena ha sufrido profundas transformaciones socio-territoriales debido, en gran medida, a la intervención del ser humano en los espacios costeros, así como las transformaciones derivadas del cambio climático. Estas situaciones exponen diariamente a una gran cantidad de vidas humanas a desastres naturales, produciendo, asimismo, graves afectaciones a la integridad de los ecosistemas marino-costeros.

Respecto a los impactos humanos en el borde costero del país, en el documento se describen algunas actividades antrópicas como la expansión inmobiliaria – producto del crecimiento demográfico en la costa –, los movimientos portuarios, la generación eléctrica, las pesqueras, la acuicultura y, más recientemente, la construcción de plantas desaladoras, entre otras actividades que generan una fuerte presión y disputa sobre este espacio geográfico tan extenso en Chile.

Sumado a las afectaciones humanas ya descritas, los efectos del cambio climático – como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia de marejadas, alteración de las precipitaciones, entre otros – están provocando una serie de impactos relacionados a la erosión de las playas y distintos tipos de afectaciones a ciudades costeras, que ponen en riesgo tanto a las personas como a los servicios ecosistémicos litorales.

Además, pese al carácter público que posee el litoral chileno y la mayor ocurrencia de fenómenos naturales como los descritos, actualmente se pueden evidenciar procesos de propietarización sobre la costa chilena, como sucede con los grandes proyectos inmobiliarios o con el desarrollo de la acuicultura de salmones en las regiones australes del país.

Por último, con el fin de superar la visión meramente normativa que hoy subyace al ordenamiento borde costero del litoral, se presenta una nueva configuración legal de la zona costera que pretende extender sus alcances hacia áreas continentales donde exista una comprobada interacción entre los ecosistemas marino-costeros y terrestres, estableciendo así tres grandes áreas: Borde Costero del litoral, Zona de Protección Costera y Zona de Influencia Costera.

Para la elaboración de los objetivos específicos de esta propuesta de Ley Marco, se realizó un análisis de legislación comparada en materia costera, donde se evidenció que textos normativos de países tales como España, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Uruguay y Cuba, consagran explícitamente objetivos que apuntan a determinar, delimitar y proteger de la zona costera, asegurar un acceso público y un uso equitativo y sostenible de esta, propender hacia una gestión integrada y coordinada de la costa, reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia de los sistemas costeros y su adaptación al cambio climático, entre otros.

Mejoras para la planificación costera

La Política Nacional de Uso del Borde Costero (PNUBC), aprobada en 1994, constituye hoy el principal instrumento de gestión y planificación costera existente, no obstante, posee un carácter únicamente orientativo respecto al rol estatal sobre el “borde costero del litoral”, encontrándose desfasada respecto tanto de compromisos internacionales suscritos por el país (por ejemplo, la Agenda 2030, el Acuerdo de París o el Marco de Sendai), como de legislaciones nacionales sectoriales con implicancias para la zona costera.

Según analizan los autores, debido a la deficiencia regulatoria antes mencionada, junto al relativo fracaso del principal instrumento de planificación –las Zonificaciones de Uso del Borde Costero (ZUBC)–, ha existido, en la práctica, una preponderancia de las legislaciones sectoriales al momento de definir el acceso, uso y ocupación del borde cordero, limitando un adecuado y efectivo ordenamiento sobre este espacio.

La ausencia de una legislación costera general o marco también se ha traducido en altos impactos ambientales en la costa, donde las denominadas ‘zonas de sacrificio’ y las vulneraciones de derechos humanos que se dan en ellas, producto de la contaminación asociada a una desproporcionada concentración industrial, constituyen uno de los ejemplos más patentes. Esto ha habilitado que múltiples industrias se emplacen en estos espacios como termoeléctricas, desalinizadoras, actividades inmobiliarias, salmonicultura, entre otras, a costa de la calidad de vida de sus habitantes y comunidades costeras, sin tomar en cuenta sus propias prioridades de desarrollo, economía local, usos tradicionales y dinámicas culturales”, señaló Christian Paredes, abogado de Fundación Terram, y uno de los autores del documento.

Enfoque y deberes del Estado respecto a la zona costera

Esta propuesta de legislación marco en materia costera, según explican sus autores, exigió incorporar ciertos enfoques y principios orientadores estrechamente vinculados con los objetivos del documento, que debieran observarse obligatoriamente por las autoridades públicas al momentos de aplicar esta ley, como un enfoque de gestión integrada, un enfoque ecosistémico, de reducción del riesgo de desastres, de interculturalidad, de coordinación y cooperación, de justicia ambiental, de participación y un principio precautorio.

El documento propone, asimismo, la consagración de ciertos deberes estatales específicos en relación con la zona costera, los cuales buscan orientar la actuación de los órganos públicos y el control judicial o administrativo sobre este territorio. Entre ellos, podemos encontrarnos con aspectos como la administración y custodia de los componentes naturales existentes en la zona costera; asegurar el acceso público y uso equitativo y sostenibles de todos los componentes de esta zona; preservar la integridad y restaurar los ecosistemas costeros frágiles o que tengan valor fuera de las áreas protegidas (como sitios de nidificación, corredores biológicos, entre otros); promover la educación y fomentar el desarrollo de investigación científica; entre otros.


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