Informe IPCC reafirma las conclusiones de expertos: Chile necesita una Ley de Costas

Un estudio del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), asegura que al menos el 86% de las playas chilenas en la actualidad están sufriendo una erosión importante, lo que se traduce en una reducción del ancho de las playas, daños al ecosistema, mayor exposición de la vida humana ante desastres naturales y, a su vez, una mayor exposición de la infraestructura costera. Ante ello, Codexverde consultó a dos expertos: ¿Cómo debiese ser una Ley de Costas en Chile?

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Créditos: Cigiden

“El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando”. Simple, directo y al hueso. Como una ola que bota un castillo de arena. Así se percibió en todo el mundo el último informe entregado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) el 9 de agosto pasado.

Entre las variadas conclusiones del informe, una de las que generó mayor alarma tuvo relación con el aumento del nivel del mar, el cual, según las proyecciones actuales, subiría entre medio y dos metros para el 2100. Esto, sin duda significará un peligro para las personas y los ecosistemas aledaños, y, por cierto, la desaparición o el desplazamiento de miles de ciudades costeras.

“Las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar a lo largo del siglo XXI, lo que contribuirá a la erosión costera y a que las inundaciones costeras sean más frecuentes y graves en las zonas bajas. Los fenómenos relacionados con el nivel del mar extremo, que antiguamente se producían una vez cada 100 años, podrían registrarse con una frecuencia anual a finales de este siglo”, detalla el informe.

En este contexto cabe preguntarnos: ¿Cómo afecta esto a las costas chilenas?, ¿Qué comunidades serán las más afectadas ante el inminente aumento del nivel del mar?, y ¿Cómo debiese ser una Ley de Costas en Chile?

La alarmante actualidad de las costas chilenas

Un estudio del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), asegura que al menos el 86% de las playas chilenas en la actualidad están sufriendo una erosión importante, lo que se traduce en una reducción del ancho de las playas, daños al ecosistema, mayor exposición de la vida humana ante desastres naturales y, a su vez, una mayor exposición de la infraestructura costera.

Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa

Respecto a la amenaza de vidas humanas, una de las mayores preocupaciones, según Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa e investigadora de Cigiden, tienen que ver con las comunidades que viven en campamentos establecidos en zonas costeras. Esto, por diversos factores: vulnerabilidad social, el material de las construcciones de las casas y el escaso acceso a servicios básicos, teniendo por resultado no solo el deterioro de ecosistemas marinos costeros por la presencia irregular de personas, sino que también una mayor exposición de vidas humanas ante los peligros relacionados al aumento del nivel del mar y a los tsunamis.

Al mismo tiempo, según un estudio exhibido por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto a varios investigadores a nivel nacional, llamado “Determinación del riesgo de los impactos climáticos en las costas de Chile”, el porcentaje de balnearios amenazados por la erosión se traduce a 65 playas, dentro de las cuales se encuentran con un grado de erosión moderado-alto: Pichilemu, Santo Domingo, Algarrobo y Hornitos. “Muchos litorales arenosos en Chile están afectados por una erosión sin comparación histórica. En los últimos cinco-seis años la erosión costera está afectando a un gran número de playas a nivel nacional”. Respecto a aquellas playas con erosión alta, la investigadora alerta que “retroceden más de metro y medio por año, para una escala de tiempo de 40 años que se utilizó en este estudio”.

La directora del Observatorio de la Costa Chile agrega que “de acuerdo al estudio de vulnerabilidad al cambio climático que se hizo para la costa chilena, donde el doctor Patricio Winckler hizo un estudio de dos años para analizar los componentes de: puertos, caletas, pescadores, playas y humedales; se sabe que el aumento del nivel del mar va a ser una amenaza en los próximos 10 a 15 años en gran parte de Chile, y esto va a depender en cómo interactúe el aumento del nivel del mar con los terremotos de subducción, que hoy son una amenaza latente e importante que tiene el país por su configuración geográfica”.

Finalmente, la Doctora en Geografía de la Universidad de Barcelona (España) sostiene que para enfrentar y mitigar al máximo los posibles daños ecosistémicos y humanos relacionados al aumento del nivel del mar, se debe promulgar una nueva Ley de Costas.

El conflicto legal costero en Chile

A lo largo del tiempo la costa siempre han sido un tópico dejado en el segundo plano en la discusión pública en Chile. Sin embargo, tanto su importancia económica para el crecimiento del país, siendo una de las principales vías de exportación y comercio hasta la actualidad, como por su riqueza ecosistémica y cultural, son argumentos más que propicios para comenzar un verdadero debate para la protección de estas.

Teniendo en cuenta el cambio climático, la subida del nivel del mar y la necesidad que existe a respecto al cuidado de la zona marítima, Ignacio Martínez, abogado de la Fundación Terram e investigador en Cigiden, asegura que “en realidad en Chile no existe una Ley de Costas, solo una política nacional de uso del borde costero de 1994, que entró en vigor al año siguiente”.

A esta ausencia de preocupación a nivel gubernamental, se suma la iniciativa impulsada desde el 2012 por el Poder Ejecutivo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, denominada “Proyecto de Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas” (Boletín Nº 8.467-2012), la cual estuvo cerca de aprobarse en 2019, lo cual finalmente no ocurrió, pero que sin embargo instaló la preocupación de diversos grupos de investigadores, quienes acusan en el proyecto una falta de preocupación por el ecosistema, nulas propuestas acordes al cambio climático, e inaceptables fortalecimientos de concesiones marítimas, atribuyéndoles a los titulares derechos de propiedad privada sobre espacios costeros.

A raíz de dicha preocupación, desde Cigiden, Fundación Terram y el Observatorio de la Costa, han unido esfuerzos para idear un proyecto que se anteponga a la iniciativa del Ejecutivo, denominada momentáneamente “Ley de Costas”, cuyo fin sería tener una visión más amplia, ecológica y sustentable del sector marítimo, buscando incluso que se le denomine “zona costera” y no “borde costero”, nombre utilizado históricamente en Chile para esta área. Al respecto, desde Cigiden, aseguran que están trabajando para una propuesta de proyecto de ley, y se espera tener dicho documento borrador a finales del 2021.

Pero, ¿cuál es la gran falta que comete el proyecto de ley del Ejecutivo?

Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram.

Ignacio Martínez señala que la ley propuesta por el Ejecutivo mantiene el concepto de “borde costero”, lo que a su juicio no ayuda en la protección de la costa y a sus variados ecosistemas. “Hoy nuestra regulación se basa en el concepto de borde costero, el que comprende un espacio muy limitado de lo que podríamos entender como costa, y no considera todos los procesos ecosistémicos que se producen en esta zona de interfase entre mar y tierra”.

En cambio, el abogado propone utilizar el término “zona costera”, la cual incluye una visión integrada de lo que es la costa, vela por el bienestar humano y sus comunidades frente al aumento del nivel del mar, y busca proteger el ecosistema. “Uno espera que uno de los elementos de la discusión central en la Ley de Costas es que se impulse la determinación de áreas de riesgo, que no deberían permitirse ciertas edificaciones o áreas verdes. Además, que se asegure la protección de ecosistemas claves para la mitigación de los impactos, como puede ser las dunas, o los humedales”, señala el abogado de la Universidad Portales.

En la misma línea, Carolina Martínez asegura que con el proyecto de ley del Ejecutivo se acentuaría el mal uso administrativo de la zona, por lo que Chile seguirá perdiendo playas, humedales costeros y campos dunares. “Esa propuesta termina quebrando muchas restricciones sobre los criterios para entregar concesiones y pone a disposición del modelo económico recursos que son de alto valor natural y cultural, y que son patrimonio de las comunidades, favoreciendo a la degradación que estamos viendo hoy, la que se está dando de una manera acelerada por una falta de gestión integrada de áreas costeras. Conservar hoy en día estos ambientes costeros es asegurar que estos recursos queden disponibles para futuras generaciones, que vamos a tener maneras de enfrentar el cambio climático y adaptarnos a estos escenarios complejos que se vienen”.

De acuerdo al documento de Cigiden, “¿Por qué Chile necesita una nueva ley de Costas?” (2021), en donde participaron Carolina Martínez e Ignacio Martínez, se destaca que los aspectos críticos del proyecto de ley del Ejecutivo son: carencia de perspectiva integral costera; ausencia de cuidados relacionados al cambio climático; dar un papel secundario a la planificación costera; no garantizar un buen proceso de concesiones; robustecer el derecho del titular sobre su concesión marítima, dándole atributos propios de propiedad privada; y por último, no haber hecho una consulta indígena.

Asimismo, plantean las siguientes bases de cara a un proyecto legislativo, con perspectiva ecológica y marítima: Enfoque de gestión integrada de áreas litorales (GIAL); principio de desarrollo sostenible; enfoque de cambio climático; reconocimiento de carácter público de la costa; principio de reducción de riesgos de desastres; principio participativo; y finalmente un enfoque ecosistémico de las costas.

Además, dentro de las recomendaciones que señalan los expertos, existe un enfoque especial en los pueblos originarios establecidos en zonas costeras en Chile. “De empujarse este nefasto proyecto de Ley de Administración de Borde Costero, así tal como está hecho, seguiríamos con una tremenda deuda histórica con los pueblos originarios. Han estado excluidos de las políticas públicas, y también de una protección de uso ancestral que les corresponde a ellos por derecho. Entonces, hay una necesidad de inclusión en el contorno normativo. El uso ancestral se relaciona con la protección de la zona costera, que hoy en día -sobre todo con estos recursos bioculturales-, son un pilar de lo que vamos a entender como zona costera. No es solamente un área física, o de recursos económicos, sino que también hay una valoración por el patrimonio cultural que han ido dejando todas las formas de ocupación ancestral y que actualmente están incluidos en la cosmovisión de los pueblos originarios”, enfatiza Carolina Martínez.

Experiencias internacionales y acciones locales

Para forjar un proyecto de ley acorde a las necesidades territoriales, Ignacio Martínez se ha influenciado de casos y leyes costeras internacionales, de la cual destaca una en especial. “Hay una normativa que es el caso de la Ley de Costas de Sudáfrica, que promueve en cierto sentido la conservación de estas, y hace un resguardo del dominio público costero, entendiendo que existe un carácter público de la costa, y que el Estado es responsable de garantizar su acceso y su uso en beneficio de toda la nación”.

Créditos: Observatorio de la Costa

En Chile, por su parte, también existen ejemplos municipales de cuidado costero que se alinean con lo que las diferentes organizaciones e investigadores de la costa buscan para un futuro marítimo sostenible en el país. Un caso es el de la Municipalidad de Valdivia, la cual en julio de este año ordenó la detención de seis proyectos inmobiliarios que se estaban llevando a cabo en la zona costera de la comuna, con el fin de proteger la selva valdiviana y el ecosistema. Estos proyectos paralizados habían pasado por la legislación como “agrícolas”, pero claramente no lo eran. Un segundo ejemplo es el ocurrido en agosto del presente año en la Municipalidad de Pichilemu, donde se declaró a Petrel como un humedal urbano protegido por ley, causando así su protección ante la amenaza del uso humano, y de presiones de inmobiliarias.

Por la vereda contraria se encuentra Concón, comuna que ha sido constantemente señalada en las últimas décadas por el abuso inmobiliario de sus costas y, por ende, de sus reconocidos campos dunares.

“Las dunas son barreras naturales también para eventos catastróficos como tsunamis y ante el aumento del nivel del mar. Concón es un ejemplo súper visible para ver cómo se ha depredado toda la zona costera central. Hay proyectos súper emblemáticos de lo que no hay que hacer en la costa. Todo el desarrollo inmobiliario y la cantidad de edificios que hay en esta comuna tienen un impacto no solamente ecológico, sino que también paisajístico”, señala Ignacio Martínez.

Sin embargo, hay luces de que esta situación cambie en el futuro en la comuna de la Región de Valparaíso. El 26 de julio del presente año, la Corte de Valparaíso paralizó la construcción de un edificio en Concón -prácticamente al lado de las dunas-, que llevaba 28 pisos terminados, por no poseer la autorización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este hecho puede sentar un precedente para las demás construcciones del sector, las cuales, de no contar con sus permisos ambientales correspondientes, no podrán finalizar sus obras.

Las medidas en Concón para contrarrestar el avance inmobiliario

El actual alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien asumió el 1 de julio del 2021, afirma a Codexverde que uno de los principales errores en la comuna históricamente ha sido la poca conciencia del cuidado ambiental y del borde costero. “Hoy día lo que nos queda es proteger el poco campo dunar que está disponible, que son las 30,1 hectáreas de santuario de la naturaleza y las 20,3 que están protegidas como áreas verdes”.

Freddy Ramírez, alcalde de Concón

“La Dirección del Medio Ambiente y la Secretaría de Planificación están elaborando un presupuesto para un planificación ambiental que permita el cuidado de nuestro patrimonio cultural y también ambiental. A ello, para el 2022 esperamos destinar importantes recursos para la gestión de costas”, afirma la máxima autoridad municipal de Concón, quien a su vez asegura tener planes de trabajo en conjunto con la comunidad y diversas ONG´s ambientales para proteger los humedales, el campo dunar y la zona costera.

Sin embargo, sobre la paralización de proyectos inmobiliarios en la zona costera, el alcalde sostiene que solo pueden actuar en aquellos casos en los cuales no se esté cumpliendo con las medidas y leyes actuales de borde costero, pudiendo fiscalizar, por ejemplo, que las ordenanzas y los permisos ambientales estén al día.

El documento de Cigiden es claro respecto a los ecosistemas que se encuentran más expuestos: El litoral arenoso, los humedales costeros y los campos dunares, los cuales en la actualidad no cuentan con una normativa de protección integrada. Considerando aquel elemento, expertos han reiterado que no basta con las actuales legislaciones que existen actualmente en Chile para proteger las zonas costeras, y, en este caso, los campos dunares y espacios como los que posee Concón. Es decir, la situación costera empeoraría bajo tres escenarios posibles: sin una nueva Ley de Costas; sin una ley alternativa que vele por el cuidado de la zona costera; y en el caso de aprobarse el “Proyecto de Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas”, tal como está planteado.

En resumen, teniendo en cuenta el inminente aumento del nivel del mar -según lo informado por el IPCC a nivel global y regional-, sumado al alto porcentaje de costas chilenas con una alta erosión, y la despreocupación histórica y legislativa respecto a la zona costera a nivel país, se entiende que lo alertado por especialistas es cada vez más cercano: Las costas en Chile correrán cada vez más peligro sin una legislación que considere el cambio climático como un eje central.


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