Marie Claude Plumer, titulada en la Universidad de Chile y máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Paris I-II Panthéon-Sorbonne, cuenta con estudios de especialización en Gestión Económica del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y un diplomado en Competencias Directivas Genéricas para la Alta Dirección Pública.
Así, con más de 29 años de experiencia y gran parte en la administración pública en el área ambiental, desde enero de este año dirige la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), teniendo la responsabilidad a nivel nacional de organizar y coordinar la fiscalización del cumplimiento de los instrumentos de carácter ambiental que establece la Ley Orgánica de este organismo.
En una entrevista con Codexverde, la autoridad compartió acerca de su papel en la institución y cómo enfocará su administración para tomar medidas como el fortalecimiento de ciertas estrategias y corrección de procesos.
Credibilidad de la ciudadanía
Es conocido que el titular con más resoluciones de calificación ambiental es el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, ¿cree que la SMA tiene la credibilidad suficiente en la ciudadanía para poder fiscalizar y sancionar a organismos públicos?
La SMA tiene el deber y el mandato legal de fiscalizar los distintos instrumentos de gestión ambiental a su cargo, sean sus titulares del mundo público o privado. Esto siempre lo hemos realizado.
A nivel de datos, tenemos que en manos de titulares estatales hay 1.405 unidades fiscalizables (que es la forma en la que la SMA organiza una instalación que puede tener varias RCA, normas de emisión, etc). Esto representa un 7,7% del total nacional. La mayoría de estas unidades son proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas y Plantas de Agua Potable.
Efectivamente el MOP es titular de 275 unidades fiscalizables, las que involucran 324 RCA. Esto corresponde a un 1,51% del total nacional de más de 17.500 RCA que fiscalizamos. Hemos iniciado procesos sancionatorios en casos de incumplimientos, con multas de 440 UTA en el caso de la Ruta D-705 Sector Illapel-Auco, Los Pozos (IV Región), también por el Embalse Ancoa y el Fuerte Corral de Valdivia.
A nivel de denuncias, sólo el 3% de ellas corresponden a unidades cuyo titular es el Estado o una empresa estatal.
Otras problemáticas
La Superintendencia del Medio Ambiente ha tenido un devenir importante en la historia ambiental del país en estos más de 10 años de existencia, con hitos como la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama o las multas de US$10 millones a Minera Lumina Copper por el proyecto Caserones. Mirando ahora hacia el futuro, ¿Considera que debería haber una estrategia por parte del organismo para concientizar a las empresas sobre el cumplimiento de lo comprometido en sus RCA y, así, evitar multas millonarias?
En estos diez años de existencia, la superintendencia ha trabajado dedicadamente para implementar todas las acciones necesarias que apunten a la protección del medio ambiente. Y en esa dirección quiero enfocar mi gestión, es decir, tengo un objetivo claro de fortalecer y generar una estrategia de cumplimiento ambiental de acuerdo con la realidad actual, con el nivel de exigencia de hoy, que permita enfrentar de mejor forma las contingencias y denuncias ciudadanas.
Cada autorización ambiental fija lo que deben cumplir las empresas, y en ese sentido la superintendencia seguirá cumpliendo su rol fiscalizador y sancionador cuando corresponda de acuerdo con lo que dicta la ley. Pero eso no basta. A lo que me refiero, y quiero ser clara en esto, es que tener la autorización no es suficiente, lo que deben hacer las empresas es cumplir lo establecido.
Dicho esto, quisiera agregar que cuando hay casos de incumplimiento se inician procesos sancionatorios que pueden terminar en multas o en Programas de Cumplimiento (PdC). Muchas empresas están optando por esta última vía. Lo relevante acá es que dicho instrumento (PdC) asegure cumplimiento ambiental y se ejecute satisfactoriamente.
En una segunda línea de acción, la SMA ha venido avanzando en mecanismos de evaluación de cumplimiento más dinámicos y donde la gestión de información de cumplimiento signifique que, por ejemplo, el comportamiento de una variable ambiental pueda ser seguido por los distintos interesados a través de plataformas con información pública.
En tercer lugar, vemos la gestión de incidentes ambientales. En ese sentido, la SMA ha estado tomando acciones preventivas -como medidas previsionales o urgentes y transitorias- para evitar que un incidente siga escalando y se ha obligado a los titulares a tomar acciones rápidas. Esto, sin duda, ayuda a que la comunidad sepa qué medidas deben tomar las empresas, con qué plazos, y esto ayuda a dar más información en procesos que por sí son complejos y delicados para la relación empresa-comunidad.
En resumen, movilizar el cumplimiento ambiental hacia el espacio preventivo como la mejor herramienta para la superintendencia. Ello, en una combinación efectiva entre el ejercicio de las potestades fiscalizadoras y sancionadoras.
Según un informe de Contraloría de 2021, se reveló la falta de personal en la SMA tras contar con tan solo 88 fiscalizadores, quienes deben inspeccionar a más de 17 mil empresas en todo Chile. ¿Cómo su administración se hará cargo de esta problemática?
Es conocida la necesidad que tiene la SMA de fortalecerse y contar con más personal. Para este 2023, la Dirección de Presupuesto nos otorgó un aumento de presupuesto de 8,2%, y 20 nuevos cupos para ampliar la dotación general de la Superintendencia, por lo que este año se llegará a 287 personas. Pero sabemos que las necesidades son mayores para una institución que está permanentemente exigida y que tiene un alto nivel de exposición. Por esa razón, creo fundamental que la Superintendencia se fortalezca no solo respecto de los recursos humanos, sino también en tecnología y a través de una posible modificación a la ley.
Quisiera agregar que frente a esta realidad estamos aplicando distintas estrategias de fiscalización. Por ejemplo, la fiscalización remota permitió a la SMA fiscalizar 1.700 Centro de Engorda de Salmones en 2022, revisando dos áreas clave: posicionamiento y producción, esto de la mano de un trabajo colaborativo con Sernapesca. En esa misma línea, es importante continuar fortaleciendo los lazos con los servicios públicos que son parte de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (Renfa), lo que nos permite contar con su experiencia y con las informaciones que nos proveen en el marco de sus inspecciones ambientales.
Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)
En 2014, la exPresidenta Michelle Bachelet ingresó al Senado el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Entre sus objetivos, se encuentran el crear una institución pública, que sería el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, radicado en el Ministerio del Medio Ambiente, con lo cual se completa la institucionalidad ambiental del país.
El proyecto fue aprobado por el Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados a las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura y Hacienda, y siendo finalmente aprobado el 24 de enero de 2023.
¿Qué desafíos implicarán para su administración la inminente promulgación de la Ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas?
Respecto del Proyecto de Ley que crea el SBAP, todos deseamos que pronto sea ley de la República. La protección de la biodiversidad es fundamental, más aún en la realidad de crisis ambiental en que nos enfrentamos. Espero que el proyecto de ley en tramitación establezca un sistema de fiscalización y sanción consistente y coherente con la actual institucionalidad ambiental. El capítulo asociado a esta materia ha sido muy poco intervenido durante la tramitación legislativa por lo quizás sea una materia para discutir prontamente. Lo relevante es construir modelos de fiscalización eficaces y eficientes, que logren el objetivo de disuasión y protección de los bienes jurídicos en cuestión.
