Auditores ambientales certificaron como sostenibles a empresas vinculadas a la deforestación

De acuerdo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), cerca de 50 empresas de la industria forestal han sido declaradas sostenibles, teniendo vínculos en la tala de bosques indígenas y prácticas no amigables con el medio ambiente.

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Al menos 48 firmas de auditoría ambiental en el mundo han declarado como sostenibles a cerca de 50 empresas de la industria de productos forestales, pese a haber cometido prácticas relacionadas a la tala de bosques indígenas y reservas protegidas, falsificación de permisos de explotación e importación de productos forestales conseguidos ilegalmente.

En un nuevo reporteo de más de nueve meses, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) -entidad reconocida por su trabajo como los Pandora y Panamá Papers- investigó a las firmas que certifican las supuestas buenas prácticas ambientales de las compañías madereras y agrícolas que operan en los bosques.

El equipo del ICIJ, conformado por más de 140 periodistas y 40 medios de 27 países -entre ellos Chile- examinó registros de inspección, datos de violaciones ambientales y documentos judiciales relacionados con empresas en al menos 50 países, y reveló que entre las auditoras ambientales que habrían cometido malas prácticas, están KPMG, SCS Global Services, SGS, Control Union, Tüv Rheinland e IBD Certifications.

Dentro de los resultados, el grupo destaca algunos casos de compañías que pese a tener sellos que garantizaban sus prácticas sostenibles, no cumplen con los estándares. Por ejemplo, una empresa brasileña de productos de madera que opera en la Amazonía afirmó que estaba “certificada con gran éxito” a pesar de haber sido multada 37 veces desde 1998 por almacenar y transportar madera sin documentación legal.

Hoy en día, a pesar que las certificaciones de sostenibilidad proporcionadas por organismos privados no son un requisito legal, se han convertido en prácticamente imprescindibles para las empresas que comercializan, producen o utilizan madera y otros productos asociados con la deforestación.

Estas entidades dependen de firmas de auditoría ambiental externas para examinar a los clientes y certificar que las empresas de productos madereros, los productores de aceite de palma y otros cosechan de manera responsable y no utilizan materiales relacionados con la tala ilegal y otros delitos ambientales.

El caso de Chile

En la investigación también nombra a Chile, donde acusa que una firma forestal japonesa obtuvo madera de proveedores que utilizaron documentos que contenían información falsa sobre el origen de esta materia prima.

De acuerdo a la cuenta de Twitter de la fundación periodística chilena sin fines de lucro LaBot, que forma parte del grupo de investigación transfronterizo, próximamente se publicará, como parte del reporte, un capítulo que aborda el caso específico de Chile en torno a las certificaciones sustentables.

Fallas en la industria

Una de las principales causas que atribuye el estudio a estas prácticas, es una desregulación de la industria de auditoría ambiental. “La auditoría ambiental difiere de su contraparte altamente regulada, la auditoría financiera tradicional, y se rige por muchas menos reglas y pautas”, señala el documento.

Dentro de las organizaciones internacionales que entregan estos certificados sostenibles a las compañías madereras, el reporte menciona a Forest Stewardship Council (FSC) y el Programa para el Reconocimiento de la Certificación Forestal (PEFC).

Según el reporte, en los últimos años, la reputación de ambos se ha visto empañada por la falta de transparencia en sus procesos de auditoría y certificación, escándalos que involucran a clientes certificados, alegaciones de conflictos de intereses y falta de supervisión de los auditores afiliados.

La investigación alerta que “a medida que más marcas se mostraron dispuestas a pagar por certificaciones ecológicas, ambas organizaciones relajaron sus estándares y el proceso se volvió menos efectivo”.

Además, el grupo advierte que en esta temática falta una mayor participación de los gobiernos para prevenir prácticas relacionadas al lavado verde de imagen y que cuenten con mejores legislaciones para regular adecuadamente la tala de bosques.

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