El Comité de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó en julio de 2022 la modificación al Reglamento de Movimiento Transfronterizo de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, con lo se buscaría adecuarse al Convenio de Basilea, ratificado por nuestro país en 1992. No obstante, esta regulación ha generado diversas reacciones debido al eventual impacto ambiental del cuerpo normativo que está ad portas de convertirse en ley.
En ese sentido, la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente (AEPA) presentó un informe en el que analiza las principales modificaciones de la normativa y los cambios que se generarán en la gestión de residuos actual, considerando las brechas y desventajas vinculadas a tecnología, fiscalización, trazabilidad y criterios para la definición del manejo ambiental racional.
Para su investigación, la AEPA solicitó información a las principales instituciones públicas a cargo de autorizar, administrar y registrar a las empresas dedicadas a la gestión de residuos peligrosos tanto en actividades como el transporte, almacenamiento, tratamiento y valorización de estos materiales: ministerios del Medio Ambiente y de Salud, Servicio Nacional de Aduanas y Policía de Investigaciones.
Revelaciones
Uno de los hallazgos del estudio evidencia que “el Estado no cuenta con un adecuado sistema de registro, trazabilidad y contabilidad de datos de las operaciones de manejo de residuos peligrosos y tampoco dispone de la centralización de la información que permita elaborar políticas certeras y acordes a la realidad del país.
Otro de los puntos preocupantes para la asociación se relaciona con el porcentaje de fiscalización de residuos peligrosos y no peligrosos exportados. De acuerdo con el estudio, la Dirección Nacional de Aduanas señaló que para los primeros no se realiza una revisión física por razones de seguridad, sino que se aplica una revisión documental a través de antecedentes visados por el Ministerio del Medio Ambiente. En tanto, para los residuos no peligrosos (que ingresan en la gestión de riesgos normales para todo tipo de mercancías, lo que incluye revisiones documentales, físicas y escáner) tienen un porcentaje promedio de revisión de un 2,5% durante el 2022, lo que revela un bajo control de fiscalización en comparación otros países desarrollados.
Dado este y otros antecedentes, AEPA plantea que el reglamento contradice el Convenio de Basilea y las políticas de economía circular que impulsa el gobierno, pudiendo generar un debilitamiento de la capacidad de reciclaje nacional, lo que en concreto pondría en riesgo el cumplimiento estricto de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor y los acuerdos internacionales adquiridos por el Estado de Chile.
“El estudio que realizamos evidencia que en Chile existe capacidad técnica necesaria para tratar adecuadamente estos materiales, por lo que el transporte de estos residuos contribuiría a aumentar la huella de carbono del país, fomentando una práctica que va en contra de otras de las políticas ambientales que impulsa el gobierno”, puntualizaron desde AEPA.
Asimismo, enfatizaron en la necesidad de que “exista una herramienta internacional de registro, trazabilidad y contabilidad que sea enmarcada o refleje, respalde, registre y lleve la trazabilidad de una operación internacional del país de origen y el país de recepción, a través de un organismo que informe de manera transparente el tipo de residuo, sus características, cantidad, estado de origen, órgano de estado que lo autoriza y la empresa que lo gestiona y valorice”.
Descarga aquí el informe: «Estudio técnico sobre las implicancias de aprobación de la nueva versión del reglamento de movimiento transfronterizos de residuos».
Equipo técnico: Cristian Rojas, Paula Cifuentes, Laura Ramírez y Alicia León.
