En un mundo donde los productos parecen diseñados para fallar, el «derecho a reparar» emerge no solo como una necesidad técnica, sino como un imperativo ético frente a la crisis climática. Este derecho propone un cambio de paradigma en la forma en que nos relacionamos con los objetos: pasar de la lógica del descarte a una cultura del cuidado, la reparación y la sostenibilidad.
La urgencia de este cambio se sustenta en la evidencia: solo en 2019 se generaron cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos, de los cuales apenas el 17% fue reciclado (Right to Repair, 2021). Mientras tanto, estudios demuestran que extender la vida útil de productos cotidianos puede tener un impacto significativo. Por ejemplo, alargar un año la vida útil de los teléfonos móviles evitaría la emisión de 2,1 millones de toneladas de CO2 anuales (Right to Repair, 2021).
Esta transformación se enmarca en los principios de la economía circular, cuyo objetivo es eliminar el concepto de desecho mediante la reparación, reacondicionamiento y reutilización (Hernández, Miranda, Mendoza & Goñi, 2020).
El proyecto de ley sobre derecho a reparar —basada en estas ideas— busca modificar la Ley N° 19.496 para consagrar el acceso a la reparación como un derecho del consumidor, incluso fuera del periodo de garantía. También obliga a los proveedores a garantizar piezas de repuesto durante diez años y a facilitar información clara sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos.
Este marco normativo no es nuevo a nivel internacional. Francia, por ejemplo, implementó desde 2021 un índice de reparabilidad obligatorio que informa al consumidor cuán fácil es reparar un producto, mientras que la Unión Europea adoptó en 2024 una directiva que obliga a los fabricantes a ofrecer reparación incluso fuera del periodo de garantía legal (Right to Repair, 2022). Estas medidas tienen un doble efecto: empoderan a las personas consumidoras y presionan a la industria a rediseñar sus productos de manera sostenible.
Chile, si bien ha avanzado en reconocer estos temas en su “Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040” (Ministerio del Medio Ambiente, 2019), aún carece de una legislación que obligue a reparar. Es necesario que esta hoja de ruta se traduzca en normas vinculantes y con incentivos claros para todas las partes del sistema: fabricantes, reparadores, gestores de residuos y ciudadanía. Tal como señala la propuesta de ley, integrar consideraciones ambientales en el diseño, etiquetado y durabilidad de los productos es clave para disminuir sus externalidades negativas (MMA, 2017).
Además, el derecho a reparar no puede entenderse como una simple extensión de la garantía legal. Es un derecho con implicancias sociales, económicas y ecológicas, que apunta a redefinir nuestra relación con el consumo y a fortalecer una ética de la suficiencia. Su implementación en Chile permitiría reducir la obsolescencia programada, crear empleos locales en el sector de reparación y disminuir la presión sobre nuestros ecosistemas.
Así como el Protocolo de Montreal (1987) o el Convenio de Estocolmo (2004) marcaron hitos en la lucha ambiental a nivel global, hoy el derecho a reparar puede convertirse en una herramienta concreta de acción climática en el ámbito doméstico. Su materialización legal, sin embargo, dependerá de una voluntad política clara y de una ciudadanía consciente, capaz de exigir que la reparación no sea un lujo ni una excepción, sino un derecho garantizado.
