Cuenta presidencial y desafíos ambientales

El camino hacia una visión de Estado moderno con economías no contaminantes es fundamental para el respeto de los Derechos Humanos y al derecho a vivir en un medio ambiente sano con un criterio territorial.

Créditos: Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
Créditos: Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Hace pocos días, el 1 de junio, durante más de tres horas, el Presidente Gabriel Boric dio su Cuenta Pública sobre las acciones desarrolladas durante sus primeros 14 meses de gobierno y esbozó las prioridades de su gobierno para el futuro próximo. En este contexto, y en ocasión del Día del Medio Ambiente, queremos destacar y valorar algunos avances, pero también las tareas urgentes pendientes.

En el ámbito de la conservación, mitigación y protección ambiental, destacamos la creación de 16 nuevas áreas protegidas que contemplan casi 400 mil hectáreas, el trabajo que se ha realizado para avanzar en la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y asimismo la voluntad de ejercer un liderazgo en la implementación del Tratado de los Océanos, ofreciendo como sede a la institucionalidad que estará a cargo de dicha convención.

Valoramos el apoyo a la agricultura tradicional con beneficios directos para los productores rurales, y el apoyo a la conservación de las semillas que forma parte de la estrategia nacional alimentaria y los 39 nuevos sistemas de Agua Potable Rural y otras medidas compatibles con el tema ambiental, como la Ley de Fomento de Riego sólo para pequeños y medianos agricultores para apoyar la eficiencia del uso del agua.

Lo mismo creemos del Royalty Minero que es un gran avance para la justicia social y territorial, ya que existirá mejor distribución de recaudación fiscal para comunas mineras, pero es necesario que empresas que han generado daños ambientales y de salud aporten con medidas de remediación y reparación. Contempla tres fondos para 302 comunas de todo país, de los cuales 32 tienen mineras en sus territorios. Esto va a significar que ese beneficio se distribuirá y fortalecerá a las regiones más pobres. Es un gran avance en justicia social y territorial, ya que permitirá acceder a beneficios por la extracción de un bien natural común que es de todos, y a la vez compensará a los territorios donde se ha generado y genera impacto ambiental.

Sólo como recordatorio, no debemos perder de vista que todas las medidas que se adopten deben formar parte de una Hoja de Ruta para enfrentar la crisis climática y ecológica con la que Chile se ha comprometido a nivel internacional, y que se ha producido principalmente por el uso masivo de combustibles fósiles en la era industrial y la sobreexplotación de la naturaleza en nombre del crecimiento económico, cuyos beneficios han llegado a los países más industrializados. Los desafíos en este punto deben estar en línea con revertir el calentamiento global y frenar el aumento de la temperatura en 1,5°C.

Bajo el título de Transición Energética Justa el Presidente Boric dio cuenta de la creación de un Comité Interministerial para llevar adelante esa tarea y destacó el reciente cierre de la Fundición Ventanas de Codelco en Quintero/Puchuncaví (una mega fuente de contaminantes locales y de CO2), con 40 medidas de remediación, además del pronto cierre de  la termoeléctrica Ventanas 2, una de las cuatro carboneras que mantiene la norteamericana AES en la misma zona de sacrificio, y cuyo compromiso de cierre está atrasado desde mediados de 2023.

Valoramos el interés de avanzar en esa línea, pero creemos que las medidas señaladas, tanto en litio como en hidrógeno verde, son insuficientes aún, ya que en el caso del litio, una empresa nacional es el piso mínimo para avanzar en un modelo sostenible y que proteja nuestros recursos naturales. Para el hidrógeno, en tanto, creemos que su implementación requiere un nivel de inversión altísimo, en comparación con lo que implica invertir en energías limpias como la solar y eólica, que ya están en pleno desarrollo y cuya demanda sigue en aumento. Un estudio de Ember sobre descarbonización, señala que las energías renovables (a fines del 2022) superan al carbón en Chile. En ambos casos será fundamental garantizar la participación de los territorios en las decisiones que se adopten.

Desde nuestra perspectiva, llegar con un 60% de energías renovables a la matriz energética, empujará el cierre de las carboneras (aún hay 14 de ellas que no tienen fecha de cierre). Creemos que el proyecto de ley que aumenta la participación de las energías renovables en la matriz energética, tendrá también un impacto positivo. Lo mismo creemos respecto de la Ley de Almacenamiento que es fundamental para la descarbonización, ya que es necesario terminar con el vertimiento de generación renovable y descongestionar las redes de transmisión.

Este marco regulatorio permitiría reducir las emisiones de CO2, cumplir los compromisos climáticos, llegar a la carbono neutralidad al 2040, reducir la contaminación local, cumplir con los planes de descontaminación y terminar con las zonas de sacrificio. Esto es fundamental, ya que un 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energía (generación, transporte, industria, edificación, etc).

Entre los desafíos está avanzar en políticas públicas hacia la descarbonización protegiendo la biósfera, verdadero sostén de la vida. Para ello, todos los actores, especialmente los ministros y las empresas, deben ocuparse de cumplir con las medidas necesarias. Es importante que estemos alineados, y coincidimos en que la hoja de ruta en materia ambiental y energética de Chile debe estar más allá de los gobiernos de turno y las ideologías. El camino hacia una visión de Estado moderno con economías no contaminantes es fundamental para el respeto de los Derechos Humanos y al derecho a vivir en un medio ambiente sano con un criterio territorial. Además de todas las mesas que ya existen, necesitamos una mesa vinculada a la territorialización del país. Si esto no avanza no llegaremos a tiempo.

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