Hoy la humanidad enfrenta una pandemia, debido a un virus transmitido desde otros animales por sobrexplotación de ecosistemas, y que ya ha provocado cientos de miles de muertes y, simultáneamente, enfrenta cambios climáticos a consecuencia del calentamiento global, a raíz de la quema de combustibles fósiles durante poco mas de un siglo. Ambos fenómenos causados por la forma y patrones de la accion humana sobre la naturaleza y el medio ambiente y posibles, aunque difíciles de revertir mediante cambios en la política y la economía desarrollada por la especie humana.
La destrucción de biodiversidad en el planeta que habitamos y el calentamiento global de la atmósfera que sostiene la biosfera, han generado el punto de quiebre en que nos encontramos, pues ambos impactos siguen siendo ignorados por los actores que conducen la economía y las políticas públicas. Hay mucho discurso y pocas acciones.
Sobre ambos asuntos existe abundante información científica, habiendo convenciones internacionales desde 1992, miles de funcionarios a nivel nacional e internacional, innumerables cumbres, pero grave inacción e incumplimiento de compromisos.
Las organizaciones ciudadanas y la comunidad científica llevan décadas informando, alertando, demandando, marchando, pero una pequeña y poderosa élite mantiene el statu quo, a pesar de todos los impactos y las evidencias. La deforestación y extinción de especies, continua hasta los limites de generar la actual pandemia, y los compromisos de revertir el calentamiento global han sido cambiados, limitándolos a evitar que la temperatura suba mas de 2 grados; y los compromisos para esa insuficiente meta no se han logrado. La Convención contra el Cambio Climático está fracasando; los científicos proyectan un calentamiento de 3 o 4 grados y el infierno que ello significa: mega incendios como los ocurridos en Australia y el Amazonas, megasequías, eventos extremos, inseguridad alimentaria, migraciones y graves conflictos sociales y políticos.
En este contexto, hoy conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, mismo día en que se aprobó la resolución que permitió crear el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA, institucionalidad que ha celebrado las cumbres del medio mmbiente mundial y establecido las convenciones para abordar el cambio climático, la perdida de biodiversidad y la desertificación, fenómenos en su mayoría generados por nuestra especie. Pero 50 años de política e institucionalidad ambiental en los países industrializados, y por 30 años en países como Chile no han logrado dar respuestas adecuadas y al nivel de los desafíos
Chile ya está viviendo una avant premier de aquello. La sequía es un fenómeno que ya se prolonga por una década en el centro del país y hace más tiempo en las regiones del norte. Tenemos decretos de escasez hídrica en la mayor parte de las comunas. Se decretó emergencia agrícola entre Atacama y el Maule, los embalses para generación eléctrica y agua potable están vacíos o con grave déficit; y nuestra economía depende de un patrimonio ambiental que continúa degradándose. Se prevé que la inseguridad hídrica agrave la inequidad social y que junto a la crisis económica generada por la pandemia, hagan muy difícil mantener una estabilidad política.
Las organizaciones ciudadanas de interés publico hemos generado propuestas y llamado a los sucesivos gobiernos y, ciertamente, a la actual administración, a realizar las transformaciones para adaptar a la sociedad chilena a los cambios climáticos, abordar la inseguridad hídrica, restaurar bosques, humedales y cuencas; y revisar el ordenamiento y planes de desarrollo regional y las políticas públicas para hacerlas compatibles con los desafíos del cambio climático. Los avances son tímidos, y las leyes claves son explícitamente pospuestas o bloqueadas. Así llevamos casi una década presionando para continuar con la tramitación de la reforma al Código de Aguas y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y 14 años tratando de proteger los glaciares mediante seis proyectos de ley que han sido persistentemente bloqueados, sólo por nombrar algunas áreas criticas de la política publica de las que depende la seguridad hídrica del país.
Hoy estamos en un punto de quiebre y podemos salir peor o mejor. Depende de donde se pongan las prioridades en las políticas de protección social y reactivación económica. Por eso hemos llamado al gobierno a no seguir con más de lo mismo, sino que en las medidas de reactivación económica se invierta los dineros públicos en creación de empleos, en proyectos que aseguren el agua potable y saneamiento a toda la población; que concedan viviendas a todos los campamentos o tomas que carecen de ellas; que convoque a la gestión integrada y participativa de las cuencas de nuestros ríos para que se desarrolle obras consensuadas, y así proteger la cuenca y permitir el acceso al agua a todos los sectores; que aborde el desafío de la energización y desarrollo del sector rural, y la economía campesina para mejorar su bienestar y evitar la migración; que priorice la conexión entre la ciencia, tecnología y los desafíos nacionales, y no sólo para hacer más competitivos a los sectores exportadores. En conclusión, abordar los retrasos en los derechos socioambientales de la población y los vacíos del desarrollo nacional que ha dejado tan en evidencia este pandemia.
