Acuerdo de Escazú: urgencias y reparos que rodean a la firma del tratado

En un nuevo aniversario del Día del Forjador Ambiental, temas como: los derechos humanos de los ambientalistas, la no firma del Acuerdo de Escazú en Chile, y las razones a favor y en contra de esta decisión que ha tomado el gobierno, surgen de manera inmediata. En esta línea cabe preguntar, ¿por qué Chile aún no firma Escazú?, ¿los derechos humanos de los ambientalistas están siendo debidamente protegidos en la actualidad en el país?

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Créditos: ChileSustentable

En septiembre de 2021, la ONG internacional que vela por el no abuso de los recursos naturales y los derechos humanos, Global Witness, entregó la cifra acumulada de defensores del medio ambiente asesinados a nivel mundial. Si en el 2012 la cifra de asesinados fue de 147, en el 2020 esta cifra se incrementó a 227. Sin embargo, desde el informe señalan que sus cifras “no reflejan la verdadera dimensión del problema. En algunos países la situación a la que se enfrentan estas personas es difícil de medir. Las restricciones a la libertad de prensa, así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro”.

En tanto, el documento volvió a declarar un año más a Latinoamérica como la región más afectada, concentrando tres de cada cuatro de estos ataques a nivel mundial. Más de un tercio de estas agresiones se relacionaron con la explotación de recursos forestales, mineros, o del sector de la agroindustria. Es más, de acuerdo con datos entregados por Global Witness, la región latinoamericana acumuló 148 asesinatos a activistas en el 2019.

En este contexto, dicho informe señala que existe una buena noticia de cara a la mitigación de esta violencia en contra de los defensores del medio ambiente: los avances en la región gracias al Acuerdo Escazú. Este compromiso, el cual tiene por objetivo facilitar el acceso a la información pública, promover la participación ciudadana en políticas ambientales y proteger los derechos humanos de los defensores ambientales de América Latina y el Caribe, entró en vigor el 22 de abril de este año. Los estados que ratificaron el acuerdo son 12: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.  

No obstante, nuestro país aún no firma dicha propuesta que, paradójicamente, impulsó junto a Costa Rica hace seis años atrás. Es por esta razón que surge la pregunta en Chile, ¿Qué ataques a defensores del medio ambiente han existido o pueden seguir existiendo ante la no firma de este tratado?

Casos de ambientalistas amenazados en Chile

Como se señaló anteriormente, una de las razones esenciales tras la búsqueda de que Chile firme Escazú tiene relación con la protección de los derechos humanos de los ambientalistas. El acuerdo genera que exista un marco jurídico de protección, garantizando -para aquellos países que son parte de este, tanto en América Latina como en el Caribe-, una defensa excepcional de los derechos humanos de los activistas, los cuales se han visto y se siguen viendo amenazados en la región.

En el caso de Chile, en el último tiempo diferentes organizaciones han señalado que las amenazas de muerte y los ataques en contra de ambientalistas han ido en aumento. Según la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental (AIDA), en octubre del 2019, sobre todo luego del estallido social, las amenazas y ataques en contra de estas personas aumentaron sustantivamente.

En esta línea, la ONG FIMA ha hecho una constatación en donde remarcan que hubo a lo menos cinco casos emblemáticos en los que se ha amenazado a defensores del medio ambiente entre 2019 y 2020, por razones como criticar al ministro de Agricultura, Antonio Walker, por el uso de aguas, denunciar la contaminación en bahías, entre otros. Los ambientalistas amenazados fueron Rodrigo Mundaca (Modatima), Andrea Rojas (Red Feminista Chañaral), Gabriela Simonetti (Alerta Isla Riesco), Rafael Sotomayor (Fundación Biosfera Mía) y Katta Alonso (Mujeres en Zonas de Sacrificio). En tanto, en lo que respecta al 2021, los activistas que recibieron amedrentamientos por criticar las forestales, zonas de sacrificio, la minería y defender el agua fueron: Uriel González (excandidato constituyente), Marcela Nieto (activista ambiental de Quintero), Michael Lieberherr (estudiante de periodismo Universidad de Chile), Verónica Vilches (Modatima) y Diego Ovalle (Antuko Resiste).

Infografía sobre ataque a Uriel González. Créditos: ONG FIMA

A estos casos, se suman aquellos en los cuales ambientalistas han muerto en circunstancias, al menos, dudosas. Entre estos, uno de los acontecimientos más emblemáticos fue el de Macarena Valdés, en 2016, en donde se había declarado que su muerte fue un suicidio, hecho que luego fue desmentido por las investigaciones. En efecto, su familia apunta a que fue un asesinato en el contexto de la defensa que estaba realizando Valdés de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, contra un proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global.

Gabriela Burdiles. Créditos: ONG FIMA

Frente a ese hecho, Gabriela Burdiles, directora de proyectos y abogada en la ONG FIMA, señala que las muertes de Macarena Valdés, Nicolasa Quitremán de Alto Biobío (2013) y Alejandro Castro de Quintero-Puchuncaví (2018) “sucedieron en un contexto de defensa contra una empresa, y han sido de notoriedad pública porque las causas de fallecimiento no han sido claras. Si bien no se pueden inculpar directamente a una persona u empresa, sí suceden en un contexto de defensa e inseguridad”.

Burdiles agrega que “el hecho de que no exista una sentencia en estos casos es preocupante, porque a lo que apunta el Acuerdo de Escazú es que tengamos condenas, investigaciones, pruebas, y que se faciliten esos procesos, y que estas personas-involucradas en la defensa del medio ambiente-, puedan tener acceso a abogados. De esta forma, las comunidades no quedarían con la duda de si efectivamente fueron asesinados, o tuvieron alguna relación con las empresas contra la cual estaban luchando”.

Según la abogada, la firma del tratado cuenta con el respaldo de 130 organizaciones ambientales. “Por las cifras y datos que manejamos, es preocupante que no tengamos ningún marco regulatorio y ninguna política de protección para que estos defensores puedan ejercer sus actividades en un entorno seguro, tal como señala el Acuerdo de Escazú”. A raíz de lo anterior, Burdiles señala que con el fin de proteger a los ambientalistas, “ONG FIMA está llevando a cabo una campaña de protección de defensoras y defensores ambientales en los últimos meses, que ha comenzado con la visibilización de casos de amedrentamiento”.

DD.HH. de los ambientalistas y la importancia de Escazú

En este contexto, en el que Latinoamérica es la región del mundo que más amenazas y asesinatos acumula en contra de los defensores, la suscripción de los estados al Acuerdo de Escazú es indispensable de cara a la protección de los derechos humanos, según un gran número de autoridades políticas, entre ellas: Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica.

Valentina Durán. Créditos: Valentina Durán

Además de autoridades políticas, personas especializadas en el tema, como Valentina Durán, abogada y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile – quien estuvo en 2018 cuando se adoptó el tratado por las naciones- también destaca la urgencia de que Chile firme Escazú. “Sobre la situación de los defensores ambientales o de derechos humanos, este es un tipo de víctima que no ha sido visibilizado en nuestro país, a pesar de que hemos descubierto que existen testimonios y casos de amedrentamientos de distinto tipo. Ser parte del Acuerdo de Escazú, permitiría a Chile visibilizar esta realidad, y emprender un plan de acción para su debida protección. En ese plan, distintas instituciones podrían verse involucradas, desde luego todas aquellas con competencia en asuntos ambientales, fiscalías, policías, etc”.

 En la misma línea, Durán señala que tiene constancia de casos de amenazas y amedrentamientos en donde los derechos humanos de los ambientalistas se han visto desprotegidos, gracias a “estudios como los que ha hecho la Defensoría Ambiental, y en particular un estudio que hicimos con los estudiantes y ayudantes de la Clínica de Derecho Ambiental y Solución de Conflictos, de la Universidad de Chile que está pronto a su publicación”.

Clemente Pérez. Créditos: Clemente Pérez

Sin embargo, dentro de la esfera político-legal chilena, no todos ven la situación de la misma manera. Clemente Pérez, abogado, exsubsecretario de Obras Públicas y expresidente del Metro de Santiago, tiene una mirada opuesta a la de Durán respecto al vínculo entre la urgencia del tratado y la garantía jurídica de la protección y seguridad de los ambientalistas. “Los derechos humanos hoy día están reconocidos para todos los hombres y mujeres, incluidos los ambientalistas. Soy partidario de que se apruebe Escazú porque mientras existan más reconocimientos de los derechos humanos, mejor. Pero al menos en Chile no siento que los ambientalistas estén desprotegidos”, afirma Pérez.

Acuerdo de Escazú: urgencias y reparos

Volviendo en el tiempo, el Acuerdo de Escazú se impulsó en 2018 por la CEPAL, más específicamente gracias a Chile y a Costa Rica, tras cuatro años extensos de negociaciones. Pero, considerando que ya han pasado tres años desde la firma oficial para el inicio de este acuerdo, la entrada en vigor en 2021 de este mismo, y la urgencia de la firma de este tratado según la visión de especialistas y autoridades, se reitera la pregunta: ¿Cuáles son las principales razones para firmar o no este acuerdo? Y si están todos de acuerdo en los beneficios del acuerdo, ¿Qué justifica la demora?

La directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile apunta a tres razones primarias tras la urgencia de la firma de Chile. Primero, “el Acuerdo de Escazú es un tratado pionero en beneficio del medio ambiente, la equidad y los derechos humanos, en un contexto en el que está cada vez más establecidas las relaciones entre derechos humanos y medio ambiente”. Segundo, “es un acuerdo necesario para los gobiernos que están comprometidos a enfrentar la crisis ambiental y climática. La acción climática no se puede desarrollar de manera efectiva si no es con acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales”. Y en tercer lugar, es un acuerdo histórico, que goza de una amplia legitimidad, porque además fue negociado con participación del público. En el caso de Chile, los distintos sectores de la sociedad fueron informados e invitados a conocer la posición que ocupaba en el país en estas negociaciones, y por otra parte es importante señalar que los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia ambiental son derechos humanos que son necesarios para hacer posible el ejercicio de otros derechos como el derecho a un medio ambiente sano”, concluye Durán.

En el otro lado de la vereda, el abogado Clemente Pérez, quien, si bien está a favor de firmar el Acuerdo de Escazú, no le ve mayor urgencia. En este contexto, entrega tres razones por las cuales entiende los reparos y el no compromiso del gobierno en este tratado: “En primer lugar yo soy partidario de que se apruebe, pero creo que no nos va a cambiar la vida, no es algo urgente necesariamente, pero si es consistente con que seamos un país que está bien calificado ambientalmente al menos en el continente. Tenemos una legislación moderna que incorpora periodos de consulta y participación ciudadana en todo orden de cosas: Normas de emisión, normas de calidad, planes de descontaminación, sistemas de impacto ambiental”. En segundo lugar, es importante entender las dificultades de firmarlo. Hay algunos principios que no son tan complicados, pero hay otros principios que sí pueden ser complicados. Por ejemplo, el principio de no regresión, el cual es un principio que sería bueno definirlo. El principio precautorio, es un principio bastante polémico en Chile y está incorporado en algunas legislaciones, pero no hay una definición pacífica del principio precautorio, al menos de aplicación general no hay una definición en la ley de bases de medio ambiente. También el principio pro-persona. De hecho, la convención constitucional estuvo discutiendo este principio álgidamente la semana pasada, entonces, ¿qué quiere decir? ¿que si firmamos Escazú se acaba la discusión? Desgraciadamente Escazú dice que aplica algunos principios, pero no los define, entonces eso yo lo veo como una debilidad de Escazú”, enfatiza Pérez.

La tercera razón por la cual el expresidente de Metro de Santiago considera que no es urgente firmar el acuerdo, hace relación con que se “debe buscar un acuerdo amplio que te permita aprobar Escazú y al mismo tiempo hacer algunas modificaciones legales que son bastante consensuadas, en que son modificaciones que ayudarían a tener un esquema de evaluación y de aprobación más simple”.

A pesar de las diferencias que existen entre las posiciones de Valentina Durán y Clemente Pérez, ambos coinciden en un punto en específico: la excusa de no firmar Escazú debido a una supuesta pérdida de soberanía no tiene sentido.

El Presidente Sebastián Piñera, señaló el pasado 4 de octubre sus razones tras la no firma de Escazú. “Parte de este tratado puede ser autoejecutable, es decir, pasa por encima de la ley chilena. Todo lo bueno que está en Escazú hay que incorporarlo en la legislación chilena, donde podemos nosotros darnos nuestras propias reglas, procedimientos que garanticen la protección del medio ambiente. Ustedes saben que la combinación de Escazú con el pacto de Bogotá puede significar que países vecinos nuestros podrían llevar a Chile directamente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por temas relacionados al medio ambiente. Por eso, como Presidente de Chile- y este tema lo hemos analizado y discutido- hemos determinado que el tratado de Escazú no es favorable a los intereses de Chile y por eso no lo he firmado”.

Según especialistas, la interpretación que ha tenido el gobierno sobre artículo 11 del Acuerdo de Escazú, llamado Cooperación, en su punto 2, que señala que los estados han de tener una especial consideración con los países en desarrollo sin litoral, es un error de interpretación garrafal. En este sentido, la abogada Valentina Durán, respecto a la supuesta amenaza a la soberanía chilena y el carácter autoejecutable del tratado, afirma que “eso no es efectivo, y eso se entiende de la sola lectura del artículo 19 del Acuerdo de Escazú que establece una fórmula escalonada de solución pacífica de controversias. Si llegase a haber unas controversias entre las partes, respecto de la aplicación del acuerdo, estas deben tratar de negociarlo. Luego las partes cuando firman ratifican, o en cualquier momento pueden manifestar por escrito el depositario si es que aceptan considerar obligatorio someter cualquier controversia que exista a la Corte Internacional de Justicia o arbitraje, es decir, es facultativo”.

Por su parte, el abogado Clemente Pérez coincide en que no es efectivo que Chile pierda soberanía al firmar el acuerdo. “Creo que fue un desacierto de los negociadores, haber incluido y permitido que estableciera una cláusula de colaboración con aquellos países que no tienen acceso al litoral. Victimiza a Bolivia. Es un error de política internacional, seguramente faltó participación de la Cancillería en esa negociación porque es evidente que hubo un país como Chile no puede estar de acuerdo en firmar una clausula en que se victimiza a un país que no tiene acceso al litoral, porque es una clara señal de apoyo a Bolivia. Me parece un error, de menor importancia, no me parece fundamental. Ni menos una pérdida de soberanía, porque es simplemente una obligación de colaboración”.

Para finalizar, la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile concluye que si bien se puede mencionar a varios culpables tras la no firma de este acuerdo, ella destaca a uno en especial. “Hoy día que ya pasó el momento de la firma, lo que procedería sería la adhesión. Pero, por más que exista la voluntad del Congreso, si no existe la voluntad del Presidente de la República eso no se puede dar. La responsabilidad es del Ejecutivo”. Diferencias de intereses, malentendidos y falta de claridad de los artículos, señalan por un bando; mientras que, en el otro, afirman que sumarse al Acuerdo de Escazú se traduce en un compromiso por parte del Estado con la protección de los derechos humanos de los ambientalistas, con el cuidado del medio ambiente ante la crisis ambiental, y a su vez, formar parte de un acuerdo histórico con legitimidad y participación ciudadana a nivel latinoamericano. Lo que es claro, es que Chile un año más no ha firmado el Acuerdo de Escazú. Esta postura del país, más lo declarado el 4 de octubre por el Presidente Piñera, no hizo más que reafirmar su desconexión con este histórico tratado regional.

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