A ocho años de la promulgación de la Ley N.º 21.100, conocida como Ley Chao Bolsas Plásticas, un proyecto de modificación abrió un debate sobre las condiciones para comercializar bolsas reutilizables y las medidas necesarias para evitar que terminen convertidas en residuos de un solo uso.
La iniciativa, correspondiente al boletín 17.088-12, fue aprobada por el Senado el 6 de octubre de 2026, con 28 votos a favor y dos en contra. Al día siguiente ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde fue derivada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para continuar su tramitación. Por lo tanto, todavía no es ley y su contenido podría experimentar modificaciones durante el proceso legislativo.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.100, se han dejado de entregar más de 13.600 millones de bolsas plásticas, según cifras del Ministerio del Medio Ambiente. El dato da cuenta del alcance que ha tenido esta política pública desde su implementación.
El proyecto busca ampliar la prohibición de bolsas plásticas a la comercialización de pan, abarrotes, frutas y verduras, productos que no estaban comprendidos de la misma manera en la normativa vigente. También contempla disposiciones para regular las bolsas reutilizables elaboradas con plástico recolectado y reciclado en Chile, además de nuevas sanciones para los establecimientos que reincidan en infracciones.
El alcance de la modificación y la postura del Ministerio del Medio Ambiente
Tras la aprobación en el Senado, el Ministerio del Medio Ambiente descartó que la iniciativa permita el regreso de las bolsas plásticas desechables de un solo uso a las cajas de los supermercados. La cartera sostuvo que la prohibición establecida por la Ley N.º 21.100 se mantiene vigente y que los cambios buscan cerrar vacíos legales y fortalecer su fiscalización.
Entre las medidas planteadas se encuentran mayores exigencias técnicas para las bolsas comercializadas como reutilizables, con criterios de resistencia, durabilidad y número de usos. El objetivo, según el Ministerio, es evitar que productos de baja calidad sean presentados como alternativas reutilizables cuando en la práctica puedan terminar siendo descartados después de una sola utilización.
La propuesta también contempla permitir la comercialización de bolsas reutilizables fabricadas con plástico 100% recolectado y reciclado en Chile, bajo condiciones de trazabilidad y calidad. A esto se suman obligaciones de certificación y rotulado para determinados productos, además de mecanismos de información y denuncia ciudadana para facilitar la fiscalización.
Desde el sector de las bolsas reutilizables, sin embargo, existe preocupación por los efectos que podría tener la modificación. Adela Rogers, gerente de Sostenibilidad de Unibag, advirtió que la incorporación de plástico reciclado no necesariamente asegura un cambio positivo en el comportamiento de consumo.
“Nuestra principal preocupación es que este proyecto termine siendo un retroceso en lo que se ha logrado en estos ocho años de Ley Chao Bolsas Plásticas, que marcó un cambio concreto en la forma en que Chile enfrenta el uso de bolsas plásticas en el comercio. Reabrir la puerta a su comercialización, incluso bajo la categoría de reutilizables fabricadas con plástico reciclado, podría debilitar una política pública que ha logrado reducir significativamente estos residuos”, señaló.
El desafío de que las bolsas sean realmente reutilizables
La discusión también pone el foco en la diferencia entre utilizar material reciclado y garantizar que un producto tenga una vida útil prolongada. Para Mark Minneboo, director ejecutivo de Fundación Conexión Natural, la evaluación ambiental de estas bolsas debe considerar su fabricación, frecuencia de uso y disposición final.
“Celebramos toda iniciativa o ley que reduzca el uso de plástico virgen o evite que un producto de un solo uso termine en un vertedero. Pero incorporar plástico reciclado no basta por sí solo: importa cuánto dura la bolsa, cuántas veces se usa y qué pasa con ella al final de su vida útil. Nos ha costado años cambiar la cultura, y si estas nuevas bolsas se perciben como desechables, perderíamos lo avanzado y generarían un mayor daño ambiental. Por eso, cualquier excepción necesita criterios técnicos claros, fiscalización y educación”, planteó.
La experiencia de California suele citarse como antecedente en este debate. En 2014, ese estado de Estados Unidos aprobó una normativa que restringió las bolsas plásticas desechables en supermercados y comercios, pero permitió la entrega de bolsas más gruesas que podían comercializarse como reutilizables.
Una década después, un análisis de cifras de residuos mostró que el peso de las bolsas plásticas de supermercados y comercios desechadas en California pasó de 157.385 toneladas en 2014 a 231.072 toneladas en 2022, un aumento de 47%. El incremento fue asociado, entre otros factores, a la excepción que permitió distribuir bolsas plásticas más pesadas bajo la categoría de reutilizables.
Ante ese escenario, California aprobó en 2024 una nueva normativa, la SB 1053, que comenzó a regir el 1 de enero de 2026. La regulación restringe las bolsas que pueden entregarse en los puntos de venta de supermercados y otros comercios determinados, permitiendo allí bolsas de papel reciclado, mientras que las personas pueden llevar sus propias bolsas reutilizables.
El antecedente no supone que las condiciones regulatorias de ambos territorios sean equivalentes, pero muestra los desafíos de diseñar excepciones a las prohibiciones de bolsas plásticas y de asegurar que los productos comercializados como reutilizables efectivamente cumplan esa función.
Mientras la iniciativa continúa su tramitación en la Cámara, el debate se concentra en cómo compatibilizar el aprovechamiento de plástico reciclado con la reducción de residuos y la prevención de productos de un solo uso. Para ello, las exigencias de durabilidad, trazabilidad, fiscalización y educación serán aspectos relevantes en la discusión legislativa.
