En 2018, la ley 21.100, más conocida como “Ley Chao Bolsas Plásticas”, fue publicada con el objetivo de reducir el uso de bolsas plásticas en el comercio. A seis años de su implementación, llama la atención que tres proyectos de ley en el Congreso buscan modificarla en una línea más estricta.
En términos ambientales, la ley ha sido efectiva, con una reducción significativa en el uso de bolsas plásticas, aunque ha habido un aumento en el uso de bolsas de basura como efecto secundario. Sin embargo, la implementación de la ley ha planteado algunos desafíos interpretativos: por ejemplo, la Contraloría General de la República (CGR) tuvo que intervenir para aclarar que la prohibición se aplica a cualquier bolsa cuyo componente fundamental sea un polímero derivado del petróleo, independiente de si la bolsa es reutilizable, reciclable, biodegradable o compostable.
Relacionado con lo anterior, un punto crítico en la discusión ha sido la definición de qué se entiende por «componente fundamental». Según el Ministerio del Medio Ambiente, este concepto incluye cualquier porcentaje de polímero derivado del petróleo en la composición de la bolsa, lo que sorprendió a muchos actores que han interpretado la ley de manera diferente y de buena fe.
En línea con los proyectos de ley mencionados, esta interpretación de restricción absoluta fue recogida por uno de ellos (boletín 16980-12) que, sumado a lo anterior, propone una regulación más restrictiva en otros dos aspectos principales: prohibir la venta de bolsas plásticas (y no solo su entrega) y exigir certificaciones de compostabilidad.
Respecto a esto, creemos que, de ajustarse la normativa, más allá de prohibir tanto la venta como la presencia de algún porcentaje de polímero en la composición, lo principal es considerar el fin del ciclo de vida de la bolsa, justamente a propósito de la compostabilidad. Así, en lugar de apostar por la prohibición, creemos que la regulación debe alinearse con la ley 21.368, que regula los productos de un solo uso y permite plásticos certificados y diseñados para ser compostables. Lo anterior para configurar un marco regulatorio armónico y fomentar una industria nacional de compostabilidad que podría ser clave para enfrentar los desafíos ambientales de Chile.
