La inacción frente al cambio climático podría representar para Chile un costo neto anual de US$4.120 millones hacia 2050, de acuerdo con un estudio de la Alianza Unidos por la Acción Climática. La estimación considera un escenario de altas emisiones y equivale al 1,46% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de referencia de 2019.
El documento, titulado “Resiliencia Corporativa: Gestión de Riesgos Climáticos y Acciones en Adaptación Climática”, analiza los riesgos que enfrentan distintos sectores productivos y plantea medidas para incorporar la adaptación climática en las decisiones de inversión y gestión de las empresas.
Entre sus principales resultados, el informe identifica 83 compañías con iniciativas de adaptación en marcha y propone una hoja de ruta con 56 medidas prioritarias, seleccionadas a partir de los 12 Planes Sectoriales de Adaptación Climática del país.
Los costos económicos de no gestionar los riesgos climáticos
La cifra de US$4.120 millones se basa en proyecciones del estudio Costos asociados a la inacción frente al cambio climático en Chile, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto con el Ministerio del Medio Ambiente en 2023. El informe de la Alianza precisa que corresponde a un escenario de altas emisiones, identificado como RCP 8.5, y que constituye una magnitud referencial del riesgo sistémico, no un costo contable fijo para una empresa individual.
A nivel sectorial, el documento recoge distintas estimaciones sobre los efectos económicos de la vulnerabilidad climática. En minería, por ejemplo, la escasez hídrica podría generar pérdidas de US$1.646 millones anuales hacia 2050, asociadas a los mayores costos operacionales que implicaría la desalinización para mantener la actividad productiva.
En agricultura, en tanto, se proyecta una reducción de 28% en los ingresos netos, equivalente a US$428 millones anuales hacia 2050. El estudio señala que esta disminución representaría alrededor del 10% del PIB silvoagropecuario nacional de 2019.
Frente a estos riesgos, el informe plantea que invertir anticipadamente en adaptación puede evitar pérdidas y generar beneficios económicos. Entre los ejemplos citados se encuentran los sistemas de alerta temprana, con una relación beneficio-costo de hasta 10 a 1, y el diseño de infraestructura resiliente, cuyo retorno se estima en 4 a 1.
Desde el Comité Directivo de la Alianza Unidos por la Acción Climática señalaron que “durante años el mundo corporativo se enfocó casi exclusivamente en mitigar su huella de carbono, pero la realidad climática de Chile nos demostró que la adaptación es hoy una condición clave para proteger el valor de las empresas, asegurar el abastecimiento y sostener el empleo”.
83 empresas registran iniciativas de adaptación climática
El segundo capítulo del estudio reúne un inventario de buenas prácticas empresariales. Para elaborarlo, la Alianza revisó 120 reportes de sostenibilidad y memorias integradas correspondientes a los períodos 2024 y 2025, pertenecientes a una base de 260 empresas vinculadas a las cinco organizaciones que integran la iniciativa.
El análisis permitió identificar a 83 compañías con iniciativas de adaptación en 12 sectores económicos. La organización precisa que se trata de un levantamiento documental referencial, basado en información divulgada y validada por las empresas, y que no constituye un catastro exhaustivo del sector privado.
Entre las prácticas identificadas figuran inversiones en plantas desalinizadoras y sistemas de recirculación de agua, almacenamiento energético mediante baterías, soterramiento de tramos críticos de redes y conectividad satelital. También se registran soluciones basadas en la naturaleza, como la gestión de cuencas, humedales y franjas boscosas para reducir la exposición frente a amenazas como aluviones e incendios.
El inventario incorpora, además, medidas de protección laboral frente a temperaturas extremas y herramientas del sector financiero para evaluar los efectos de la sequía. En este último ámbito, se menciona un ejercicio de BancoEstado que estimó provisiones adicionales por riesgo físico de $13.000 millones en su cartera de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La Alianza plantea que este levantamiento contribuye a la Contribución en Adaptación N.º 1 de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 3.0 de Chile, que establece para 2027 la implementación y administración de un listado de acciones de adaptación de actores no gubernamentales.
Una hoja de ruta con 56 medidas para el sector privado
El tercer capítulo del documento propone una hoja de ruta para vincular la planificación empresarial con los instrumentos públicos de adaptación. Para ello, la Alianza revisó las 158 acciones contenidas en los 12 Planes Sectoriales de Adaptación Climática y aplicó un modelo de evaluación multicriterio para seleccionar aquellas que requieren una respuesta, gestión o inversión directa de las empresas.
La evaluación consideró cinco criterios: impacto directo en el sector privado, potencial de oportunidades y riesgos operativos, articulación y gobernanza público-privada, requerimientos de inversión y urgencia de implementación. Cada dimensión tuvo una ponderación de 20%.
A partir de este proceso se seleccionaron 56 medidas, equivalentes al 35% del total. De ellas, 35 fueron priorizadas y trabajadas en las mesas de diálogo intersectorial realizadas el 12 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, que reunieron a 133 actores estratégicos: 101 representantes corporativos, 21 del sector público y 11 de la comunidad científica.
La propuesta incorpora Indicadores Clave de Desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) para que las empresas puedan traducir las medidas de adaptación en metas de gestión y seguimiento. El informe aclara que estos indicadores son sugerencias elaboradas por la Alianza a partir de una revisión bibliográfica y no forman parte de los planes sectoriales oficiales.
Entre los principales obstáculos identificados durante los diálogos figuran las brechas de información climática georreferenciada, las dificultades para financiar proyectos de adaptación y los tiempos de tramitación de permisos. También se planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre empresas, autoridades y actores territoriales, especialmente para abordar riesgos compartidos en infraestructura, puertos y cuencas hídricas.
Como posibles habilitadores, el documento propone avanzar en plataformas interoperables de datos climáticos, agilizar la tramitación de proyectos que contribuyan a la adaptación, desarrollar modelos de negocio para soluciones basadas en la naturaleza y ampliar los mecanismos de financiamiento con participación pública y privada.
La Alianza Unidos por la Acción Climática está integrada por Acción Empresas, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), CLG Chile, Red Pacto Global Chile y Sistema B Chile. El documento completo se encuentra disponible para descarga gratuita en el sitio web de la organización.
