La implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) enfrenta una brecha presupuestaria de $21.621 millones para 2027, según el análisis de Fundación Terram sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de ese año. El monto asignado al nuevo organismo se encuentra por debajo de los recursos que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) había estimado necesarios para su puesta en marcha.
La advertencia forma parte del informe “Emergencia en el Financiamiento Público para Áreas Protegidas Terrestres en Chile”, documento que revisa la evolución del financiamiento estatal destinado a la gestión y administración de estas áreas, además de las brechas que enfrenta la instalación del SBAP.
El estudio analiza tanto los recursos destinados a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), históricamente administradas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), como el presupuesto proyectado para el nuevo servicio. Entre sus principales conclusiones, plantea que la creación de una nueva institucionalidad ambiental no ha resuelto el déficit estructural de recursos que afecta a la conservación del patrimonio natural del país.
Un déficit histórico en el financiamiento de la conservación
El informe señala que Chile mantiene una inversión pública en conservación inferior al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental del organismo, entre 2012 y 2021 el gasto público ambiental del país se situó en torno al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de la OCDE alcanzó aproximadamente el 0,6%.
La brecha también se refleja en los recursos destinados a la administración de áreas protegidas por hectárea. Entre 2015 y 2026, el presupuesto promedio fue de US1,58 por hectárea, mientras que en 2026 llegó a US1,31. Esta última cifra representa una disminución real del 43% respecto de los US2,30 registrados en 2017 y se ubica por debajo del promedio regional de US1,95 por hectárea.
Para Fundación Terram, el aumento de la superficie protegida no ha sido acompañado por un incremento proporcional de los recursos públicos destinados a su administración. Esta diferencia, advierte el documento, limita la capacidad del Estado para gestionar y conservar efectivamente el patrimonio natural.
Dependencia de ingresos propios y presión sobre la operación
Otro de los aspectos que aborda el estudio es la dependencia de los ingresos de operación para financiar las áreas protegidas terrestres administradas históricamente por CONAF. Estos recursos provienen principalmente del cobro de entradas y concesiones.
Entre 2015 y 2026, los ingresos de operación representaron, en promedio, el 54,3% del financiamiento total y superaron al aporte fiscal en todos los años, excepto 2017. Según el análisis, este esquema expone el funcionamiento del sistema a fluctuaciones en las visitas del público, emergencias e incendios, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 y las paralizaciones de guardaparques de fines de 2022.
A esto se suma que el aporte fiscal no habría sido suficiente para cubrir el gasto en personal durante el período analizado. En promedio, alcanzó para financiar el 61,6% de las remuneraciones, mientras que para 2027 se proyecta una cobertura de apenas el 55,9%.
SBAP: una brecha de $21.621 millones para 2027
Uno de los principales focos del informe es la diferencia entre los recursos que DIPRES estimó necesarios para implementar el SBAP y los montos contemplados en los presupuestos posteriores.
Según el Informe Financiero Sustitutivo N°252, de diciembre de 2022, el nuevo servicio debía contar con recursos adicionales por $35.958 millones durante 2026 y $43.925 millones en 2027, considerando su implementación gradual. Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2026 alcanzó los $18.089 millones, lo que representa una brecha superior a los $17.500 millones respecto de los recursos estimados por DIPRES para ese año.
Para 2027, en tanto, el Proyecto de Ley de Presupuestos contempla $22.304 millones. La diferencia respecto de los recursos proyectados por DIPRES asciende a $21.621 millones, de acuerdo con el informe de Fundación Terram.
El documento advierte que esta brecha podría repercutir en la dotación de personal, las labores de fiscalización, el manejo en terreno y la instalación institucional del servicio. En ese sentido, sostiene que la asignación presupuestaria actual no se ajusta a las necesidades que la propia DIPRES había identificado para su puesta en marcha.
La transición desde CONAF y los desafíos pendientes
El estudio también identifica riesgos en el traspaso de la administración de las áreas protegidas desde CONAF al SBAP. El proceso, que originalmente estaba previsto para septiembre de 2026, fue reprogramado por el gobierno del Presidente Kast para marzo de 2027.
Entre los puntos que generan preocupación se encuentra la incorporación de los 570 guardaparques contemplados en la planificación presupuestaria del nuevo servicio para desempeñarse en terreno. Esta dotación fue considerada en los antecedentes financieros de DIPRES durante la tramitación de la Ley SBAP. Sin embargo, Fundación Terram advierte que aún existen incertidumbres sobre cómo se concretará su incorporación.
El informe también plantea dudas respecto de los $10.120 millones considerados para infraestructura destinada a alojar al personal. A ello suma una preocupación por la instalación territorial del Servicio: según el análisis de Fundación Terram, solo seis de sus 16 direcciones regionales cuentan con un director o directora titular, mientras que las restantes funcionan con jefaturas subrogantes.
Sobre este último punto, la Cuenta Pública del SBAP de julio de 2026 informó que el organismo ya tenía presencia en las 16 regiones del país y un 94% de avance en la habilitación de sus dependencias. Sin embargo, ese balance no precisa cuántas direcciones regionales cuentan con jefaturas titulares.
En materia de dotación, el documento señala que actualmente existe un guardaparque por cada 37.200 hectáreas, cifra que contrasta con la recomendación internacional de uno por cada 2.600 hectáreas.
Asimismo, plantea que incluso si se concretara el presupuesto originalmente proyectado por DIPRES, este permitiría cubrir cerca del 15% de la brecha de inversión y el 56% de la brecha operacional del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), estimadas por el Centro de Estudios Públicos (CEP). Con ello, advierte, las necesidades de personal tampoco quedarían completamente resueltas.
Frente a este escenario, Fundación Terram propone ajustar el presupuesto del SBAP a las estimaciones oficiales de DIPRES y cerrar gradualmente la brecha de $21.621 millones para 2027, priorizando la contratación de guardaparques y la infraestructura necesaria para el trabajo en terreno.
Entre sus recomendaciones también plantea aumentar el aporte fiscal directo para cubrir la totalidad del gasto en personal, establecer una trayectoria de incremento del financiamiento por hectárea hasta alcanzar los US$6 y asegurar una transición financiada y transparente entre CONAF y el nuevo servicio. A ello suma la necesidad de fortalecer la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas, mediante informes trimestrales al Congreso, además de establecer mecanismos que vinculen el presupuesto y la dotación con los aumentos de superficie protegida.
El informe concluye que la creación del SBAP representa una oportunidad para corregir las brechas históricas en el financiamiento de la conservación. Sin embargo, advierte que, sin recursos suficientes, estables y proporcionales a las necesidades del sistema, la nueva institucionalidad podría reproducir las limitaciones que han afectado durante décadas la administración de las áreas protegidas terrestres en Chile.
