La distancia entre aerogeneradores y viviendas es el centro de una propuesta legislativa que busca establecer una separación mínima de cinco kilómetros para estas instalaciones en Chile. Frente a ese criterio, Guillermo Ramírez, investigador del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), plantea que la protección de las comunidades requiere considerar las condiciones específicas de cada proyecto y territorio.
El académico explica que el ruido, las sombras intermitentes producidas por el giro de las aspas y los cambios en el paisaje figuran entre los efectos que pueden percibir quienes viven cerca de un parque eólico. Su magnitud, advierte, depende de distintas variables, por lo que una separación uniforme no reemplaza los estudios ambientales ni el seguimiento durante la operación.
Una propuesta de cinco kilómetros que sigue en tramitación
El proyecto de ley, correspondiente al boletín N.º 18.683-12, ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el 28 de septiembre de 2026 y se encuentra en primer trámite constitucional. La iniciativa propone modificar la Ley N.º 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para establecer una distancia mínima de emplazamiento de proyectos eólicos respecto de asentamientos humanos y edificaciones residenciales.
Entre los espacios que busca resguardar se encuentran viviendas, establecimientos educacionales, centros de salud y residencias de personas mayores. Se trata de una propuesta legislativa, cuya aprobación permanece pendiente.
Para Ramírez, la distancia entre aerogeneradores y viviendas debe analizarse junto con las características de los equipos y las condiciones del entorno.
“Cinco kilómetros, en términos generales, es una separación amplia y conservadora frente al ruido y las sombras intermitentes. Pueden existir proyectos compatibles con viviendas a distancias menores, siempre que los estudios y las mediciones lo demuestren”, sostuvo.
El relieve, el viento y la potencia también influyen
El investigador señala que la cantidad de aerogeneradores y su potencia, el relieve, las condiciones del viento y la cercanía a sectores poblados influyen en los impactos de una instalación. La evaluación también debe considerar el ruido de fondo del lugar y, desde la perspectiva de la biodiversidad, la posible interferencia con rutas de aves.
Durante la construcción pueden presentarse otros efectos, como polvo y un aumento del tránsito de camiones. Estos antecedentes amplían el análisis más allá del funcionamiento de las turbinas.
La discusión tiene antecedentes en Chile. En una entrevista publicada por Codexverde en 2022 sobre contaminación acústica de proyectos eólicos, el especialista Pablo Sandoval, de Decibel, planteó la necesidad de establecer una separación mínima de 1,5 kilómetros entre aerogenerador y receptor, como recomendación basada en la experiencia de esa empresa.
Como referencia internacional, Ramírez mencionó a Dinamarca. Según su Agencia de Protección Ambiental, ese país exige una separación mínima equivalente a cuatro veces la altura total del aerogenerador respecto de una vivienda vecina, además del cumplimiento de límites para el ruido conjunto de las turbinas del área. Así, para una estructura de 250 metros de altura, la separación corresponde a 1.000 metros.
Participación temprana y seguimiento durante la operación
Para el académico de la UCSC, la distancia entre aerogeneradores y viviendas debe abordarse desde la selección del emplazamiento, cuando todavía existe la posibilidad de ajustar el diseño.
“La compatibilidad debe construirse desde la selección del lugar, mediante participación temprana que permita ajustar o modificar el diseño de ser necesario. La información debe ser comprensible para todos los afectados y la evaluación de los impactos debe ser rigurosa”, explicó.
Durante la operación, añadió, se requieren monitoreo transparente, fiscalización y mecanismos para recibir reclamos y corregir problemas. También sostuvo que los beneficios destinados a las comunidades deben ser justos y adicionales a las medidas de protección ambiental.
“La aceptación se construye con participación efectiva de las comunidades y respetando compromisos que se cumplan durante todos los años de operación del proyecto”, señaló.
