Los fenómenos asociados al cambio climático, como aumento del nivel del mar, alteraciones en el régimen de precipitaciones, desastres de origen natural, han generando una serie de impactos relacionados con la erosión de las playas, la alteración de humedales costeros, afectación de ciudades costeras, entre otros, que ponen en riesgo a las personas y a los distintos servicios ecosistémicos que la costa provee.
A lo anterior, hay que sumar el explosivo crecimiento urbano, desarrollo de actividades portuarias, generación eléctrica, pesquerías y actividades acuícolas, que han provocado una fuerte presión en el litoral chileno. Todo este contexto, ha sido motivo suficiente para que, desde el Observatorio de la Costa, planteen la necesidad de contar con una propuesta de la Ley marco sobre protección y gestión costera en Chile, la que se dio a conocer el pasado 8 de junio en el Día Mundial de los Océanos.
Al respecto, Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa e investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), explicó que la ordenación y gestión costera se ha construido en el país sobre el limitado concepto jurídico-administrativo, careciendo de una visión ecosistémica y funcional de la costa; dejando sin protección a ecosistemas como los campos dunares, estuarios y otros, necesarios para la protección de la vida.
“Por lo tanto, Chile necesita una legislación que aborde el ordenamiento de la costa de manera integral y sistémica, al mismo tiempo que permita establecer normas y directrices para materializar una planificación y gestión integrada de la costa. Pero sobre todo, que dé cabida a una nueva comprensión de la costa, que ayude a superar algunos problemas y vacíos detectados en la regulación vigente, potenciando y protegiendo los procesos que tienen lugar en el litoral, en cuanto a lo físico y cultural, mejorando de esta manera, la calidad de vida de la población”, comentó Martínez.
El propósito general de la propuesta de ley es la protección del medio ambiente costero y su adecuada gestión en beneficio de las generaciones presentes y futuras, donde se determine y delimite la zona costera, considerando las transformaciones litorales producto del cambio climático, la variabilidad climática y la reducción de los riesgos de desastres.
Un segundo objetivo, es garantizar el acceso público y el uso equitativo y sostenible de la zona costera, así como los beneficios, servicios ecosistémicos y oportunidades que el litoral brinda. Este punto está presente en legislaciones costeras en California – Estados Unidos, Sudáfrica, Uruguay y España; como también reducir el riesgo de desastres y mejorar la resiliencia y capacidad de adaptación de los sistemas marino-costeros frente al cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar.
“A estos se suman otros objetivos como desarrollar una gestión integrada y coordinada de la zona costera, con enfoque socio-ecológico, de carácter descentralizada, participativa y que reconozca la diversidad geográfica y ecosistémica de las áreas litorales del país, así como de los distintos valores socio-culturales y usos tradicionales asociados a ellas, presente en legislaciones como la australiana», sostuvo el abogado de la comisión jurídica del Observatorio de la Costa, Ignacio Martínez.
Finalmente, la propuesta indica que es necesario que la ley asegure la protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros y la integralidad de la biodiversidad asociada. A esto se suma, regular la utilización sostenible y racional de los bienes públicos y bienes comunes existentes en la costa. El documento incluye, además, ocho principios entre los que destacan un enfoque de interculturalidad, justicia ambiental y participación, entre otros.
