Cuando en 1987, tras cuatro años de trabajo la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, publicó el informe “Nuestro Futuro Común”, también conocido como “el Informe Brundtland”, debido a que fue encabezado por la ex primera ministra noruega Gro H. Bruntnland, es probable que a muchos en Chile les haya sonado como una mirada lejana a las dominantes en aquella época en nuestro país, cuando el país estaba concentrado en plena lucha para recuperar su democracia.
Esta comisión surgió a propósito de la preocupación existente entonces por el daño de la capa de ozono, los primeros indicios de calentamiento global y los potenciales problemas derivados del crecimiento poblacional, el consumo y la industrialización. Junto con instalar por primera vez en un documento oficial el concepto de “desarrollo sostenible”, abordó otras materias tales como el papel de la economía internacional, energía e industria, y también intentó entender la relación entre igualdad social, crecimiento económico y problemáticas medioambientales.
Desde entonces, el mundo adoptó la definición de desarrollo sostenible surgida de este informe, entendida como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
Más tarde, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, estableció en su Principio 14 que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.
Desde entonces en Chile ha venido realizando esfuerzos para avanzar en materia legislativa e institucional. La protección del medio ambiente era un aspecto relativizado, especialmente luego de que la Dictadura implantara un modelo económico extractivista exportador, que generó todas las condiciones para que distintos sectores, como el pesquero, minero y forestal principalmente, pudieran tener manga ancha en su profundización y consolidación, sin que existiera la obligación de tener la más mínima preocupación por los impactos ambientales.
Así, se crearon la Conama, el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Además, se ha ido avanzando en la creación o perfeccionamiento de normas legales que buscan prevenir, mitigar o sancionar la ocurrencia de acciones que lesionan el medio ambiente, a veces de manera irreversible.
Pese a eso, en el Chile del siglo XXI, muchos más interesado y preocupado de lo que sucede con su entorno natural, sigue persistiendo la sensación de que aun quedan muchos temas pendientes y que pese a algunos avances o victoria, los enemigos del medio ambiente siguen ganando.
En ese contexto el número de personas, organizaciones, ONG y entidades privadas dedicadas al estudio, protección, conservación y educación ambiental se han multiplicado a lo largo del territorio. Hay un mayor control social y capacidad de denuncia sobre lo que ocurre en diversas regiones y localidades, afectadas muchas veces por actividades industriales que se han instalado aprovechando planes reguladores añejos y en otras ocasiones, la complicidad activa o tácita de autoridades regionales o comunales.
Hoy, a diferencia de lo que ocurría en los años 80, donde pese a todo existían voces lúcidas que alertaban sobre este futuro, hay consenso social sobre la importancia de cuidar nuestro patrimonio natural. Hoy, a la sociedad chilena le duele la desaparición de especies, la contaminación de lugares prístinos y el abuso de algunas actividades industriales sobre riquezas naturales que están en muchos casos, en peligro por su sobreexplotación.
Por eso, miles de voces, incluso la de aquellos que nunca habían ido a la Patagonia, se levantaron contra Hidroaysén; muchos que no han ido nunca a Punta de Choros marcharon contra el proyecto minero Dominga. Son muchas más las que manifiestan su preocupación por la falta de protección de los glaciares ante el avance minero, como antes lo hicieron en contra de la expansión inmobiliaria que amenazaba los humedales urbanos y que están en la base de la Ley de Humedales Urbanos, que logramos aprobar hace dos años.
Aunque a algunos les sigue pareciendo solo simbólico e insuficiente, la conciencia ecológica de los niños y niñas, ha ayudado a generar importantes cambios de conductas al interior de sus casas y sus familias, las que hoy ven y asumen con mucha mayor naturalidad el reciclaje de vidrio, papel y plástico, el no dejar basura en los sitios que se visitan, el limpiar los residuos que dejan sus mascotas en calles y plazas y que nos obligan a apagar las luces que no ocupamos.
Entonces cuando algunos se preguntan ¿para qué celebrar o conmemorar un Día Mundial del Medio Ambiente?, la verdad es que la respuesta está a la vista. Celebramos que cada año son más las personas que entienden que cada cosa que hacen impacta en la naturaleza, sus riquezas y en la calidad de vida de las próximas generaciones. Y que ese proceso es irreversible e indetenible. Que llegará el día en que no tendremos que hacer leyes para prohibir u obligar a ser responsables con nuestro planeta.
En lo inmediato, es evidente que el proceso de elaboración de una nueva Constitución también se verá empapado de esta mirada, que entiende que no podemos seguir explotando nuestras riquezas sin importar sus impactos en los mares, salares, bosques y cursos de agua y, por cierto, en la vida de millones de chilenas y chilenos. Que entiende que necesitamos otro modelo de económico, pero también de convivencia, entre nosotros y con la tierra que nos cobija.
