Bajo la coordinación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y con la co-presidencia de Chile y Costa Rica, 20 países de América Latina y el Caribe se reunirán en Montevideo para continuar la negociación de un convenio que busca elevar los estándares de las obligaciones de los Estados en materia de información, participación y justicia en los asuntos ambientales.
Este convenio cobra cada vez más relevancia considerando que una de las fuentes para el surgimiento de conflictos alrededor de los proyectos extractivos, de uso de recursos naturales y de infraestructura, es precisamente la falta de entrega de información clara y oportuna sobre los impactos de los proyectos en las comunidades que serán directamente afectadas. Asimismo, una segunda debilidad, es la ausencia de obligaciones robustas en materia de instancias de participación donde las comunidades puedan ser parte de la toma de decisiones sobre proyectos.
Las normas hoy en la región son débiles al respecto, provocando que las personas se organicen en contra de los proyectos, ya que no hay canales institucionalizados para estos efectos. En este contexto, la situación se ha vuelto más dramática en algunos países del continente, donde han ocurrido hechos como el reciente caso de Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña que fue asesinada el pasado 3 de marzo en La Esperanza, Honduras.
“Debemos frenar los asesinatos de defensores ambientales y para eso los gobiernos deben comprometerse a asegurar procesos más participativos y con acceso a la información para toda la ciudadanía y especialmente para las comunidades más vulnerables. Chile ha asumido un rol de gran importancia al liderar este proceso y por eso esperamos que su voluntad política se refleje en promover obligaciones robustas en materia de información, participación y justicia sobretodo a quienes se ven afectados porproyectos que se ubicarán en sus territorios”, señaló Andrea Sanhueza, representante electa del público para este proceso.
Proceso ciudadano
Desde sus inicios, este proceso ha sido acompañado por diversasa organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ONG FIMA, Casa de la Paz, e Iniciativa de Acceso, quienes buscan generar una estrategia de incidencia en la negociación para que este acuerdo sea vinculante, es decir, que los países se obliguen a cumplirlo; y sustantivo, que establezca derechos realmente aplicables para los ciudadanos. Para esto se han reunido en forma periódica durante el año 2015, vinculándose con autoridades nacionales e internacionales
A la reunión de Montevideo asistirán representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente; además, Andrea Sanhueza, en representación de las organizaciones de la sociedad civil.
El proceso, que comenzó en la reunión de Río + 20 el año 2012, debe ser finalizado a más tardar en diciembre de este año, según el compromiso al que los Gobiernos llegaron en las reuniones previas.
