Preliminarmente, el 13 de octubre los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado se harían presentes en la isla de Chiloé. El objetivo de la visita será conocer -en terreno- la opinión de la comunidad afectada por la marea roja, en la Región de Los Lagos, en marzo pasado.
Así lo acordó la instancia, luego que, en la última sesión, escucharan las conclusiones del Comité Asesor Científico Técnico por Marea Roja y de la ONG Greenpeace, cuyos representantes confrontaron posiciones y se imputaron mutuamente de cometer «desprolijidad metodológica» y atribuyeron un supuesto «uso político», de los respectivos estudios.
VISITA
Asimismo, líderes de la sociedad civil afectada, solicitaron a los legisladores hacerse presentes en Chiloé, de manera de buscar en conjunto una solución a los problemas ambientales, laborales y sociales originados por la contaminación de las aguas.
En ese entendido, el presidente de la Comisión, el senador Alejandro Navarro explicó que el 13 de octubre está agendada una visita de esta instancia, en la que también tomarían parte, los congresistas que representan la Región de Los Lagos, los senadores Rabindranath Quinteros e Iván Moreira.
INFORME COMITÉ
El integrante del Comité que estudió la marea roja, el profesor Alejandro Buschmann explicó que el informe dado a conocer será concluido en octubre debido a que en este confluyen especialistas chilenos y de Alemania, Estados Unidos y Japón.
El experto aclaró que “en el sur hubo un fenómeno de ‘surgencia’ que no es habitual. Se registró una variabilidad de la temperatura superficial del mar haciendo que se registraran aguas más frías que influyeron la zona del mar interior de Chiloé, lo que terminó penetrando del sur al norte”.
Buschmann reconoció que hasta ahora no se conocen las consecuencias ambientales del fenómeno, debido a que las muestran que se tomaron fueron a menos de dos meses de ocurrido el vertimiento, por lo que se requieren estudios sucesivos.
INFORME GREENPEACE
La representante de Greenpeace, Estefanía González aseguró que el caso se trata de un fenómeno global que fue testeado por la ONG en dos expediciones que se realizaron en la zona afectada. “Hubo varazones de diversas especies de peces y aves en distintas áreas. Utilizamos datos de la Nasa, imágenes oficiales satelitales e información de autoridades civiles y navales en este estudio”, indicó.
El director de Greenpeace, Matías Asún insistió en que “no hay antecedentes legales que permitan sostener la decisiones que se tomaron. La actual Ley de Pesca no permite ningún tipo de vertimiento nocivo. Se indica que está prohibida cualquier descarga de sustancias nocivas sin tratamiento previo. Por tanto, se cumplió la norma en el papel”.
“El informe que hizo el Ejecutivo no cuenta con algo esencial como es la hipótesis de impacto. La conclusión que se presenta dice que no habría afectación al medio ambiente acuático, lo que es altamente cuestionable”, comentó.
USO POLÍTICO
Por su parte, el subsecretario de Pesca, Raúl Sunico desestimó el documento de Greenpeace, calificándolo como «irresponsable» puesto que no contaría con una metodología adecuada. “Creemos que se ha hecho un uso político de esta situación que es lamentable. Para el Gobierno el único informe oficial es el que ha emitido el Comité”, aclaró.
La autoridad observó que los salmones en descomposición no eran posibles de ser reutilizarlos en harina de pescado ni tampoco se podían depositar en vertederos. “Acá estaba en riesgo la vida de las personas que trabajan en el mar, por eso debimos actuar con rapidez. Para ello llamamos a numerosos expertos independientes, quienes nos ayudaron a tomar decisiones como fue determinar el punto de vertimiento”.
RESPALDO LEGAL
En la misma línea, el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Directemar, el contraalmirante Otto Mrugalski enfatizó que “existe un Decreto Supremo que legaliza el Convenio de Londres al que está suscrito Chile. Este fue el antecedente legal que respalda lo que se hizo porque el texto permite vertimiento en condiciones especiales (…) Existía una emergencia sanitaria. Hubiese sido inaceptable que se hubiera muerto alguien, por eso nuestra meta era proteger a todos los tripulantes”.
El subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, profundizó en la imposibilidad de depositar en rellenos sanitarios los peces en descomposición. Asimismo, hizo ver que “si hablamos de las causales del fenómeno, hay que reconocer que hubo menos viento y lluvias de lo normal en la Décima Región. Así nos encontramos con una marea roja sin precedentes”.
“AUTORIDADES EN LA ISLA”
Juan Carlos Viveros del movimiento Defendamos Chiloé hizo referencia al sentir de la comunidad, asegurando que “el informe del Comité y la Subpsca, tienen cero credibilidad. El 99% de nuestra gente cree en el documento de Greenpeace. Por 30 años el Gobierno y la industria salmonera han destruido nuestro mar. Queremos que sesionen en Chiloé para que nos escuchen y todos busquemos soluciones concretas”.
El representante del Sindicato de Macheros de Mar Brava, Andrés Camus comentó que “nos cortaron los brazos para seguir trabajando. Recibimos un bono de 150 mil pesos, llevamos 5 meses y no podemos vivir así. Necesitamos una reconversión laboral de toda la isla”.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Mesa Marea Roja de Ancud, Richard Ojeda calificó como “una falta de respeto que la Comisión no haya sesionado en la isla. Necesitamos que se hagan presente a la brevedad”. De la misma idea fue el presidente del Consejo de Comunidades Huilliches, el lonko Fidel Raín, quien apuntó a una compensación del daño, lo que “no necesariamente se soluciona con dinero”.
La asesora de la Fundación Darwin, la abogada Mariela Nuñez explicó la evolución que han tenido diversas querellas contra los ejecutivos de las salmoneras y las autoridades gubernamentales y navales. “El fin es investigar qué pasó identificando los delitos involucrados. Queremos sanciones penales. A esta altura podemos pedir acusaciones constitucionales e interpretaciones, por lo que sería conveniente que asistieran a la región”, dijo.
Del movimiento Todos Somos Cobquecura, Cristóbal Bustos indicó que el fin de este grupo es proteger el borde costero, particularmente de la acción de las salmoneras. “La comunidad completa rechaza todas estas instalaciones y esto es compartido por toda la costa de la región del Biobío”, precisó.
SENADORES PREGUNTAN
El senador Quinteros reconoció ser un crítico de la industria salmonera por razones laborales ambientales. También recordó que “apenas supe del fenómeno, me contacté con expertos nacionales y extranjeros, hoy me gustaría saber qué hacemos en Chiloé porque la marea roja llegó para quedarse”. Apuntó a una reconversión a una acuicultura a pequeña escala con un fuerte rol del Estado en cuanto a estudios.
Finalmente, el senador Navarro recordó que en la Comisión de Pesca también se abordó este tema. “Quiero consultar si la Directemar hace o hará una monitoreo permanente del mar considerando las salmoneras de captura en jaula. En cuanto a los estudios de Greenpeace, no me parece mal que se busque financiamiento en la sociedad civil para realizar estudios”, afirmó aludiendo a una campaña que habría realizado esta ONG en tal sentido.
