El informe técnico de la Asociación de Empresas y Profesionales por el Medio Ambiente (AEPA) se realizó durante junio del 2020 y enero del 2021, con el objetivo de conocer el panorama nacional respecto a la gestión y valorización de productos prioritarios, en el marco de la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Como conclusión del informe se destaca que en Chile hay poca información sobre la cadena de gestión y valorización de los residuos generados por los productos prioritarios, y además se carece de equipamiento e instalaciones con un estándar sanitario y ambiental adecuados.
“Los datos recolectados no eran lo que esperaba la asociación, ya que como AEPA asumíamos que la autoridad sanitaria y ambiental debía tener correctamente identificados y registrados a los actores que intervienen en la actividad de gestión y valorización de residuos, además de asegurar que la infraestructura cuente con los estándares sanitarios y ambientales que permitan cuidar la salud de las personas y el medio ambiente. Información fundamental que debe ser considerada previo a la elaboración de normativas que regulen el tratamiento y la valorización de los residuos”, manifestaron desde AEPA.
Sobre lo anterior, la asociación agregó que “se visualiza un panorama adverso para la implementación de la Ley REP, ya que actualmente no se cuentan con una adecuada identificación, cuantificación, registros y trazabilidad de las operaciones a las que se someten los residuos. Respecto a las instalaciones, existe un porcentaje importante de estas que no se ha sometido a una adecuada evaluación sanitaria y ambiental, lo que ha generado incidentes y accidentes en distintas regiones de nuestro país”.
En el estudio, para organizar la información y obtener un conocimiento detallado sobre las empresas gestoras, AEPA dividió las empresas que gestionan los residuos producidos por los productos prioritarios según si estas se dedicaban al transporte, almacenamiento o a la disposición final. Así, se obtuvo, según las cifras del Ministerio de Salud, que las regiones de O’Higgins y Coquimbo son las que menos información tienen sobre las empresas dedicadas a la gestión de productos prioritarios.
Incluso dentro de las tablas expuestas en el estudio se especifica que en la Región de O’Higgins no existen empresas que gestionen y valoricen ninguno de los productos prioritarios. En tanto, la Región de Coquimbo solo tiene una empresa dedicada al transporte de Pilas Fuera de Uso y Baterías Fuera de Uso.
Bajo ese contexto, AEPA explica que “estos resultados se deben a que las autoridades con competencia en la materia, específicamente las seremis de Salud, no cuentan con una correcta sistematización de las resoluciones sanitarias que entregan a los gestores de residuos. Por otro lado, respecto al transporte, se debe tener presente que las empresas transportistas obtienen las resoluciones de sus camiones en la región donde se encuentra la casa matriz, sin embargo, pueden operar en todo el territorio nacional. Respecto a los acopios, esta figura no estaba considera en la normativa sanitaria, por lo que muchas veces figuraban como destinos final empresas que realizaban acopio de residuos y luego despachaban hasta el destinatario. Esto queda en evidencia con el Informe Final N°734/2019, emitido el 25 de agosto de 2020 por la Contraloría General de la República de la Auditoría realizada a las Subsecretaría de Salud Pública, Secretarías Regionales Ministeriales de Salud de las Regiones de Antofagasta, Metropolitana de Santiago y del Biobío”.
Y añadieron que, “el estudio deja en evidencia que existe un gran porcentaje de mercado informal en los residuos prioritarios, lo cual atenta contra el espíritu de la Ley REP y del modelo de economía circular. Esta situación se produce por la baja de recursos destinados a la Autoridad Sanitaria para diseñar e implementar una correcta fiscalización respecto al manejo de los residuos, específicamente los residuos peligrosos, los cuales según la REP considera sanciones tanto civiles a quienes causen daño ambiental como penales a quienes estén involucrados en tráfico de residuos, es por ello que realizamos el llamado a los generadores a declarar de manera correcta en los sistemas actuales implementados como el Sistema de Declaración y Seguimiento Electrónico de Residuos – SIDREP”.
Cabe señalar que la información sobre la gestión y valorización de Envases y Embalajes – Neumáticos Fuera de Uso – Aceite Lubricante Usado- Baterías Fuera de Uso- Pilas, Aparatos Eléctrico-Electrónicos y de residuos orgánicos se obtuvo principalmente de las seremis de Salud y del Medio Ambiente.
En ese sentido, para la asociación, “el papel de los ministerios de Salud y del Medio Ambiente es de impulsar la elaboración de políticas públicas que sean diseñadas y promulgadas de acuerdo con el real estado del arte de la actividad. Sin embargo, desde el origen del MMA se aprecian una pugna incomprensible entre estos órganos de estado, ya que el MMA asumió labores que antiguamente eran realizadas por la autoridad sanitaria”.
Finalmente, la Asociación de Empresas y Profesionales por el Medio Ambiente, propone que, “el papel que deben desarrollar estas autoridades de Estado es tener un plan de trabajo y hoja de ruta que considere herramientas, metodologías y dinámica de trabajo en común, la que se enfoque en identificar, registrar, trazar, controlar toda la cadena de recolección y valorización de residuos”.
Residuos orgánicos
Cabe señalar que, además de trazar la gestión y valorización de residuos de productos prioritarios de la Ley REP, el informe de AEPA incluyó la gestión de residuos orgánicos. De acuerdo con la información recopilada, se desprendió que el servicio de recolección de residuos domiciliarios solo le compete a cada municipalidad, siendo dichas instituciones quienes contratan o realizan el retiro de residuos sólidos domiciliarios y asimilables.
En ese sentido, de acuerdo con los datos entregados por las municipalidades, las capitales regionales con mayor cantidad de empresas gestoras de residuos orgánicos serían La Serena (5), Arica y Temuco (3), y Valparaíso y la Región Metropolitana (2). En tanto, seis ciudades no registran información, mientras que tres no cuentan con empresas e instalaciones encargadas de aquella gestión.
