Un grupo de investigadores del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), Valentina Carraro, Cristina Visconti y Simón Inzunza, desarrollaron un documento de política pública titulado “Mapeo colectivo como metodología participativa para el estudio de riesgos de la planificación urbana comunal: una propuesta para Chile”, en el cual se examina la importancia de aplicar mecanismos de participación ciudadana directa en los Instrumentos de Planificación Urbana.
Los autores definen “mapeos colectivos o cartografía participativa” como un proceso de elaboración de mapas en el que los investigadores trabajan junto a los miembros de una comunidad para visibilizar su conocimiento de un territorio, con el que tienen una relación personal. Para Valentina Carraro, el mapeo colectivo es una metodología eficaz para aprovechar el conocimiento de los residentes sobre las dinámicas socioespaciales locales.
“El intercambio de conocimiento técnico y local a través del mapeo colectivo desde la perspectiva evidenciada en este informe, extiende el nivel de participación ciudadana más allá de la inclusión de la percepción del riesgo. Esto equivale a implementar una visión basada en un análisis de co-producción en la evaluación de la vulnerabilidad y los riesgos”, explica la investigadora.
Al respecto, Cristina Visconti, señala que, “el mapeo colectivo, puede desarrollar condiciones para un estudio de riesgo colaborativo en los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), constituyendo una herramienta para sostener formas de participación compartida que superan la dimensión consultiva y, donde el poder en la toma de decisión territorial, puede ser distribuida con mayor equidad entre los distintos actores: profesionales, autoridades y comunidad”.
Según los investigadores, la viabilidad de su propuesta depende, por un lado, de aprender sobre las prácticas internacionales sobre mapeos colectivos para desarrollar metodologías propias y, por otro, de que se genere un debate entre los expertos en RRD (formuladores de políticas públicas, profesionales de la planificación y los representantes de la ciudadanía), acerca de formas inclusivas y democráticas de planificación para la RRD basadas en principios colaborativos y de co-producción.
La mayoría de los IPT son elaborados por consultoras convocadas a través de procesos de licitación, en el cual el SEREMI del MINVU o la municipalidad respectiva actúan como contraparte técnica. Estas consultoras, según disposiciones de la normativa vigente, deben organizar instancias de participación ciudadana en las diferentes etapas del proceso, en las cuales los ciudadanos pueden formular observaciones sobre los planes propuestos. De acuerdo con Simón Inzunza, este tipo de participación es superficial y se basa netamente en la información y consulta pública, lo cual se extiende a los estudios de riesgo que forman parte de la memoria explicativa del respectivo IPT.
“Esta situación contrasta con las recomendaciones de los expertos en RRD, que coinciden ampliamente en que la participación local directa, a nivel de cooperación, decisión o evaluación, conduce a estrategias de RRD más eficaces, a la vez que fortalece la preparación y la resiliencia de la población”, manifiesta Inzunza.
La participación directa de la comunidad en asuntos relativos a la RRD, añade Valentina Carraro, permitiría captar diversas realidades locales, entre ellas, la presencia de asentamientos informales, la influencia del turismo, las características del tejido social, el apego, la percepción diferenciada del riesgo, además del relevo de saberes y memoria territorial. Estos son factores claves para la investigadora en la gobernanza frente a la gestión del riesgo y permitirían, además, una planificación territorial basada en el lugar.
El estudio, realizado junto a la comunidad de Cartagena, será lanzado hoy a las 11:00 am mediante las plataformas Zoom, Facebook y Youtube de Cigiden.
