La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Según la Base de Datos Internacional sobre Desastres EM-DAT del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), entre 1970 y 2019, la región de América Latina y el Caribe se vio afectada por 2.309 desastres que causaron 510.204 muertes, dejaron 297 millones de personas afectadas y provocaron daños por más de 437.000 millones de dólares (CRED,2020)
Generalmente son el gobierno local y los municipios los que tienen que manejar los impactos de desastres de baja o mediana intensidad (con menos frecuencia los de gran intensidad), los cuales son el resultado de amenazas naturales o provocadas por el hombre. Hoy en día la incidencia de desastres naturales se ha agravado con el cambio climático, junto con las actividades normales de desarrollo que también pueden generar grandes cambios ambientales contribuyendo a aumentar el riesgo; lo que conlleva un impacto negativo en los objetivos para lograr el desarrollo sostenible de los países.
Uno de los principales desafíos que nos enfrentamos hoy es el reducir el impacto de futuros eventos a través de la incorporación de la variable de riesgo en la planificación y ordenamiento del territorio. La mayoría de las ciudades en Latinoamérica se han expandido sin una planificación territorial adecuada, lo que ha aumentado el riesgo frente a los peligros naturales y antrópicos. El riesgo es la combinación de peligro, exposición y vulnerabilidad frente a estos eventos.
El grado de vulnerabilidad y exposición se ven incrementados cuando el ordenamiento territorial no se basa en una planificación preventiva que abarque medidas de prevención y mitigación frente al manejo de emergencias.
Para esto es necesario conocer los peligros propios del territorio y el grado de exposición de los asentamientos humanos presentes y futuros. Esto es un proceso integral, donde es necesario contar con la validación de todos los grupos de interés que se ven amenazados frente a los potenciales desastres, considerando las condiciones ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales y económicas de los territorios.
En Chile los instrumentos normativos relativos a la planificación territorial no están suficientemente integrados a un enfoque de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), lo que aumenta la vulnerabilidad de la población frente a estos eventos. Actualmente la formulación de Instrumentos de Planificación Territorial (planes reguladores) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de estos planes, son unas de las pocas instancias en donde es posible vincular en algún grado la Gestión de Riesgo de Desastres y proponer medidas preventivas frente a la posible ocurrencia de desastres en una zona determinada.
Si bien los Instrumentos de Planificación Territorial (ITP) definen usos de suelo, áreas verdes y espacios públicos, así como también establecen límites de constructibilidad, alturas, densidad y ocupación de suelo en áreas de riesgo; estas normas se plantean como medidas aisladas, sin un enfoque integral en relación a la dinámica de uso del territorio y la inversión urbana. Esto está dado principalmente por la centralización y sectorización de la planificación territorial, la cual no cuenta con una institucionalidad sólida. Si bien el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el que preside la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), la cual coordina al sector público en los ámbitos de infraestructura y ordenamiento territorial, existen 12 ministerios que la conforman y que tienen competencia en este tema (como el Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, entre otros), lo que promueve que gran parte de las decisiones de inversión ocurran en distintos ministerios y muchas veces no existe una coordinación adecuada de estas instituciones para poder abordar una planificación territorial integral, principalmente en el área de la Gestión de Riesgos de Desastres.
Otra problemática relevante es falta de información actualizada de la situación de los territorios en relación a las posibles amenazas o el grado de vulnerabilidad que estos poseen frente a los peligros naturales o antrópicos. Junto con esto, también inciden los factores culturales de las comunidades que habitan el territorio y que poseen patrones de uso de suelo específicos, incluso en zonas expuestas a amenazas. Es así como vemos que muchas veces después de un desastre, las poblaciones vuelven a asentarse en las mismas zonas expuestas al peligro; esto también se debe a que el proceso de planificación y ordenamiento del territorio post desastres es muy lento y no es capaz de dar soluciones a corto plazo a las comunidades afectadas para su reordenamiento, lo que se traduce en que muchas veces los mismos habitantes tienden a repoblar zonas con un alto grado de vulnerabilidad frente a estos eventos.
Podemos concluir que la planificación territorial no está integrada a una Gestión de Riesgos de Desastres y, a su vez, ella tampoco se encuentra integrada en la GRD, principalmente porque son procesos administrativamente separados en diferentes niveles de gobierno y poco enfocados al trabajo de grupos interdisciplinarios. Además no existen metodologías o estándares básicos actualizados e integrales que ayuden a la toma de decisiones en relación a esta materia, lo que se traduce en una planificación territorial que considera parcialmente el factor de riesgo en su proceso, sin generar medidas preventivas que permitan reducir este factor y mitigar los efectos de un posible desastre, sobre todo frente al cambio climático que está constantemente modificando la vulnerabilidad de los territorios frente a las posibles amenazas.
