Ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de Carnegie Mellon de Estados Unidos, Cristóbal De La Maza se desempeñó como superintendente del Medio Ambiente desde 2019 hasta abril de 2022, cuando el actual gobierno le pidió la renuncia tras ser nombrado por la Alta Dirección Pública en la administración del Presidente Sebastián Piñera.
De su gestión se destaca la transformación digital de la SMA, que impulsó a que el 100% de los tramites hoy sean digitales, y se crearan nuevos sistemas de vigilancia remota. Además, que los procesos sancionatorios se automatizaran, y se ampliara el despliegue tecnológico institucional mediante la ciencia de datos.
Asimismo, durante su administración se aplicaron contundentes sanciones tanto a empresas públicas como privadas. Por ejemplo, se multó al Centro de Engorda de Salmones Punta Redonda de la empresa MOWI por un escape masivo de peces; a Minera Escondida por extracción de agua por sobre lo autorizado; y a Minera Cardenilla por operar sin su permiso ambiental, entre otras.
Por contrapartida, la administración de De La Maza tuvo que enfrentar los cuestionamientos de Contraloría por no realizar las gestiones ante un alto número de denuncias ambientales recibidas, entre 2016 y 2019. A raíz de ello, el ingeniero calificó como extemporáneas las conclusiones, pero admitió problemas que impiden el buen funcionamiento de la superintendencia, como escasez de recursos en la entidad, lo que repercute en una falta de personal en cada una de las regiones del país.
Lejos del servicio público pero con un ojo puesto en la institucionalidad ambiental
Actualmente, De La Maza ejerce como consultor de instituciones públicas y privadas, a nivel nacional e internacional. En el ámbito académico es investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y profesor de Gestión Ambiental de la misma casa de estudio.
En entrevista con Codexverde, el exsuperintendente se refirió a la reforma a la institucionalidad ambiental que se está impulsado desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric, la que contemplaría aspectos como la eliminación del Comité de Ministros dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el fortalecimiento del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y Superintendencia del Medio Ambiente, y los mecanismos para la incorporación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBPA), entre otros.
En la Cuenta Pública de este año, el Presidente Gabriel Boric anunció que el gobierno está impulsado cambios a la institucionalidad ambiental, especialmente respecto a modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De hecho, se ha mencionado la eliminación del Comité de Ministros como una de las principales modificaciones ¿Cuál es su opinión respecto a esta posibilidad?
Es clave que la ciudadanía recupere la confianza en la autoridad ambiental. También, es clave apoyar la transición energética y acelerar la tramitación ambiental de proyectos. Debemos actuar con sentido de urgencia climática en el SEIA. Si bien eliminar el componente político aparece como una manera de darle mayor legitimidad al sistema, puede generar otros problemas. Actualmente el Comité de Ministros cumple el rol de reforzar la coordinación intersectorial en la toma de decisiones, combinando distintas miradas desde una perspectiva de sostenibilidad.
A su vez, no es claro que eliminar el Comité de Ministros acelere de verdad el proceso. Muchas de las mejoras del SEIA tienen que ver con gestión. Hay que aumentar significativamente el presupuesto del SEA. También, se debe fortalecer otros instrumentos como el ordenamiento territorial, lo que ayudaría a descomprimir la presión sobre la institucionalidad ambiental. Se le carga mucho la mano al SEIA, pues se le pide resolver conflictos sociales y luego se cuestiona la variable política. Si la decisión fuera tan simple bastaría con un modelo matemático.
Antes de presentar un proyecto de ley, recomendaría buscar un acuerdo político de fortalecimiento del SEIA. Llevamos más de una década tratando de impulsar reformas, pero no existe acuerdo sobre el fondo. En mi opinión, un acuerdo fundamental incluye aumentar la independencia del SEA del gobierno de turno. Una forma es el modelo de agencia dirigida por un cuerpo colegiado, como la Comisión para el Mercado Financiero, con mecanismos de nombramiento del jefe de servicio con acuerdo de poderes del Estado.
Sin embargo, esto no es lo único. Se debiera fortalecer la rectoría técnica del SEA para determinar qué observaciones de servicios sectoriales son atingentes. Además, sería muy relevante que tenga la potestad de dictar Normas Técnicas de Carácter General que regulen exigencias estándar, que aplican a todos los proyectos por igual, y que, como contrapartida, eximan de evaluación ambiental a los proyectos que se sometan a este régimen. Aunque de más difícil acuerdo, no debe descartarse cambiar el enfoque de evaluación desde tipologías a riesgo y racionalizar etapas recursivas. Esto permitiría focalizar recursos del Estado en lo ambientalmente relevante.
¿Cuáles cree que son los aspectos más urgentes de modificar para el fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente?
Mayor legitimidad ante la ciudadanía pasa por reforzar el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. Si bien esto requiere más recursos, también requiere reformas legales. En marzo de 2022 participé de un grupo de expertos convocados por la Comisión de Expertos de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, donde propusimos 100 modificaciones a la Ley Orgánica de la SMA, para fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental. Esto incluye mayor discrecionalidad para controlar riesgos ambientales mediante medidas cautelares, inclusión de acciones correctivas en procedimientos sancionatorios, y la adecuación preventiva de instalaciones pre-SEIA. A su vez, se recomendó aumentar la eficiencia de la SMA acelerando sanciones con procedimientos sumarios, flexibilizando mecanismos de delación compensada como la autodenuncia y reforzando el rol de municipios en la fiscalización.
Considerando lo anteriormente dicho, específicamente frente a fortalecimiento de la institucionalidad ambiental ¿es suficiente una reforma ambiental en las instituciones ambientales, considerando las consecuencias que están sucediendo y sucederán en el país a raíz del cambio climático, además de la contaminación y la pérdida de biodiversidad?
La política ambiental es materia de Estado. Cada gobierno le ha dado continuidad a la labor del anterior. Sin embargo, la efectividad, alcance y velocidad de la acción de los instrumentos de gestión ambiental con que dispone el Estado ha sido más lenta de lo esperado. Persisten severos retrasos en la puesta en marcha de la legislación vigente y se encuentran sin implementar importantes regulaciones que dependen íntegramente del Poder Ejecutivo. Buscamos reducir a cero nuestras emisiones netas al 2050, proteger el 30% de nuestros ecosistemas al 2030 o valorizar un 75% de nuestros residuos al 2040, pero para hacer esto efectivo requiere acelerar radicalmente los esfuerzos, actuando de manera eficiente y oportuna.
Aunque hemos avanzado, la crisis ambiental es más seria de lo que se creía. Peligrosamente se está agotando la vida útil de rellenos sanitarios, sin contar con una Ley General de Residuos. Nuestras ciudades presentan niveles riesgosos de material particulado fino, lo que contrasta con que en la última década sólo se recambiaron 75 mil calefactores a leña de los cerca de 2 millones existentes. La contaminación del agua persiste, mientras la norma sobre descargas a ríos y lagos lleva 20 años sin revisarse y existen sólo seis normas secundarias para 101 cuencas.
Es especialmente preocupante la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático. Cumplido un año desde su publicación en el Diario Oficial, no se encuentran vigentes sus reglamentos. Es cierto, que los reglamentos sobre procedimientos y gobernanza climática muestran importantes progresos, pero el principal para establecer normas de emisión y su cumplimiento mediante la creación de un mercado de carbono, aún no inicia su tramitación. Si este instrumento no se encuentra pronto disponible, se ve difícil reducir en un 45% las emisiones al 2030 como prescribe la ciencia. Se requiere imprimirle sentido de urgencia a la labor de la institucionalidad ambiental.
Luego de su publicación en el Diario Oficial, ya se encuentra lista a implementar la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Teniendo en cuenta que hoy se busca impulsar una reforma ambiental, ¿cómo se desenvolvería este nuevo servicio dentro de la institucionalidad ambiental?
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una pieza clave de la institucionalidad que estaba pendiente y una ley muy esperada. Es un instrumento muy poderoso que nos permitirá darle más celeridad a la protección de la naturaleza. No obstante, la Ley dejo espacios que son perfectibles. Estableció la potestad de regular fuera de áreas protegidas mediante planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados y planes de restauración ecológica de ecosistemas degradados. Estos planes son de alto alcance, aplicarán a importantes segmentos del territorio nacional, pero no se reguló de buena forma los requisitos procedimentales para su buen diseño. Se augura un conflicto de competencias con otros organismos públicos.
A su vez, se le entregó potestades sancionatorias al SBAP. Esto va a traer más problemas que beneficios. La ley incluye en el SBAP un complejo aparato sancionador con control del Tribunal Ambiental. Un mecanismo de este tipo requiere importantes costos administrativos y un equipo legal numeroso y altamente especializado, muy similar al de SMA. Era preferible continuar potenciando la capacidad instalada en el Estado para estos temas y concentrar la potestad sancionadora en la SMA, y evitar un crecimiento inorgánico del aparato estatal. Es posible avizorar dificultades en la coordinación entre ambos servicios. Esto distraerá al SPAP de su función principal que es proteger ecosistemas, avanzar la conservación, y no asegurar el cumplimiento normativo.
Finalmente, a nivel general, ¿qué otros aspectos, además de la institucionalidad ambiental, son claves de incorporar en la reforma ambiental?
Desde la creación del MMA se ha avanzado sustantivamente en nuevos instrumentos de gestión ambiental como la Ley REP, el Etiquetado Ambiental, la Ley Marco de Cambio Climático y los mercados de carbono, el Impuesto Verde, la Ley de Delitos ambientales, la Ley sobre Zonas Saturadas, el Acuerdo de Escazú, la Ley de Humedales Urbanos, y la Ley para la Naturaleza, entre otros. Se elogia la voluntad de reforzar la institucionalidad ambiental, aunque la técnica legislativa ha sido realizar este trabajo mediante leyes especiales. Esto ha generado una dispersión regulatoria importante. La próxima fase debería corresponder a su armonización y codificación. Es clave para la institucionalidad ambiental integrar toda la legislación y su institucionalidad en un único Código del Medio Ambiente. Este proceso de codificación permitiría concentrar mayores potestades que aún permanecen en otros servicios, como reminiscencia del modelo coordinador de la antigua CONAMA. Concretar esta reforma es clave, para darle agilidad y coherencia a la regulación ambiental de una vez por todas. Asimismo, permitiría mejorar la coordinación entre MMA, SEA, SMA y SBAP. La Ley 20.417 desconcentró muchas funciones, sin preocuparse de que su interacción sea la adecuada, generando estancamiento e ineficiencia.
