En la Cuenta Pública de junio, el Presidente Gabriel Boric anunció que el gobierno está impulsando cambios en la institucionalidad ambiental, específicamente una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que fue confirmado por su directora ejecutiva, Valentina Durán, en entrevista con diario La Segunda. En esta sostuvo que hay diversas etapas que se buscan modificar, puesto que existe un “consenso en eliminar las Comisiones de Evaluación Ambiental para que sea una la autoridad que tome la decisión en cada región y el nivel interregional”.
“La idea es eliminar el componente político en la definición de los recursos, es decir, queremos eliminar el Comité de Ministros. Sin perjuicio de que habrá un espacio para reclamaciones administrativas. Gran parte de los conflictos socioambientales se debe a la localización de los proyectos y las diferencias sobre las vocaciones de los territorios (…) Debe existir un buen ordenamiento costero, un buen ordenamiento territorial, participativo. Estos elementos ayudan a tener normas claras”, explicó la autoridad a La Segunda.
Lo anterior también fue reafirmado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien hizo alusión a la demora de la tramitación de proyectos ambientales debido al Comité de Ministros. “Un planteamiento de ministros tan al final de un proyecto de inversión la verdad es que, por un lado, introduce el riesgo o la sospecha de una actuación más política. Pero, sobre todo, implica postergar o demorar más la obtención de la autorización ambiental”, expuso.
¿Qué opinan las voces expertas?
Frente a esta noticia, diversas voces del sector, plantearon sus posturas respecto a esta medida. En entrevista con Codexverde, el exsuperintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, comentó que la eliminación del Comité de Ministros no garantiza que se acaben los problemas, por lo que sugiere que se fortalezca orgánicamente toda la institucionalidad ambiental.
“Si bien eliminar el componente político aparece como una manera de darle mayor legitimidad al sistema, puede generar otros problemas. Actualmente, el Comité de Ministros cumple el rol de reforzar la coordinación intersectorial en la toma de decisiones, combinando distintas miradas desde una perspectiva de sostenibilidad. A su vez, no está claro que eliminar el Comité de Ministros acelere de verdad el proceso. Muchas de las mejoras del SEIA tienen que ver con la gestión. Hay que aumentar significativamente el presupuesto del SEA. También, se debe fortalecer otros instrumentos como el ordenamiento territorial, lo que ayudaría a descomprimir la presión sobre la institucionalidad ambiental. Se le carga mucho la mano al SEIA, pues se le pide resolver conflictos sociales y luego se cuestiona la variable política. Si la decisión fuera tan simple bastaría con un modelo matemático”, puntualizó.
Por otra parte, el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, fue enfático en señalar que terminar con el Comité de Ministros es necesario para destrabar proyectos que llevan años en el SEIA: “la eliminación de instancias políticas es fundamental para acortar los tiempos de evaluación, pero también evitar las redundancias que hay”.
“Pocas veces las votaciones son determinantes en la decisión final. Si es que un proyecto se judicializa, los antecedentes técnicos siempre son los que más han importado. En el caso del Comité del Ministro, hay incentivos errados para no tomar decisiones, se toman decisiones largas, algunas veces se pospone tres o cuatro años para los proyectos basales, y por tanto los incentivos políticos al no tomar la decisión, al ajustar lo técnico, son altas y, por ende, estas instancias tienen que ser eliminadas”, detalló.
En tanto, la directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, Pamela Poo, coincidió en que es esencial la eliminación del Comité de Ministros, pero enfatiza que se deben realizar varias modificaciones al SEIA, que respondan a la crisis climática y ecológica que existe en el planeta.
“Mi visión es que existen varias modificaciones que se deben hacer al SEIA. En dicha línea, se requiere con urgencia, incorporar la crisis climática y ecológica a la evaluación, contexto que se debe tener en cuenta a la vista de los últimos sucesos que hemos visto durante el 2023: incendios, olas de calor, río atmosférico, etc. Sumado a la eliminación del Comité de Ministros, dado que la instancia tiene sin duda un componente político que no se puede obviar, por ende, estoy de acuerdo con la medida que ha sido una demanda del mundo ecologista”, manifestó.
Otros mejoramientos al SEIA
El exsuperintendente De La Maza agregó que otra solución antes que una reforma al SEIA sería buscar un “acuerdo de fortalecimiento”. “En mi opinión, un acuerdo fundamental incluye aumentar la independencia del SEA del gobierno de turno. Una forma es el modelo de agencia dirigida por un cuerpo colegiado, como la Comisión para el Mercado Financiero, con mecanismos de nombramiento del jefe de servicio con acuerdo de poderes del Estado”, indicó.
Mena también declaró que se debe reforzar el SEA para que se responda más rápido a consultas de permisos sectoriales: “Lo importante es fortalecer la capacidad técnica. Esto tiene que ver con el presupuesto y no hay ninguna reforma legal que se requiera para eso. Lo otro es pasar de un régimen de confianza hacia el Ministerio del Medio Ambiente. Hoy día tenemos más de 30 instituciones que se pronuncian con temas ambientales cuando este proceso podría ser mucho más simple y la consulta de los servicios podría ser mucho más limitada. El Servicio de Evaluación Ambiental debería integrar esa evaluación intermedia para poder determinar si es que un proyecto se aprueba o no”, argumentó.
Fortalecer la SMA
La reforma ambiental al SEIA estaría en marcha en diciembre. Así lo sostuvo el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, al Diario Financiero, donde confirmó que se está avanzando en la eliminación del Comité de Ministros y otros aspectos de mejora, como la evaluación y revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han comentado de mayores avances en el resto de la institucionalidad ambiental.
Para Pamela Poo, se requiere con más urgencia un proyecto de ley para consolidar la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). “Los graves problemas ambientales y la responsabilidad de las empresas tienen que ser fiscalizadas. No es posible seguir aprobando proyectos de inversión y que estos después de materializados no se fiscalicen«.
“A su vez, este fue un compromiso entre las y los senadores de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, con la ministra del Medio Ambiente de la época, Carolina Schmidt, cuando se tramitaba la Ley de Cambio Climático. En ello, Schmidt fue asesorada por la actual ministra Maisa Rojas, por ende, hay conocimiento de ese compromiso de parte del gobierno, ya que esta reforma a la SMA, fue aprobada por el actual Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, por ende, no se entiende la demora en su llegada al Congreso, ya que llevamos alrededor de dos años de espera y es sabido que los tiempos de tramitación son largos, por ello sería importante que se presente antes de finalizar el año”, detalló la profesional de Fundación Ecosur.
Finalmente, el exsuperintendente también añadió que la legitimidad ante la ciudadanía pasa por “reforzar el rol de la SMA” que no solo requiere más recursos, sino que también reformas legales. El ingeniero civil industrial participó en 2022 en la Comisión de Expertos de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, donde se propusieron modificaciones a la Ley Orgánica de la SMA, para fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental.
“Esto incluye mayor discrecionalidad para controlar riesgos ambientales mediante medidas cautelares, inclusión de acciones correctivas en procedimientos sancionatorios, y la adecuación preventiva de instalaciones pre-SEIA. A su vez, se recomendó aumentar la eficiencia de la SMA acelerando sanciones con procedimientos sumarios, flexibilizando mecanismos de delación compensada como la autodenuncia y reforzando el rol de municipios en la fiscalización”, concluyó.
