Hoy 4 de mayo se conmemora el Día del Combate de Incendios Forestales, que en nuestro país constituyen la principal causa de deforestación y degradación de vegetación. Aun cuando el concepto de incendio forestal alude a un “fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta”, la mayor repercusión en la opinión pública se centra en la pérdida de bosques nativos y matorrales, y plantaciones forestales exóticas.
Para contextualizar los incendios forestales en Chile, y de acuerdo a la información proporcionada por CONAF el pasado mes de abril de 2023 ante la Comisión Especial Investigadora N° 18 (unida con CEIS N° 21 y N° 22) encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con la prevención, gestión y combate de incendios en el territorio nacional, la ocurrencia de incendios forestales en los últimos años se ha extendido. Antes se concentraba en seis meses (entre noviembre y abril), y actualmente dura 10 meses (entre agosto y mayo).
Cabe señalar que para las temporadas correspondientes a los años 2017, 2019 y 2023, las condiciones meteorológicas han sido absolutamente favorables para la propagación de incendios con temperaturas históricas en febrero del presente año por sobre los 38°C en la Región del Maule; 41,6°C en la Región del Ñuble; y por sobre los 34,4°C en la Región del Bío Bío. Pareciera ser que tendremos que acostumbrarnos a los incendios forestales de grandes magnitudes, es decir, mayores a 200 hectáreas, y que durante la temporada 2022 – 2023, fueron sustantivos para dejar a 8 mil personas sin vivienda y enseres, con una superficie destruida de 450 mil hectáreas.
No hay que ser adivino para predecir que dos de las conclusiones más importantes a las cuales debería llegar la Comisión Investigadora antes señalada dice relación con convertir de una vez por todas a la actual Corporación Nacional Forestal privada con potestades públicas, en un servicio público. Según el art. 2° del proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín N° 11175-01) y que se encuentra en tramitación desde el 2017, el objetivo en cuestión señala “la conservación, protección, preservación, creación, restauración, desarrollo, manejo y uso sustentable de los bosques y demás formaciones vegetacionales del país y de los componentes de la naturaleza asociados a éstas”; lo cual requiere fortalecer dentro de sus funciones la prevención y el combate de incendios forestales. Cabe señalar que previo a la presentación de este proyecto de Ley al Congreso Nacional, hubo dos intentos anteriores, el año 1998 y 2011, de contar con una CONAF pública. Es decir, el país lleva 25 años desde el punto de vista de la tramitación legislativa intentando transformar a CONAF, sin lograrlo a la fecha.
La otra conclusión a la que debiera llegar la Comisión Investigadora es que Chile necesita urgente una Ley Marco de Incendios Forestales con un marcado acento en la prevención de incendios forestales. Al respecto, cabe señalar que por Ley de Presupuesto 2023 se asignó a CONAF un total de $83.816 millones de pesos, de los cuales sólo un 6,1% se destinó a prevención, mitigación y sensibilización. Lo anterior, sin considerar los $58.495 millones de pesos adicionales que dispuso el Gobierno para enfrentar el siniestro panorama.
Por lo tanto, cuando hablamos de prevención, debemos ser consecuentes y acogernos a la realidad de los territorios. La Región de Valparaíso es un claro ejemplo del costo de la inacción en materia de prevención: cuando se analiza la ocurrencia de incendios forestales entre 1984 y 2022, con un promedio anual de 2.500 hectáreas siniestradas de arbolados y matorrales, se constata que el último quinquenio mantiene los mismos niveles que todo el periodo. En consecuencia, para dicha región, el problema no se reduce a un tema de tiempo de ocurrencia, sino más bien a una alta concentración territorial, en que casi el 50% de los incendios se concentran en el 8% de la superficie regional en torno a las ciudades de Valparaíso y Quilpué, donde justamente se concentra la mayor población de la región a nivel de las provincias de Valparaíso y Quilpué. Son tendencias que se deben observar de cerca, ante el creciente cambio de uso de suelo de territorios actualmente cubiertos de vegetación.
