Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó una resolución que solicita al Ejecutivo definir una política pública y elaborar una iniciativa de ley relativa a pasivos ambientales mineros, además de facultar al Sernageomin para intervenir depósitos de relaves paralizados o abandonados.
La iniciativa fue presentada por la diputada Daniella Cicardini (PS), junto a sus compañeros de partido Daniel Melo, Leonardo Soto, Luis Lemus, Juan Luis Castro, Luis Rocafull, Denise Pascal y Fidel Espinoza, y la diputada radical Marcela Hernando.
En el documento los autores consideraron que a raíz de la emergencia vivida por los aluviones, luego del sistema frontal que afectó la zona norte del país, ha vuelto a surgir un tema de especial cuidado para las comunidades que conviven con la minería, que el potencial peligro que pueden significar los sistemas de depósitos de relaves mineros.
Señalaron, además, que esta preocupación se agrava cuando se tiene en consideración que existe un número importante de relaves abandonados, cuyos titulares no es posible identificar o son en su mayoría insolventes, configurándose así los denominados “pasivos ambientales mineros”, es decir, faenas abandonadas o paralizadas, incluyendo sus residuos, que constituyen un peligro para la vida o salud de las personas o para el medio ambiente.
En el texto se agrega como antecedente que, el 26 de marzo pasado, el Sernageomin informó que solo en la Región de Atacama existen 164 depósitos de relaves, de los cuales 55 se encuentran en actividad, 18 están paralizados (no activos) y 91 en la calidad de abandonados. Asimismo, en la Región de Coquimbo existen 293 depósitos, de los cuales 86 están en actividad, 179 paralizados (inactivos) y 28 abandonados.
Sumado a lo anterior, los diputados expresaron que el campo de acción del Sernageomin está limitado a la fiscalización y sanción de aquellos depósitos de relaves que se encuentren activos o que hayan sido construidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la normativa ambiental pertinente, regidos por la ley 20.551 sobre cierre de faenas e instalaciones mineras.
Por esta razón, manifestaron -a través de esta resolución- que “nuestro país debe avanzar en medidas preventivas que eviten la ocurrencia de nuevas catástrofes, principalmente ligadas a la ocurrencia de eventos que pudieren facilitar procesos de licuefacción de los relaves, repitiendo situaciones como la ocurrida en el año 1965 en el poblado de “El Cobre”, donde producto del colapso de un tranque de relaves sus desechos se desplazaron aguas abajo, destruyendo el poblado y matando a más de 200 personas”.
