El proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno, también conocido como “Megarreforma” propone modificaciones en distintas áreas de la regulación pública, incluyendo materias vinculadas a la inversión, los permisos y la protección ambiental. En este último ámbito, la iniciativa plantea cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los procesos de tramitación de proyectos y distintos mecanismos de reclamación y revisión de decisiones ambientales.
En este contexto, Codexverde y la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA) realizaron el conversatorio “Megarreforma y Medio Ambiente: ¿más inversión con igual protección?”, un espacio de diálogo entre la academia, el mundo jurídico y la sociedad civil para analizar los posibles efectos de estos cambios sobre la institucionalidad ambiental, la certeza jurídica, la participación ciudadana y el acceso a la justicia.
Durante el inicio de la jornada, el director de Vinculación con el Medio de la Facultad de Derecho de UDLA, Marco Valdés, destacó precisamente el carácter de encuentro de la actividad y la importancia de generar instancias donde distintos actores puedan participar de la discusión. “Esta es una actividad de vinculación con el medio para nosotros, es muy importante estar con ustedes, poder escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones, poder escuchar a los académicos. El diálogo es la única forma que tenemos para poder seguir avanzando”, señaló.
La conversación contó con la participación de Alberto Marín, director de Derecho UDLA Viña del Mar; Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA; y Javier Naranjo, abogado y exministro del Medio Ambiente, quienes abordaron los principales alcances de la reforma y sus posibles efectos sobre el funcionamiento del sistema de evaluación ambiental.
Agilizar la evaluación más allá de los plazos
Uno de los principales puntos de la conversación fue el funcionamiento actual del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las dificultades asociadas a los tiempos de tramitación de los proyectos.
Alberto Marín señaló que los problemas vinculados a la llamada “permisología” no son nuevos y que distintas administraciones han impulsado modificaciones al sistema. Sin embargo, sostuvo que la discusión no puede centrarse únicamente en acortar los plazos, ya que las iniciativas pueden enfrentar posteriormente reclamaciones administrativas y judiciales. “No basta tan solo con reducir los plazos de la tramitación, sino que también hay que poner ojo en el contencioso judicial que se abre posteriormente”, afirmó.
Por su parte, Ezio Costa llamó a no perder de vista el objetivo para el cual fue creado el SEIA. “Este no es un sistema para facilitar la inversión. No es un sistema para atraer la inversión. Es un sistema para proteger el medioambiente”, sostuvo. En esa línea, señaló que la evaluación ambiental debe permitir prevenir, mitigar, compensar y reparar los impactos de los proyectos, y que los problemas de la institucionalidad ambiental van más allá del SEIA.
En tanto, Javier Naranjo coincidió en que existe espacio para mejorar el funcionamiento del sistema, aunque planteó que parte del problema está en el diagnóstico. A su juicio, el SEIA es una herramienta que funciona adecuadamente, pero que actualmente está asumiendo funciones que corresponden a otros instrumentos, particularmente en materia de planificación territorial. “El sistema está bien diseñado. Pero el problema con el SEIA es que está cumpliendo funciones para las cuales no fue diseñado”, explicó.
Certeza jurídica y participación
La búsqueda de mayor certeza jurídica, uno de los objetivos centrales de la Megarreforma, también ocupó parte importante del debate. Los panelistas coincidieron en la necesidad de entregar mayor previsibilidad a los procesos, aunque plantearon distintas aproximaciones respecto de cómo alcanzarla sin limitar la posibilidad de revisar las decisiones ambientales.
Para Costa, la certeza jurídica no puede traducirse en decisiones inamovibles, considerando que las condiciones ambientales pueden cambiar. En ese contexto, planteó alternativas como fortalecer los mecanismos de reclamación y explorar instancias de mediación que permitan abordar medidas de mitigación, compensación y reparación.
Naranjo, por su parte, enfatizó que “la certeza tiene qué ser para todos”, aludiendo a las comunidades, los titulares de proyectos y los funcionarios públicos. En ese sentido, apuntó a la necesidad de avanzar hacia una verdadera “ventanilla única”, evitando que materias ya revisadas durante la evaluación vuelvan a ser cuestionadas posteriormente por distintos organismos.
La discusión también abordó la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental. Costa señaló que actualmente la participación puede terminar siendo percibida como “un trámite más que hacer”, generando desconfianza entre las comunidades. Frente a ello, planteó la necesidad de generar espacios de deliberación y diálogo que permitan abordar los conflictos de manera más temprana.
El fallo del Tribunal Constitucional
El reciente fallo del Tribunal Constitucional también fue parte de la conversación, particularmente por las disposiciones ambientales de la Megarreforma que fueron declaradas inconstitucionales.
Naranjo valoró que algunas de estas normas quedaran fuera de la iniciativa, aunque cuestionó la fundamentación jurídica de la sentencia. “Creo que la calidad del fallo es muy mala. Creo que el fallo jurídicamente es pobre”, declaró.
Marín coincidió con algunos de los cuestionamientos constitucionales a las disposiciones ambientales y recordó que varios de estos reparos ya habían sido planteados durante la discusión legislativa.
Costa, por su parte, valoró que el Tribunal dejara fuera normas que, a su juicio, podían debilitar la protección ambiental. Al mismo tiempo, cuestionó que el fallo no desarrollara suficientemente algunos elementos relacionados con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y destacó la relevancia del acceso a la justicia ambiental y de las obligaciones asociadas al Acuerdo de Escazú.
Hacia el cierre, los panelistas plantearon distintas alternativas para mejorar el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, entre ellas fortalecer las capacidades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, reforzar el rol técnico del Servicio de Evaluación Ambiental, revisar los mecanismos de reclamación y avanzar en planificación territorial.
Así, el conversatorio dejó planteado un desafío que va más allá de reducir los tiempos de evaluación: avanzar hacia una institucionalidad ambiental que entregue mayor certeza y eficiencia, pero que al mismo tiempo mantenga estándares adecuados de protección ambiental y espacios efectivos de participación para las comunidades.
Puedes revisar el conversatorio aquí:
