Fundación Chile Sustentable presentó un análisis sobre las principales decisiones administrativas, legislativas e institucionales en materia ambiental adoptadas por el Ejecutivo durante los primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El documento identifica como uno de los hechos más relevantes el retiro, el 12 de marzo, de 43 decretos ambientales que se encontraban en proceso de toma de razón ante la Contraloría General de la República. Entre ellos se incluyen normas de calidad del aire, normas de emisión, planes de descontaminación, reglamentos para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), diversos instrumentos vinculados a la Ley Marco de Cambio Climático y una decena de decretos de creación y reconocimiento de áreas protegidas.
El documento destaca que estas decisiones generan incertidumbre regulatoria y paralizan la implementación de políticas públicas construidas a través de extensos procesos técnicos desarrollados durante varios gobiernos de distinto signo político, en los que participaron especialistas, organismos públicos, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil, tanto en los Comités Operativos durante su formulación como en las consultas públicas.
El bloqueo de estas normas obstaculiza el mejoramiento gradual de la institucionalidad ambiental recomendado incluso por la OCDE y afecta la operación de la institucionalidad vigente en materia de descontaminación, protección de la biodiversidad y cumplimiento de los compromisos establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático, además de otros compromisos internacionales en estas materias.
La evaluación también examina la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo, incluyendo iniciativas orientadas a modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, limitar el acceso a la justicia ambiental y postergar la implementación del SBAP. Asimismo, analiza la nueva Ruta Energética 2026-2030 y las definiciones adoptadas por el Ministerio del Medio Ambiente para eliminar la oficina encargada de implementar la Estrategia para una Transición Socioecológica Justa.
“El período de 100 días permite identificar la dirección que tendrá la gestión ambiental del nuevo Gobierno. Un análisis general de los actos del Ejecutivo evidencia una ruta de paralización y retraso de la regulación para enfrentar la contaminación, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, junto con un relajo generalizado en materia de evaluación ambiental”, señalan desde Chile Sustentable.
Chile Sustentable llamó al Gobierno a “garantizar la continuidad y la implementación plena de las políticas de Estado en materia ambiental, y a resguardar los mecanismos vigentes de participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental”. Asimismo, demandó “no destruir lo construido en materia ambiental durante los últimos 30 años de gobiernos democráticos y sincerar los fundamentos de esta Demolición Ambiental en curso”.
El informe completo se encuentra disponible para descarga y consulta pública en este enlace.
